"Nadie escucha a las comunidades que corren el riesgo de morir de sed. A las grandes trasnacionales les basta una buena relación con las élites federales para decidir cuál y cuánta agua necesitan", sostiene el periodista J. Jesús Lemus en su octavo libro, El agua o la vida. Otra guerra ha comenzado en México, puesto en circulación por editorial Grijalbo. En 13 capítulos el autor glosa los puntos medulares sobre el tema. Proceso reproduce fragmentos sobre las vicisitudes de los indígenas oaxaqueños en su lucha contra las industrias mineras y las autoridades omisas.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Actualmente, en nuestro país existen 906 puntos geográficos donde se han desencadenado graves conflictos entre pobladores e industrias. La disputa central es por la propiedad del agua, a veces de la mano con la propiedad del territorio. El Estado casi siempre está del lado de las empresas, al sostener una legislación que privilegia el uso industrial del líquido, antes que el abasto humano.
El despojo del agua es también alentado por la corrupción empresarial, que en los últimos años ha ido al alza y ha permitido que muchas compañías consoliden su expansión. Sólo en 2016 la práctica de la corrupción y el soborno empresarial creció en nuestro país 18% en relación con el año anterior.
En muchas regiones del país la disputa por el agua ha pasado del conflicto a la guerra. Muchas empresas han tenido que hacer valer su poder y sus intereses mediante acciones violentas contra los pobladores que se niegan a ceder este bien. El resultado es la persecución, la intimidación y hasta el asesinato de los líderes de los movimientos sociales que sólo intentan conservar uno de los principales activos para la subsistencia de sus comunidades.
Una de las voces de mayor autoridad en el activismo ecologista es el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), el cual ha documentado que muchos de esos ataques ocurren en el contexto de la implementación de proyectos de infraestructura y desarrollo a gran escala.
Durante el sexenio de Peña Nieto fueron asesinados 122 defensores del medio ambiente. A la fecha no existen detenidos, pese a que ha quedado demostrada la participación de agentes estatales, del crimen organizado y de empresas interesadas en defender sus proyectos y desintegrar los movimientos comunitarios.
Uno de estos grupos de resistencia es el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT) en Oaxaca, el cual no ha dejado de ser blanco de ataques anónimos desde hace más de 15 años. La organización registra el asesinato de 16 de sus integrantes y la desaparición de otros dos.
Las víctimas del MULT se distinguían por la defensa de la tierra y el agua, no sólo frente a grandes proyectos de inversión sino contra empresas locales del giro agroalimentario y de extracción de materiales pétreos. Con el apoyo de los gobiernos federal y estatal, esas compañías han tomado posesión del agua y los recursos naturales de la zona de San Juan Copala y Putla Villa de Guerrero, donde una de las principales disputas es la extracción de arena y grava de las márgenes de los ríos Copala, Cuchara, Grande y Las Juntas.
Felícitas Martínez Sánchez, de 20 años de edad, y Teresa Bautista Merino, de 24, no sólo eran activistas, también hacían labores periodísticas con énfasis en la difusión del movimiento de resistencia en San Juan Copala, desde la radio comunitaria La voz que rompe el silencio.
Las dos comunicadoras fueron asesinadas por un comando armado la tarde del 7 de abril de 2008, justo cuando salían de la estación de radio y viajaban en un vehículo acompañadas por Francisco Vásquez, un empleado del registro civil. La procuraduría estatal soltó la versión de que el ataque no iba dirigido a las comunicadoras, como si con ello disminuyera la gravedad del hecho. Luego dividió a la comunidad triqui al plantear la posibilidad de que el comando ejecutor era parte de una escisión del MULT.
La investigación de los asesinatos fue tan desaseada que la CNDH tuvo que hacer una recomendación para que se agotaran todas las líneas de investigación, "incluyendo las relacionadas con la labor periodística en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión", tras lo cual no hubo ningún avance.
