Este 3 de junio no fue un día más para quienes creemos en la rendición de cuentas y en el acceso efectivo a la información pública. Después de meses de incertidumbre jurídica y técnica se reanudaron formalmente los plazos para que las autoridades federales resuelvan recursos de revisión, denuncias por incumplimiento de obligaciones de transparencia y recursos de inconformidad en el ámbito nacional. En otras palabras: el reloj de la transparencia vuelve a correr.
La suspensión de plazos, derivada de la entrada en vigor de la reforma constitucional del 20 de diciembre de 2024 y del nuevo marco normativo que creó el organismo Transparencia para el Pueblo, provocó una pausa forzada en el ejercicio de un derecho humano fundamental. Si bien este contexto respondió a la transición institucional, no puede normalizarse que los ciudadanos hayan tenido que esperar semanas (y en algunos casos meses) para recibir una respuesta sobre su derecho a saber.
Desde mi visión como excomisionada del INAI, sostengo que toda transición debe tener como eje el interés de las personas, no el acomodo de estructuras. Esta suspensión entre circunstancias fue para garantizar que la Plataforma Nacional Nacional de Transparencia siga operando para que la ciudadanía pueda defender su derecho frente a las negativas de información.
Con la reactivación de plazos se retoman los procedimientos para resolver los recursos de revisión presentados contra las instituciones públicas federales, así como las denuncias por omisiones en las obligaciones de transparencia. Éste es un paso que debe celebrarse, pero también debe evaluarse con lupa.
La PNT, con más de ocho años de operación, es una herramienta sólida y de alto impacto. Sin embargo, hoy enfrenta un nuevo entorno, con una arquitectura institucional distinta. Por eso la vigilancia ciudadana será clave. La reanudación de plazos no sólo implica actividad procesal, sino también la expectativa de que los nuevos responsables cumplan con la ley, den respuestas de fondo y lo hagan en los tiempos establecidos.
No podemos permitir que el pretexto del cambio se convierta en una constante para justificar ineficiencias. La transparencia es continua, no intermitente. Y si bien celebro que se levante la suspensión, seguiré insistiendo en que los derechos deben ser garantizados sin pretexto alguno.
La reanudación es una oportunidad. Ojalá se entienda así desde todos los frentes. La transparencia no es un trámite ni una obligación burocrática. Es una herramienta para la exigencia social, para combatir la corrupción y para fortalecer nuestra democracia.
Hoy vuelve a correr el reloj. Que no se nos vuelva a detener.
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