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CHILPANCINGO, Gro. (Proceso).- “¡Sácala de aquí!”, ordenó el director de Comunicación Social del gobierno de Guerrero, René Posselt Aguirre. De inmediato un empleado sometió por la espalda a la reportera María Avilez. La tomó con violencia del hombro izquierdo y del brazo derecho para retirarla de la residencia oficial Casa Guerrero.
Segundos antes, la reportera se había acercado a la gobernadora Evelyn Salgado para preguntarle por la falta de un titular en la Fiscalía de Guerrero, pero la mandataria la evadió y con una mirada firme se dirigió a su director de Comunicación:
“Nos vamos a coordinar. ¿Va a haber entrevista?”, le reclamó. “Quedamos sin entrevista”, respondió el funcionario y dio la orden de que sacaran a la reportera.
Este episodio marcó el inició de un cerco informativo de la gobernadora para evadir temas de interés público como la crisis de seguridad en la entidad o el nepotismo dentro de su gobierno.
La agresión fue el 27 de diciembre de 2021, dos meses después que Evelyn Salgado rindió protesta como la primera gobernadora en la entidad.
Al viejo estilo priista, la gobernadora morenista reinstauró una política de opacidad y al mismo tiempo de dispendio de dinero a periodistas y medios de comunicación.
Tres años y medio después de iniciar su administración, la gobernadora morenista trató de mostrarse abierta al escrutinio.
El 18 de marzo último inauguró sus conferencias de prensa mañaneras, pero con condicionantes: los reporteros, influencers y preguntas son seleccionadas previamente, por lo que no hay oportunidad de hacer cuestionamientos sobre temas de interés público que le incomoden.
La titular Poder Ejecutivo ha faltado a la mayoría de las sesiones programadas los martes y jueves. En su lugar van funcionarios menores a leer resúmenes de informes técnicos.
Mientras esta maquinaria funciona, las intimidaciones y asesinatos contra reporteros y comunicadores no se detienen, tampoco las zonas de silencio que se extienden con velocidad por toda la entidad.
El martes 13 de mayo, el diputado del PRI y expresidente municipal de Arcelia, en Tierra Caliente, Bulmaro Torres Berrum, amenazó de muerte al fotorreportero Anward Delgado: “Te va a llevar la verga, no sabes con quién te metiste, yo soy jefe”, le dijo en el pleno del Congreso de Guerrero.
Tres días después, el jueves 15, el director del portal El Guerrero, Opinión Ciudadana, José Carlos González Herrera, conocido como Ave Fénix, fue asesinado a balazos en pleno centro de Acapulco, minutos después de su noticiero de la tarde.
Y un día después en la región Costa Grande, otra zona donde la prensa no puede informar sobre hechos de violencia, la plataforma Noticias Al Momento Zihuatanejo denunció que las amenazas contra su equipo incrementaron.
“Sabemos de parte de quién vienen las amenazas, pero seguimos compartiendo información porque nuestro trabajo es informar a la ciudadanía”, fijó en un comunicado. Las intimidaciones, reveló el medio a sus lectores, son de policías municipales.
En la actual administración estatal está más vigente la frase de José López Portillo: “No pago para que me peguen”, y la relación del gobierno con representantes de la prensa está marcada por un control a través de recursos públicos, según expresan periodistas que han revisado el tema desde hace 30 años.
“Soy hija de periodista”
En una entrevista publicada el 11 de agosto de 2021 en el diario El Sur, la entonces gobernadora electa recordó:
“Aprendimos que la lucha en la izquierda era de alto riesgo. Igual que el periodismo, mi papá tenía su periódico Acción. Crecí como hija de periodista. La ayudaba a redactar las visitas de Cuauhtémoc Cárdenas”.
El referente de Evelyn Salgado en el periodismo es su padre, Félix Salgado, quien fue dueño del periódico Acción en Iguala de 1981 a 1987 y al concluir su periodo como alcalde de Acapulco en 2009 compró la franquicia para dirigir La Jornada Guerrero.
Cuando Evelyn Salgado asumió el gobierno, La Jornada Guerrero se transformó en El Guerrero, con su hermana Sol Salgado como directora general.
El principal cliente de El Guerrero es el gobierno del estado. Sus 16 páginas están plagadas de publicidad oficial.
Como director de Acción y dirigente de la delegación 30 del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP), en los 80, Félix Salgado tejió relaciones políticas.
Su perfil era el del dueño de un medio ligado a los gobernantes, describe Jesús Guerrero en su texto “Félix Salgado, de periodista ligado al poder a líder de izquierda”, publicado en la plataforma Amapola en enero de 2021.
“Periodistas de la vieja guardia recuerdan a Félix Salgado formado en la Dirección de Comunicación Social del Gobierno estatal para cobrar su convenio de publicidad. Era, pues, el tipo de periodista plegado al poder”, dice la publicación.