Desde 2008, cuando la violencia se recrudeció en esta zona, el gobierno federal, a través de la Conagua, ha otorgado en Putla Villa de Guerrero nueve permisos a particulares para que se apropien de las orillas de los ríos que cruzan por la zona. Esto ha dejado sin posibilidad de acceso a agua sana a decenas de comunidades.
Entre las corporaciones que han incurrido en un uso desmedido del agua en esta región de Oaxaca se encuentran la Asociación de Usuarios de la Unidad de Riego "La Congeladora"', la Asociación de Usuarios de la Unidad de Riego para el Desarrollo Rural "21 de Junio", la Envasadora y Empacadora del Ejido Putla de Guerrero y la Planta Purificadora La Muralla. En suma, estos grupos extraen más de 692 mil m3 de agua al año, que en volumen puede parecer poco frente al consumo que hace la planta agroindustrial en otras partes del país, pero aquí representa casi la mitad del agua que consumen las poblaciones indígenas, donde casi 70% carece de suministro en sus hogares.
La denuncia por la falta de agua en Putla Villa de Guerrero fue una de las banderas que enarboló Hilario González Domínguez, uno de los fundadores del MULT. Este profesor insistió ante el gobierno de José Murat, y luego ante el de Ulises Ruiz, que se evitara la entrega de concesiones a particulares para la extracción de materiales pétreos de los afluentes alimentadores de la zona. Su gran preocupación es que esto abriera las puertas a grandes empresas mineras.
La lucha de Hilario González Domínguez se vio truncada la tarde del 3 de agosto de 2005, cuando se encontraba en un local de comida en el centro de Putla, donde recibió 13 impactos de bala de parte de tres agresores; en el lugar de los hechos fueron detenidos Claudio Solano Cruz y Francisco Osorio de Jesús, ambos funcionarios del gobierno estatal asociados con la Unión de Bienestar Social de la Región Triqui.
El asesinato de Hilario González fue denunciado como una agresión de la administración de Ulises Ruiz, esto según Heriberto Pazos Ortiz, quien vinculó la acción de los homicidas con la política oficial de despojo al pueblo triqui.
La denuncia pública de saqueo de recursos naturales al amparo del gobierno estatal y la lucha de Heriberto Pazos para esclarecer el asesinato de su compañero tuvo repercusiones: el 23 de octubre de 2010, Heriberto fue asesinado en la ciudad de Oaxaca por dos sicarios que viajaban en una motocicleta. Poco les importó a los homicidas que el líder de la MULT estuviera custodiado por tres escoltas asignados por el propio gobierno del estado tras las amenazas de muerte que había denunciado.
En su gestión como líder de la UNIT, Heriberto Pazos denunció el desplazamiento que se estaba registrando por la falta de agua en algunas localidades de San Andrés Chicahuxtla y Santo Domingo, en Putla, así como de San Martín Itunyoso y San José Xochixtlán, en Tlaxiaco, y de San Juan y San Miguel Copala.
Heriberto Pazos no estaba equivocado. Hoy día, en el municipio de Tlaxiaco, sólo las asociaciones de usuarios de la Unidad de Riego Ejido Ojo de Agua, para el Desarrollo Rural El Boquerón II y Ojo de Agua Tlaxiaco Oaxaca, cuentan con permisos para el uso de hasta 2 millones 45 mil 856 m3 de agua al año, a los que se suma el consumo que hacen las Unidades de Riego, Atotonilco, El Rincón, El Vergel, La Hierbabuena, La Providencia, El Llano Yosovee, Los Granados, Mexicalcingo, Río de Tablas, Río Yutatoto y San Vicente, que en total consumen un millón 691 mil 536 m3 de agua al año.
Así, mientras las comunidades triqui de la zona de Tlaxiaco se han visto en la necesidad de migrar por carencia de agua, el gobierno federal ha cedido en propiedad a los núcleos agrarios más de 3 millones 737 mil 390 m3 de agua al año; lo que contrasta con la cantidad que se entrega al sistema municipal para el suministro a la población, el cual obtiene 2 millones 581 mil 79 m3 de agua al año por medio de nueve pozos.
