SAN SALVADOR (AP) — Los salvadoreños llevan diecisiete meses en un estado de excepción a petición del presidente Nayib Bukele que permite suspender derechos fundamentales y ejecutar su política de mano dura contra las maras o pandillas, a las que responsabilizan de haber sembrado el terror en barrios y comunidades por años.

Bajo este régimen, más de 72 mil supuestos pandilleros o colaboradores han sido capturados, según cifras oficiales. La mayoría está en prisión por el delito de agrupaciones ilícitas y con detención provisional sin condena firme. Más de siete mil personas han sido liberadas por las autoridades en este tiempo debido a la falta de pruebas para establecer vínculos con estructuras criminales.

El martes, a solicitud del presidente de El Salvador el Congreso aprobó una nueva prórroga de 30 días del estado de excepción, la decimoctava. La decisión, con 67 votos del partido oficial y sus aliados, lleva al país a permanecer un año y medio con restricciones de derechos. Una realidad que, pese a los cuestionamientos de organizaciones de derechos humanos, ha sido bien encajada por la población.

Bukele mantiene un alto nivel de popularidad por encima del 80% y estudios de opinión locales atribuyen esa calificación al combate a las pandillas. Según las más recientes encuestas, el 97.7% de los salvadoreños piensa que la violencia ha disminuido y el 81.8% que el estado de excepción ha ayudado mucho a controlar la delincuencia.

AP explica el alcance de las restricciones y el trasfondo de la política de mano dura del gobierno de Bukele a punto de cumplirse 18 meses seguidos de un país en estado de excepción, sin que haya visos inmediatos de un cambio en esa estrategia.

¿QUÉ DERECHOS FUNDAMENTALES ESTÁN SUSPENDIDOS?

Horas después de que el Congreso aprobara en marzo del año pasado el régimen de excepción, unidades policiales y militares fuertemente armadas, exoneradas de la obligación de tener que explicar cada arresto, entraron a zonas con presencia de pandillas y fueron de puerta en puerta sacando arrastrados a numerosos jóvenes.

Con el estado de excepción, se suspendió el derecho de asociación y se permitió a las autoridades intervenir la correspondencia y celulares de quienes se consideran sospechosos.

Además, el plazo de detención administrativa —sin pasar a disposición judicial— se extendió de 72 horas a 15 días.

Los detenidos perdieron su derecho a ser debidamente informados de los motivos de su aprehensión y a acceder a un abogado para su defensa.

La suspensión de garantías constitucionales no contempla restricción a la libre circulación.

¿QUÉ CASTIGOS RECIBEN LOS MIEMBROS DE LAS PANDILLAS?

Además del estado de excepción, el gobierno de Bukele ha endurecido las penas.

En 2015, la Corte Suprema de Justicia declaró a las pandillas como terrorista. Se les procesaba bajo esa figura penal, aunque era complicado comprobar su participación en esas agrupaciones y la pena podía ir de seis a nueve años de prisión.

Ahora, las maras, pandillas o cualquier organización conformada para delinquir se consideran penalmente ilícitas y sus miembros podrían ser sancionados con una pena de 20 a 40 años de prisión. Una última reforma legal elevó a 60 años las condenas de cárcel para sus cabecillas. Antes iban de 40 a 45 años.

El Congreso también aprobó recientemente que se pueda procesar en grupos de hasta 900 personas a los pandilleros capturados durante el estado de excepción.

La ley penal juvenil impone penas de prisión de hasta 10 años si el condenado por ser miembro de las pandillas tiene entre 12 y 15 años. Es de hasta 20 años de cárcel si tiene entre 16 y 18 años.

Aunque el estado de excepción, no afecta a la libertad de expresión, la ley salvadoreña sí castiga a quienes elaboran grafitis alusivos a las pandillas con penas entre 10 y 15 años de prisión. Hay sanciones similares por reproducir o transmitir mensajes de las pandillas, a través de tecnologías de comunicación y de información, incluidos medios de comunicación radiofónicos, televisión, escritos y digitales.