Y agrega: “La Jornada Guerrero se convirtió en un medio alineado al poder. Sus reporteros recuerdan cómo tiraba las notas de la edición y justificaba diciendo: convenio mata nota”.
Un fondo “de ayuda”
El gobierno de Guerrero conoce perfectamente las condiciones en las que laboran los periodistas de la entidad.
En un diagnóstico incluido en las “Reglas de operación del Fondo de Apoyo a Periodistas (FAP)” describe que trabajan en la inseguridad, bajo amenazas y coerción, que tienen un bajo nivel de actualización profesional, que no cuentan con el perfil y que sus empresas “no dan las prestaciones de acuerdo a lo que marca la ley”.
Esas condiciones provocan, dice el documento, libertad de expresión limitada y autocensurada, incremento del riesgo de muerte, bajo índice de profesionalización, periodistas sin ética, sin ningún derecho laboral y vulnerables en salud, educación, vivienda e ingresos.
El FAP se creó en 1992 por el extinto gobernador José Francisco Ruiz Massieu, en el contexto del crecimiento y efervescencia de una real oposición al PRI por medio del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional. Guerrero era un bastión de esa izquierda electoral.
Zacarías Cervantes, un respetado reportero con más de 40 años en el medio, recuerda que en realidad sí era un fondo y que era tripartito.
A propuesta de los periodistas, dice, se obligó a los dueños de los medios a aportar una parte de los convenios de publicidad oficial, el gobierno ponía otra parte y los beneficiarios al ingresar daban mil pesos.
El objetivo era proporcionar servicios de salud, vivienda, apoyo de gastos funerarios y créditos -con el mínimo interés- para adquirir equipo de trabajo.
Cervantes cuenta que solicitó un préstamo de 5 mil pesos. Al pagar mostró la factura de lo adquirido y le emitieron un recibo.
El Fondo estaba integrado por apenas 80 periodistas y su principal petición era que fuera “transparente y sin cochupos”.
“Antes casi nadie quería entrarle porque tenían que aportar mil pesos, que en ese tiempo era mucho, ahora como el gobierno pone todo, hasta se pelean para ingresar”, expresa Zacarías Cervantes.
Y advierte que el FAP se convirtió en una especie de “chayote institucional”.
Sergio Ferrer Martínez es director de Atención Periodistas del Gobierno de Guerrero.
Su única función es operar el FAP, que en este año duplicó su presupuesto para llegar a 10 millones de pesos de inversión estatal directa.
Entrevistado en sus oficinas, informa que el programa busca atender a personas cuya fuente principal es el periodismo, aunque admite que hay unos 60 periodistas “que tienen un trabajo de base en el gobierno estatal y en ayuntamientos”. Es decir, que también son funcionarios.
Sostiene que el ingreso al FAP no implica que a los beneficiarios se les condicione su línea editorial.
“Este programa está basado en una ley y no es una cuestión de que sólo si publicas de la gobernadora estás, puedes fijarte en los expedientes y hay pluralidad”, afirma.
El padrón actual del Fondo es de 438 periodistas y al año se otorgan de 50 a 80 apoyos, destinados principalmente a gastos médicos.
También hay un seguro de vida por 600 mil pesos.
La empresa aseguradora fue propuesta por el titular de la Secretaría de Bienestar del Estado de Guerrero, Pablo Andrés Gordillo Oliveros, un funcionario que fue traído del estado de Morelos.
Del fondo se han quitado los préstamos y el apoyo para mejoramiento de vivienda.
El esquema de este año, asegura el director, contempla dotar de equipo de trabajo a los periodistas, así como cursos y capacitaciones.
El 10 de enero, el titular de la Secretaría del Bienestar, Pablo Gordillo; el director general de Comunicación Social, René Posselt y el director del FAP, Sergio Ferrer, entregaron motonetas, cámaras fotográficas, micrófonos, computadoras y teléfonos a 115 periodistas beneficiarios del fondo. La inversión fue de 1 millón 159 mil 789 pesos.
—¿Le han planteado a la gobernadora o a otros funcionarios que revisen y obliguen a las empresas a otorgar contratos y prestaciones de ley a sus periodistas? —se le pregunta a Sergio Ferrer.
—“De ya como de las empresas no, no ha habido, estaría interesante”, responde.
Lucha contra el silencio
Desde 2017, el reportero Arturo de Dios Palma ha dedicado parte de su tiempo a difundir la importancia del derecho a la información y del periodismo libre, además la exigencia de que las autoridades garanticen el ejercicio de la labor periodística.
Lo hizo desde la Asociación de Periodistas del Estado de Guerrero y el programa Reporteros S.O.S. Ahora conduce junto a un grupo de periodistas Tlacolol Radio.
De Dios Palma plantea que el derecho a la información es una puerta a otros derechos.
“Gran parte de la violencia que se genera en México y en Guerrero es para ocultar la información, estamos ante una disputa contra el silencio. En el país no sólo se mata por disputas de criminales, sino también por el pensamiento, por expresar tus ideas, por contrarrestar las versiones oficiales”, explica.
