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A pesar de los compromisos públicos y promesas de paz social, diversos organismos civiles y productivos han alzado la voz para denunciar la falta de atención del gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal, al tema de la seguridad en la Comarca Lagunera de Durango. En específico, la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia de La Laguna, el Consejo Cívico de las Instituciones Laguna y la organización México SOS han manifestado su preocupación por la inacción del mandatario estatal frente a fenómenos como la extorsión y el cobro de piso.
Para los actores económicos, principalmente del sector agropecuario, la situación es insostenible. Las extorsiones, invisibles en las estadísticas oficiales, continúan funcionando como un “impuesto criminal” que limita el desarrollo regional y genera un clima de vulnerabilidad institucional. El reclamo de estos organismos no solo apunta a la inacción, sino a la ausencia total del Ejecutivo estatal en reuniones claves.
Gerardo Ibarra Rodríguez, coordinador de la Mesa de Seguridad de La Laguna de Durango, evidenció la desatención del gobernador luego de su ausencia en la reciente reunión con el Mando Especial de La Laguna, encuentro en el que se esperaba su presencia luego de que él mismo la había anunciado. Aunque envió al secretario de Seguridad, Óscar Galván, y a la fiscal estatal, Sonia Yadira de la Garza, su ausencia fue interpretada como un desdén hacia las voces del sector empresarial afectado por la violencia.
“Hace falta que el gobernador se acerque con su población y a los diferentes sectores y les pregunte cómo están, para que a viva voz sepa en qué situaciones requerimos ayuda”, declaró Ibarra Rodríguez. La petición no es nueva: desde hace meses se insiste en la necesidad de contacto directo, voluntad política y estrategias claras. La omisión ha generado desánimo y desconfianza.
El pasado 26 de marzo, durante una gira en Gómez Palacio, Esteban Villegas aseguró que existían condiciones de seguridad durante el periodo electoral. Afirmó que los 39 municipios del estado, incluida la región lagunera, se encontraban en paz. Sin embargo, los testimonios de los productores y de las organizaciones civiles contradicen dicha afirmación.
Mientras el gobernador hablaba de estabilidad electoral y la separación de funcionarios para participar en campañas, en los municipios laguneros persistían nuevas modalidades de extorsión que involucran el uso de documentos falsificados, enviados por correo postal, con amenazas directas de embargo a nombre de supuestas deudas inexistentes.
Aunque algunos despachos de cobranza han sido señalados como responsables, la amenaza se mantiene activa, generando miedo e incertidumbre en las familias y negocios afectados. Abogados consultados reconocen el uso de este tipo de formatos como parte de prácticas agresivas de cobranza, que en realidad configuran un delito: extorsión.
Un sindicato bajo sospecha
La impunidad con la que operan los grupos criminales se extiende incluso a organizaciones formalmente constituidas. Según testimonios recabados, un grupo organizado de extorsionadores en Gómez Palacio actúa con el respaldo de un sindicato de transportistas, lo que ha generado una nueva capa de violencia y opacidad.
Pese a la gravedad de estos hechos, no se han implementado mecanismos efectivos de coordinación entre el gobierno estatal y los sectores productivos. Esto ha erosionado años de esfuerzo para recuperar la tranquilidad en la región, resultado del trabajo conjunto de ciudadanos, fuerzas de seguridad y autoridades en sexenios pasados.
Un llamado urgente y reiterado
Los organismos civiles han reiterado la necesidad de enfrentar de manera decidida la situación actual. En su posicionamiento conjunto, el Consejo Cívico de las Instituciones Laguna, la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia de Torreón y México SOS exigieron a las autoridades estatales tomar medidas inmediatas para frenar la violencia que afecta directamente la productividad regional.
“La paz social no se consigue con declaraciones, se construye con estrategias claras y voluntad política”, afirmaron.
Aunque el coordinador de la Mesa de Seguridad señaló que tras las reuniones más recientes se han reducido los delitos contra el sector agropecuario, también dejó en claro que esta tranquilidad no puede depender exclusivamente del seguimiento por parte de ciudadanos organizados, sino de un Estado presente, proactivo y comprometido.
En Durango, particularmente en la región lagunera, la violencia organizada no ha desaparecido: ha mutado. Se disfraza de cobranza legal, de sindicatos con poder territorial, y se infiltra en vacíos institucionales. En este contexto, la falta de liderazgo del gobernador Esteban Villegas no solo deja sin respuesta a quienes lo eligieron, sino que permite que estos espacios vacíos sean ocupados por estructuras criminales.
El desencanto expresado por los organismos ciudadanos no es una declaración política: es el reflejo de una realidad concreta. La seguridad no se construye con discursos ni con giras electorales, sino con presencia, estrategia y diálogo directo con la ciudadanía.
Cortesía de El Heraldo de México.
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