¿QUÉ HA PASADO CON LOS NIVELES DE INSEGURIDAD?

El gobierno de Bukele pidió el año pasado decretar el estado de excepción después de un día en el que las pandillas asesinaron a 62 personas, un nivel de criminalidad que no se había visto en años.

Según las autoridades, las bandas están involucradas en narcotráfico y delincuencia organizada. Con su ley de "ver, oír y callar" impusieron el temor en la población, extorsionan a comerciantes y empresas del transporte y asesinan a quienes se niegan a pagar.

En 2015, el país estaba considerado uno de los más violentos del mundo y registró 6 mil 656 homicidios, es decir, 106 muertes violentas por cada 100 mil habitantes.

Ahora, según cifras oficiales, la Policía Nacional Civil registra 142 homicidios en el periodo que va del 1 de enero al 11 de septiembre de 2023, un 72% menos que los 519 contabilizados en idéntico plazo de 2022. En lo que va del mes de septiembre se registran siete días sin homicidios.

"Podemos decir con mucha propiedad que estamos ejecutando, bajo el liderazgo del presidente Nayib Bukele, la mejor política de seguridad pública nunca vista", manifestó el ministro de Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, al presentar el martes la nueva solicitud de prórroga al Congreso.

Según el ministro, desde que se implementó la política de mano dura contra las pandillas "se contabilizan 446 días sin homicidio" y subrayó que "hay algunos sectores que no aceptan estos resultados, sin embargo, son claros e innegables".

¿QUÉ CRÍTICAS HA RECIBIDO LA POLÍTICA DE MANO DURA?

Bukele advirtió a las pandillas que, si aumentaban los homicidios, les quitaría la comida a sus compañeros en las cárceles y ordenó la construcción de un enorme complejo carcelario con capacidad para 40 mil presos.

Los detenidos, con o sin condena en firme, no tienen ningún contacto con el exterior y sólo salen de sus celdas para las audiencias con los tribunales que se hacen por videoconferencia desde un salón del lugar.

Desde la vigencia del estado de excepción, la asociación humanitaria Cristosal ha recibido más de 3 mil 461 denuncias de vulneraciones de derechos humanos contra 3 mil 597 personas y reporta 181 personas fallecidas bajo custodia de las autoridades, según su último reporte. Las denuncias de violaciones de derechos de niños, niñas y adolescentes suman 156.

No obstante, en marzo pasado, coincidiendo con el primer aniversario del estado de excepción, una red de organizaciones salvadoreñas, entre las cuales estaba también Cristosal y la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), reportaron cifras más altas.

Informaron de 4 mil 723 casos de violaciones a derechos humanos en los cuales había 5 mil 802 presuntas víctimas directas por capturas arbitrarias, tortura, falta de debido proceso, allanamiento de morada, amenazas, acoso policial, malos tratos o tratos crueles o degradantes.

El Alto Comisionado de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el abogado austriaco Volker Turk, expresó su preocupación por la "duración excesiva" del estado de excepción, por las detenciones masivas, así como por las condiciones carcelarias.

¿CUÁNTO MÁS PUEDE DURAR EL ESTADO DE EXCEPCIÓN?

Según la Constitución de El Salvador, el régimen de excepción tiene una duración de 30 días, pero se puede prorrogar por igual período y mediante nuevo decreto "si continúan las circunstancias que la motivaron".

Si no se emite tal decreto, quedarán restablecidas de pleno derecho las garantías suspendidas.

El estado de excepción rige desde el 26 de marzo de 2022 por petición de Bukele y con la aprobación del Congreso de mayoría oficialista. Se ha renovado, hasta ahora, todos los meses.

Al justificar la continuidad del régimen de excepción, el director general de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza Chicas, afirmó que "las estructuras criminales no han desaparecido en su totalidad, pero las hemos degradado".

"El régimen de excepción va a finalizar cuando el estratega, cuando el diseñador de esta política de seguridad, que es el presidente de la República, considere que El Salvador está en una condición totalmente segura", respondió el ministro de la Defensa Nacional, el vicealmirante René Merino Monroy.