Hay que señalar que en la disputa por el agua de Putla Villa de Guerrero y en la de Tlaxiaco hay población triqui de ambos lados: tanto los que se benefician con el agua concesionada como los de las comunidades que carecen del líquido, lo cual ha dado pie a que los gobiernos federal y estatal cataloguen el conflicto como una disputa étnica, sin reconocer que el trasfondo es el agua.
Otro ejecutado a causa de la defensa del agua y el territorio en la zona triqui de Oaxaca fue José Merino Fernández. El 12 de enero de 2015, un comando armado se lo llevó cuando llegaba a su domicilio, tras haber participado en una reunión con los dirigentes del MULT. No se volvió a saber nada de él hasta que su cuerpo apareció, con visibles huellas de tortura y un balazo en la cabeza, en la carretera que va de Putla a La Joya.
El asesinato de José Merino Fernández fue atribuido a un secuestro que en apariencia no tenía nada que ver con su lucha social, según se estableció en las indagatorias de la procuraduría estatal. El crimen se atribuyó a una célula del llamado Cártel del Istmo, cuyo líder era Pedro Díaz Parada, pero el ministerio nunca ahondó en las razones del secuestro. José Merino no contaba con recursos suficientes como para haber atraído la atención de los plagiarios.
Lo mismo sucedió con Cirilo Castañeda Guzmán, el iniciador del movimiento de defensa del territorio triqui, quien fue asesinado en marzo de 2006 en el centro ceremonial de San Juan Copala luego de haber reclamado directamente al gobernador Ulises Ruiz la decisión de abrir las concesiones de uso de agua a núcleos agrarios que tenían convenios económicos con trasnacionales interesadas en la producción de granos básicos a gran escala.
A causa de la defensa del territorio indígena también fueron ejecutados Marciano Martínez Cruz y Rafael Hernández Cisneros, quienes habían extendido la resistencia al despojo hacia la zona de Santiago Juxtlahuaca. En esta región, una de las más pobres del estado, se ha intensificado la escasez del agua tras el despojo de las autoridades federales, al anteponer el suministro para cultivos agrícolas antes que para la población.
Otro defensor de la tierra y el agua que fue asesinado en Oaxaca es Benjamín Juárez José, quien fuera dirigente de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI). Esta organización se ha mantenido en pie de lucha contra los megaproyectos, principalmente mineros y de generación de electricidad, que intentan despojar de sus recursos a los pueblos del Istmo de Tehuantepec.
El 6 de abril de 2017, Benjamín Juárez murió de manera inexplicable en los separos de la policía municipal de Matías Romero, luego de ser detenido de forma arbitraria por elementos de esa corporación, con el supuesto requerimiento de acudir a una diligencia oficial. Sin ningún mandato judicial, el presidente suplente de la UCIZONI fue retenido durante más de 24 horas. Su cuerpo fue hallado con golpes en la cabeza dentro de una celda.
Benjamín Juárez también luchaba por frenar otros proyectos mineros en la zona del Istmo de Tehuantepec, como los de las mineras Zalamera, Maya Minas y Minerales y Geonorte, que mediante cinco títulos de concesión se han apropiado de más de 30 mil hectáreas de suelo en las localidades de San Miguel Chimalapa, Santo Domingo Zanatepec, San Pedro Tapanatepec, Ixtepec y Santiago Laollaga, para explotar minas con beneficio de oro, plata y cobre.
En San Miguel Chimalapa, con el fin de operar el llamado proyecto Santa Marta, que tiene una reserva de 5 mil 610 hectáreas de suelo a devastar, Minaurum Gold Inc. pretende hacer una extracción de agua de casi 670 mil m3 al año. La población de esta localidad, donde 11% no cuenta con servicio de agua potable en sus domicilios, sólo tiene autorizado el uso de 170 mil 496 m3 de agua al año, mediante 19 pozos propiedad del municipio.
Este adelanto de libro se publicó el 8 de septiembre de 2019 en la edición 2236 de la revista Proceso