Magistrados electorales de Baja California se aprueban indemnización millonaria
Un funcionario obtendría 4.5 millones de pesos y, aunque es fin de ciclo, lo calcula como si fuera “despido injustificado”; ganan casi 200 mil pesos al mes
Benjamín Pacheco López
MEXICALI, BC (apro).- Magistrados del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California (TJEBC) pretenden retirarse de su cargo con una indemnización millonaria, como si hubieran sufrido un “despido injustificado”, en lugar de la conclusión de su ciclo programada para el mes de octubre 2025.
Dichos funcionarios ganan casi 200 mil pesos al mes y, en el caso del magistrado presidente saliente, Jaime Vargas Flores, podría llevarse alrededor de 4.5 millones de pesos.
El caso fue denunciado el lunes 16 de junio por el diputado local morenista Juan Manuel Molina, y este miércoles la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, así como su gabinete, declararon en su rueda de prensa semanal que negociarán para “hacer los ajustes pertinentes”.
De acuerdo con el legislador, la autoasignación millonaria al parecer fue aprobada por el pleno en diciembre del 2024, pero publicado en el Periódico Oficial del Estado de Baja California hasta el 6 de junio del 2025, días después de la elección judicial.
El legislador morenista consideró “inconstitucional” que se incluyan en estas condiciones de trabajo porque ya no fueron contempladas en la solicitud de Presupuesto para 2025, aprobado por el propio Congreso del Estado el año pasado.
“Hay una magistratura que se retira este año, Jaime Vargas (Flores) haciendo una cuenta estaría rozando los 4 millones, 4 millones y medio de pesos por simplemente retirarse de un cargo del que él sabe, desde hace mucho tiempo, que termina en octubre”, indicó.
De acuerdo con datos públicos, Jaime Vargas fue designado desde noviembre de 2018 por el Senado de la República como magistrado del TJEBC; fue presidente del periodo 2020 al 2022 y reelecto para un periodo adicional.
Su salario actual en la presidencia es de 196 mil 132.47 pesos mensuales, mientras que el resto de los magistrados es de 181 mil 273.38 pesos.
Buscan salida con “política de austeridad”
Sobre el tema, autoridades del gobierno estatal aseguraron que negociarán dicha indemnización millonaria pretendida por el TJEBC.
La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, el secretario general de Gobierno, Alfredo Álvarez Cárdenas, y el consejero jurídico, Juan José Pon Méndez, lo abordaron este miércoles en su conferencia semanal.
Álvarez Cárdenas refirió que fue una decisión basada en la “autonomía de poderes”, pero hicieron una “reunión de acercamiento” para revisar al amparo de la política nacional de lo que la ley considera empleados y patrones, donde en este caso los magistrados entrarían en la segunda categoría.
“Tuvimos una respuesta muy receptiva por parte las y los magistrados y estamos en una mesa de trabajo para revisar y, en su caso, hacer los ajustes pertinentes… se hizo un intercambio de consideraciones legales y estuvieron muy receptivos de trabajar en el ajuste y revisión del instrumento”, detalló.
El secretario general de Gobierno reiteró que están “respetando la autonomía” y “caminando juntos en buscar una salida adecuada en un marco de política pública de austeridad”, además de que los mismos magistrados firmaron el “instrumento”, en referencia a la publicación hecha el pasado 6 de junio de 2025 en el Periódico Oficial del Estado de Baja California.
La medida aparece en “Condiciones Generales de Trabajo del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California”, en el artículo 34, donde se indica que, al término de las magistraturas, por conclusión del encargo o de manera anticipada por separación voluntaria, se “tendrá derecho al pago de tres meses de sueldo integral bruto percibido en el año que surta efectos la conclusión o separación voluntaria del cargo”.
“De igual manera tendrán el derecho de recibir el pago en una sola exhibición de una indemnización económica garantizada consistente en la retribución equivalente a 12 meses de sueldo, además de 20 días de sueldo por cada año que hayan ejercido su función, tomando como base para ambos cálculos la última remuneración mensual integral bruto, anualizada y dividida entre doce”, según fue consultado.
Esto, con la firma del magistrado presidente, Jaime Vargas Flores; la magistrada Carola Andrade Ramos; el magistrado en funciones, Germán Cano Baltazar; y Karla Giovanna Cuevas Escalante, secretaria general de Acuerdos en Funciones.
Marina del Pilar Ávila Olmeda reconoció la autonomía del Tribunal, además de afirmar que “se enteraron hasta el momento de la publicación” en el periódico oficial, por lo que escucharán “las justificaciones que ellos plantean para este tema”.
El consejero jurídico, Juan José Pon Méndez, señaló que los magistrados se “están considerando como trabajadores” y que la indemnización tiene carácter “que se aplica para los casos de despido injustificado”.
“Son tres meses, en caso de conclusión, más una indemnización correspondiente a 12 meses, más 20 días por año. Se trata como si fuera un caso de despido injustificado”, según analizó.
Cortesía de Proceso.