Para Arturo de Dios el festejo que encabezó la gobernadora Evelyn Salgado para más de 500 periodistas el pasado 15 de enero con motivo del Día del Periodista ilustra el pacto entre la prensa y el poder político.
“Estamos ante una gobernadora que cuando hay crisis lo primero que hace es esconderse. No sabemos qué piensa del asesinato del alcalde de Chilpancingo, del caso del feminicidio de la niña Camila en Taxco, incluso de la aspiración de su padre de ser candidato a gobernador, porque (la gobernadora) no habla”.
Opacidad y una ley olvidada
Vía la Plataforma Nacional de Transparencia se solicitó a la Secretaría de Finanzas y Administración (Sefina) y a la Oficina de la Gubernatura copias de contratos y de facturas generadas por la difusión de las actividades del gobierno de Guerrero con medios de comunicación de 2021 a 2024.
La Sefina declaró “notoria incompetencia” y sugirió canalizar la solicitud a la Oficina de la Gubernatura, “por ser el sujeto obligado que pudiera poseer la información que solicita”.
Por su parte la Oficina de la Gubernatura y la Coordinación General de Comunicación respondieron que no están facultadas para celebrar convenios, ni emitir pagos por concepto de gastos de publicidad.
A finales de noviembre pasado, el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Datos Personales del Estado de Guerrero desechó un recurso de revisión bajo el mismo argumento de la Sefina.
En noviembre de 2018, la diputada de Morena, Mariana Itallitzin García Guillén, propuso en el Congreso de Guerrero la Iniciativa Ley de Comunicación Social del Estado de Guerrero para transparentar el gasto en publicidad y establecer criterios para la asignación del dinero público a medios.
La iniciativa establecía que la ley evitaría que el presupuesto se siga usando para controlar la línea editorial de los medios o para la promoción personal de gobernantes y políticos.
La diputada morenista justificó la iniciativa señalando que el gobierno de Guerrero cuenta con un presupuesto exclusivo para publicidad oficial, pero que “se ejerce de forma opaca, omisa y con evidentes excesos indiscriminados”.
La iniciativa contiene un Análisis del Ejercicio del gasto que en 2017 manejó la Coordinación de Comunicación Social.
En ese año el gobierno del priiista Héctor Astudillo Flores realizó un sobreejercicio del 672% de lo presupuestado originalmente al rubro de comunicación social.
De 67.28 millones de pesos presupuestados, acabó ejerciendo 519.58 millones de pesos.
Consultada por Proceso, la exdiputada Mariana García dijo que la iniciativa de ley fue desechada porque cabilderos en el Congreso de Guerrero de los dueños de los principales medios de comunicación la frenaron.
A Arturo de Dios Palma, que conoció la iniciativa en su momento, se le pregunta si ésta podría resurgir en este momento que Morena es gobierno y tiene mayoría en el Congreso de Guerrero.
“En el momento que estamos viviendo en Guerrero con el gobierno de la familia Salgado yo lo veo imposible. Ellos han hecho todo lo contrario a establecer criterios claros para el reparto de la publicidad oficial. Han seguido la misma estrategia y ruta del priismo: compro a todos y nadie me critica”, concluye.
Gobierno de violencia
Mientras, en el anonimato y achacando la autoría a organizaciones criminales, durante el gobierno de Evelyn Salgado, de octubre de 2021 a la fecha, seis periodistas y comunicadores han sido asesinados:
Alfredo Cardoso Echeverría (Acapulco, 31 de octubre de 2021), Pablo Marrugares Parraguirre (Iguala, 2 de agosto de 2022), Fredid Román Román (Chilpancingo, 22 de agosto de 2022), Gerardo Torres Rentería (Acapulco, 11 de mayo de 2023), Nelson Matus Peña (Acapulco, 15 de julio de 2023) y José Carlos González Herrera (Acapulco, 15 de mayo de 2025).
Alan García Aguilar, administrador del medio digital Escenario Calentano, fue desaparecido por integrantes de la organización criminal La Familia Michoacana el 24 de diciembre de 2022 en Coyuca de Catalán, y del que no se tiene información de su paradero.
En la actualidad nueve periodistas de Guerrero continúan desplazados de manera forzada, siete hombres y dos mujeres, de acuerdo a la Unidad Estatal para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
La violencia ha escalado a Chilpancingo, la capital del estado. De noviembre de 2022 a noviembre de 2024 fueron allanados los domicilios de cuatro reporteros y uno más fue despojado de su equipo de trabajo al llegar a su domicilio.
En noviembre de 2023 las agresiones subieron de nivel. Los reporteros Víctor Mateo, Óscar Guerrero, Jesús de la Cruz y Héctor Camacho fueron baleados después de cubrir el asesinato de un chofer de transporte público.
Víctor Mateo recibió un disparo en la mandíbula y continúa en rehabilitación. De la Cruz vive con una bala en el cuerpo.
Cortesía de Proceso.
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