La Fiscalía General de la República (FGR) informó este miércoles que apeló la resolución de una jueza que rechazó en 2014 abrir una investigación contra la exoficial mayor de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) , Judith Aracely Gómez, por la compra del software ‘Pegasus’ para espiar a periodistas y defensores de derechos humanos.
Además, la FGR anunció que abrirá una carpeta de investigación contra la jueza federal Alejandra Domínguez Santos.
En un comunicado, la entidad explicó que solicitó a la jueza federal de control la vinculación a proceso de la exfuncionaria por la adquisición ilegal en 2014 de equipos de espionaje (Pegasus) por la entonces PGR, hoy Fiscalía General de la República (FGR).
En el reporte se relata que después de dos años y medio de “retraso ilegal”, la jueza concedió la audiencia para determinar “la no vinculación de la persona señalada”, a la que se le imputaron los delitos de uso indebido de atribuciones y facultades al incumplir la obligación de supervisar la contratación en cuestión.
Además, en la lista de delitos se incluyó el de peculado por participar en el “desvío ilegal de recursos, sin que existiera el riesgo, la urgencia o la confidencialidad necesarios para estas compras”.
Igualmente, en el listado acusatorio se incluye el ilícito de “fraude equiparado”, al incumplir sus obligaciones y participar en una operación que claramente afectó “gravemente” el patrimonio de la Institución, en beneficio del proveedor; y el delito de “asociación delictuosa”, al participar en las faltas anteriormente señaladas en conjunto con otros servidores públicos de la institución.
En resumen, la FGR señala que a la imputada se le acusa por “haber permitido la adquisición ilegal de esos equipos de espionaje, sin que se demostrara que había necesidad de ello, pagando 460 millones de pesos (unos 24,17 millones de dólares), que significaron un grave daño irreparable al patrimonio público”.
La Fiscalía mexicana apuntó que “a pesar de todas esas pruebas ofrecidas por la Fiscalía, la jueza de control, decidió no vincularla (a Judith Aracely Gómez) al proceso”.
El texto precisa que la FGR inició el recurso de apelación correspondiente y también la apertura de una investigación a la jueza de control, Alejandra Domínguez Santos, por delitos en contra de la administración de justicia.
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En julio de 2021, una investigación de medios internacionales destapó que varios países intervinieron 50,000 teléfonos con el programa Pegasus, de los que 15,000 casos fueron en México durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), la cifra más alta.
La investigación reveló que fueron intervenidas las comunicaciones de activistas y periodistas; del entonces líder opositor y luego presidente, Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), además de algunos de sus colaboradores, así como de familiares de los 43 estudiantes desaparecidos en el caso Ayotzinapa.
Con información de EFE
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Cortesía de Forbes.