CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- La magistrada María Emilia Molina de la Puente, exintegrante del Comité de Evaluación del Poder Judicial, negó las acusaciones que los responsabiliza por la supuesta filtración de aspirantes al Poder Judicial vinculados con el crimen organizado, y culpó al Senado de tomar las decisiones bajo órdenes del Tribunal Electoral.
Desde hace varias semanas se han detectado figuras ligadas con narcotraficantes en las listas del Poder Judicial, como la aspirante a jueza penal en Chihuahua, Silvia Delgado, quien fue parte del equipo legal de Joaquín “El Chapo” Guzmán, en 2016; o Fernando Escamilla Villarreal, abogado de Miguel Ángel Treviño Morales, alias “El Z40”, exlíder de Los Zetas.
La organización Defensorxs documentó que varios casos similares –calificados como “candidaturas altamente riesgosas”–, pasaron los filtros del Congreso.
Durante la primera etapa de implementación de la reforma judicial, cada poder del Estado formó su comité de expertos para revisar las candidaturas presentadas a los distintos cargos, que se elegirán el próximo 1 de junio.
Los comités se encargaron de aceptar y rechazar aspirantes con base en distintos filtros de idoneidad; pero tras la entrega de las listas de seleccionados, se detectaron varios perfiles de exrepresentantes legales de narcotraficantes.
El 22 de abril, el presidente del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, reconoció que hubo fallas en los filtros para la selección de candidatos a jueces, magistrados y ministros:
“Sí hemos detectado algunos defensores de narcotraficantes que están queriendo acceder, no deberían participar, no cumplen con la exigencia constitucional de probidad (…) Sería desafortunado que un defensor de narcos acreditado, o un juez que ha liberado a narcos (sea elegido)”, sostuvo.
Durante la conferencia mañanera del 23 de abril, la presidenta Claudia Sheinbaum retomó el tema y solicitó que se denuncie cualquier caso de aspirantes con alguna relación delincuencial:
“Si hay algún caso en que (el aspirante) no cumple con la Constitución, por alguna relación delincuencial, o que no tiene el promedio que se exige, (la denuncia) puede ser presentada, desde mi particular punto de vista, y veremos qué decide el Tribunal”.
En una entrevista con “El Universal”, Molina de la Puente exigió a Noroña que asumiera su responsabilidad ante los hechos, puesto que el Senado fue quien emitió un mal reglamento:
“Esto tiene una falla de diseño, la falla de diseño está en la Constitución porque parte de una reforma estructural del Estado mexicano que no tuvo diagnóstico ni técnica legislativa, donde pasaron por alto expresamente todas las reglas democráticas que existen para las elecciones”, declaró.
Además, reiteró que el Tribunal Electoral no respetó las medidas cautelares de la Suprema Corte desde la Presidencia, y ordenó al Senado que realizara todo el proceso de selección sin la evaluación de aspirantes que se habían inscrito en el comité del Poder Judicial.
La magistrada de circuito señaló que el Senado, “también por órdenes de la Sala Superior del Electoral, ordenó que esas candidaturas se pusieran en las boletas”.
En sus declaraciones, Molina reconoció que el problema es entendible, ya que la revisión incluía a miles de aspirantes; pero recordó “que todas las reglas fueron fijadas por el Senado, no por el INE”.
“No había forma de revisar cada una de las candidaturas por parte de ninguno de los comités, eran miles de candidaturas y era imposible que se hiciera ese trabajo a detalle, hubo hasta 18 mil aspirantes en uno de los comités, pero ¿quién hizo esa esas reglas? Fue el Senado (…) ¿Quién hizo la elección de personas candidatas sin evaluación del Poder Judicial? El Senado, ¿Quién revisó las listas de los tres poderes para remitirlos al INE? El Senado. Entonces, que asuman su responsabilidad”, concluyó.
La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed), condenó los hechos presentados por Noroña y tomó las declaraciones del senador como una confirmación de la previa advertencia que hizo la organización sobre la reforma judicial como una amenaza directa para la independencia del Poder Judicial y los derechos humanos de las personas.
La asociación reiteró que la elección popular no es un acto democrático, sino un mecanismo de cooptación institucional “que abre la puerta a intereses políticos, económicos y criminales”, poniendo en riesgo la impartición de la justicia.
Cortesía de Proceso.
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