La Fiscalía de Sinaloa formalizó ante el Congreso del estado una solicitud de juicio de procedencia en contra de Gerardo Vargas Landeros, presidente municipal de Ahome, y Genaro García Castro, diputado local y exfuncionario de ese ayuntamiento.
Ambos están señalados por presuntamente haber suscrito un contrato por 171 millones de pesos para el arrendamiento de 126 patrullas sin llevar a cabo un proceso de licitación pública, tal como lo establece la normatividad vigente.
El documento fue firmado con la empresa Total Parts and Components y asciende a más de 171 millones de pesos.
El caso ha despertado un amplio interés público, por el color de los vehículos adquiridos —un tono guinda— que en su momento generó críticas por su aparente connotación partidista.
De acuerdo con la Auditoría Superior del Estado, el procedimiento de adquisición omitió pasos fundamentales para garantizar la transparencia, lo que dio pie a una denuncia penal y, posteriormente, a la petición de desafuero para ambos servidores públicos.
La solicitud ya fue turnada a la Comisión Instructora del Congreso estatal, que será la encargada de analizar los elementos presentados y definir si procede retirar el fuero a los involucrados. El escenario podría escalar hasta una eventual vinculación a proceso penal, dependiendo del veredicto legislativo.
Este sería el tercer proceso de esta naturaleza que se impulsa en menos de tres años contra un alcalde en funciones dentro del mismo partido político, lo que ha despertado suspicacias sobre posibles motivaciones políticas detrás del caso. Sin embargo, el Ejecutivo estatal ha optado por mantenerse al margen.
“Es un tema exclusivo del Poder Legislativo”, expresó el gobernador Rubén Rocha en su conferencia semanal, sin abundar en el asunto.
CRÉDITO DE FOTO: Especial
MAAZ
Cortesía de El Heraldo de México.
Dejanos un comentario:
