WASHINGTON (AP) — El gobierno de Estados Unidos impondrá sanciones a cuatro jueces de la Corte Penal Internacional debido a que investigan los presuntos crímenes de guerra de Israel en los territorios palestinos ocupados de Gaza y Cisjordania.
El Departamento de Estado estadunidense anunció el jueves que congelaría cualquier activo que los jueces de la CPI, originarios de Benín, Perú, Eslovenia y Uganda, tengan en jurisdicciones de Estados Unidos.
Esta medida es sólo el último paso que Estados Unidos ha tomado para castigar a la CPI y a sus funcionarios por las investigaciones emprendidas contra Israel y Estados Unidos.
“Como jueces de la CPI, estos cuatro individuos han participado activamente en las acciones ilegítimas e infundadas de la CPI dirigidas contra Estados Unidos o nuestro cercano aliado, Israel”, alegó el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en un comunicado.
“La CPI está politizada y afirma falsamente tener discreción ilimitada para investigar, acusar y procesar a nacionales de Estados Unidos y nuestros aliados”, añadió Rubio. “Esta peligrosa afirmación y abuso de poder infringe la soberanía y la seguridad nacional de Estados Unidos y nuestros aliados, incluido Israel”.
En febrero, el fiscal del tribunal con sede en La Haya, Karim Khan, fue incluido en la lista de “nacionales especialmente designados y personas bloqueadas” de Washington, la cual prohíbe a los estadounidenses hacer negocios con esas personas y restringe su entrada en Estados Unidos. Khan se separó de su cargo el mes pasado en espera de una investigación por acusaciones de conducta sexual inapropiada.
Minutos después del anuncio de Estados Unidos, el tribunal internacional condenó sus acciones.
“Estas medidas son un claro intento de socavar la independencia de una institución judicial internacional”, señaló el portavoz de la CPI, Fadi El Abdallah, manifestó en un comunicado.
Quiénes son los jueces sancionados por EU
Las nuevas sanciones tienen como objetivo a la jueza de la CPI Reine Alapini-Gansou, quien es originaria de Benín y formó parte de la sala de jueces de instrucción que emitió la orden de arresto contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu el año pasado. También formó parte del tribunal que aprobó originalmente la investigación sobre presuntos crímenes israelíes en los territorios palestinos en 2021.
La jueza, de 69 años, también fue parte del panel de jueces que emitió la orden de arresto contra el presidente ruso Vladimir Putin en 2023. El año pasado, un tribunal en Moscú emitió una orden de arresto contra ella.
Por su parte, Beti Hohler, de Eslovenia, fue elegida como jueza en 2023. Anteriormente trabajó en la fiscalía del tribunal, lo que llevó a Israel a objetar su participación en los procedimientos que involucraban a funcionarios israelíes. Hohler declaró el año pasado que nunca había trabajado en la investigación de los territorios palestinos durante sus ocho años como fiscal.
Luz del Carmen Ibáñez Carranza, de Perú, y Solomy Balungi Bossa, de Uganda, son juezas de apelaciones en la CPI. Ambas han trabajado en casos que involucran a Israel.
Ni Estados Unidos ni Israel son miembros ni reconocen la legitimidad del tribunal, que ha emitido una orden de arresto contra Netanyahu por presuntos crímenes de guerra durante la ofensiva militar que lanzó contra Gaza tras el ataque de Hamás contra Israel en octubre de 2023. Israel rechaza las acusaciones.
EU ha sancionado a la CPI antes
Durante su primer mandato, el presidente estadounidense Donald Trump impuso sanciones a la CPI, expresando su descontento con las investigaciones sobre Israel y sobre presuntos crímenes de guerra cometidos por tropas estadounidenses en Afganistán. Esas sanciones fueron rescindidas por el gobierno de Joe Biden a principios de 2021.
Rubio manifestó que Estados Unidos continuaría tomando medidas para proteger sus intereses y los de Israel en el tribunal. “Estados Unidos tomará las acciones que consideremos necesarias para proteger nuestra soberanía, la de Israel y la de cualquier otro aliado estadounidense de acciones ilegítimas por parte de la CPI”, aseveró.
Liz Evenson, directora de justicia internacional en Human Rights Watch, expresó que las sanciones de la administración Trump “tienen como objetivo disuadir a la CPI de buscar rendición de cuentas en medio de graves crímenes cometidos en Israel y Palestina, y a medida que se recrudecen las atrocidades israelíes en Gaza, incluso con la complicidad de Estados Unidos”.
“Las sanciones de Estados Unidos contra los jueces de la CPI son un flagrante ataque al Estado de derecho, al mismo tiempo que el presidente Trump está trabajando para socavarlo en casa”, señaló Evenson en un comunicado. “Las sanciones deberían tener como propósito detener las violaciones de derechos humanos, no castigar a quienes buscan justicia”.
Cortesía de Proceso.
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