Para el experto en aguas Salvador Peniche, los XVI Juegos Panamericanos dejaron una lección: que no se deben erigir construcciones en las zonas de protección ecológica, como El Bajío, en cuyo entorno se ubican la Villa Panamericana y el estadio Omnilife. Y ante la contaminación provocada en la zona por las descargas de aguas residuales durante la justa deportiva, el experto propone la demolición de ambas construcciones. De paso critica el andamiaje jurídico que protege a los infractores.
Ante el silencio de las autoridades con respecto a los resultados de las muestras de aguas negras tomadas a la Villa Panamericana por inspectores de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), los desarrolladores del inmueble y los organizadores de los Juegos le apuestan a que se olvide el problema y ellos se libren de una posible sanción.
No obstante, Salvador Peniche, de la Red Interdisciplinaria del Agua del Centro Universitario de Ciencias Económico y Administrativas (CUCEA) sostiene que si se quiere recuperar y preservar la zona de reserva y recarga de agua de El Bajío, lo ideal es demoler la villa y de paso el estadio Omnilife, que se encuentra en las inmediaciones del desarrollo urbano llamado Villa Bosque.
Según Peniche, la contaminación provocada por las descargas de aguas residuales durante la pasada justa deportiva continental deja como enseñanza “la crisis y el colapso de los sistemas de gestión de las áreas naturales protegidas (ANP) –como es el caso de El Bajío–, aun cuando los actores políticos finjan que no pasa nada y que el andamiaje legal intente perder de vista lo esencial: que no se deben erigir construcciones en las zonas de protección ecológica”.
A su vez, el Organismo Cuenca Lerma Santiago Pacífico de la Conagua confirma a este semanario que ya inició un procedimiento administrativo contra las dos instancias referidas por el vertido de aguas residuales durante la celebración de los XVI Juegos Panamericanos, y adelanta que de corroborarse que por lo menos se hicieron cuatro descargas podría presentar otras quejas.
De acuerdo con la dependencia, ni los desarrolladores de la villa ni los organizadores de los Juegos Panamericanos cuentan con permiso oficial para realizar descargas de aguas, por lo que es presumible que hayan cometido una falta a la Ley de Aguas Nacionales (LAN), por lo que deben ser sancionados.
“No hay permiso para descarga aunque tengan planta de tratamiento”, declaró categórico Raúl Antonio Iglesias Benítez, director del organismo a los medios locales el pasado 17 de noviembre; también dijo que “no hay que ser experto en lo que son las aguas. A simple vista se ve que es agua residual”.
Hasta la fecha, trabajadores de la Conagua han acudido a la Villa en tres ocasiones –una visita de campo y dos de inspección–. La última visita fue el 16 de noviembre.
Esa vez los acompañaron peritos y empleados de la Procuraduría General de la República (PGR), quienes reunieron información para integrar la averiguación previa correspondiente, luego de que las autoridades de Zapopan pidieron sancionar penalmente a los responsables del derrame de aguas residuales y sanitarias por tratarse de un delito federal.
De acuerdo con el ayuntamiento zapopano, por lo menos se violaron 25 normas de la Ley Federal de Equilibrio Ecológico y otras reglamentaciones ambientales federales, estatales y municipales, por lo que también se presentó una denuncia de hechos ante la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente y ante la Conagua.
La comuna presentó la querella una vez concluidos los Juegos Panamericanos y clausuró la villa antes de que fuera ocupada por los atletas parapanamericanos (Proceso Jalisco 366).
Juez y parte
Eugenio García Barajas, vocero de la Conagua en Jalisco, asegura que aun cuando el laboratorio que analizó las muestras de aguas residuales ya remitió los resultados, éstos no pueden divulgarse pues son “reservados”. Las pruebas oficiales se presentarán “sólo en caso de que aplique alguna sanción a la villa”, según el funcionario.
De acuerdo con el proceso jurídico en curso, únicamente son válidos los resultados de las muestras que hayan sido procesadas en un laboratorio certificado ante la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA) y avalados por la Conagua.
Para el experto en aguas Salvador Peniche, en México el problema es que las autoridades se constituyen en juez y parte. Y pone como ejemplo el caso del menor Miguel Ángel López Rocha, quien murió hace cinco años tras caer en las aguas contaminadas del río Santiago. En esa ocasión los “datos oficiales” indicaron que el fallecimiento no se debió a los altos niveles de contaminantes, aun cuando se comprobó lo contrario.
Además, dice, el laboratorio de la UdeG que analizó las primeras muestras de aguas residuales enviadas por el ayuntamiento zapopano no está certificado. Y aun cuando los resultados carecen de valor jurídico para la autoridad federal, revelan que sí se violó la norma oficial de calidad del agua, ya que los niveles tolerados se rebasaron en 300%.
Como miembro de la Red Interdisciplinaria del Agua del CUCEA, Peniche advierte que el principio legal vigente en la política ambiental mexicana, según el cual “el que contamina paga”, se ha pervertido.
Hoy los desarrolladores inmobiliarios se conducen con criterios monetarios, por lo que se preocupan más por saber cuándo tendrán que pagar por las violaciones a las normas ecológicas, en lugar de pensar en realizar obras que eviten la contaminación.
Por si eso fuera poco, los infractores saben que pueden pasar años defendiéndose en tribunales antes de resarcir los daños; saben también que tienen a su disposición el recurso de revisión, incluso ante la Conagua, y que pueden promover un juicio de nulidad e irse al amparo, admite Óscar Miguel Herrera Camacho, director de Administración del Agua del organismo.
La Dirección de Ingresos del Ayuntamiento de Zapopan requirió al Comité Organizador de los Juegos Panamericanos Guadalajara 2011 (Copag) el pago de 668 mil pesos y advirtió que en caso de no ser cubierto se hará cumplir vía el embargo.
El importe corresponde a la suma de las actas levantadas por la Dirección General de Inspección de Reglamentos (la 75520, impuesta el 24 de octubre, por un monto de 194 mil 780 pesos; la 176033, del 27 de octubre, por 207 mil 265; y la 174685, del 9 de noviembre, por 266 mil 824.60 pesos).
Desde que el ayuntamiento informó sobre las descargas, el Copag minimizó la situación, pero ahora, con el procedimiento jurídico en curso, le apuesta al olvido y a que con el tiempo y las autoridades estatales a su favor, pueda pagar a un tercero para lavar su imagen.
Las multas federales van de 300 mil a un millón 200 mil pesos por cada uno de los 24 conceptos de violación que prevé la Ley de Aguas Nacionales. Sin embargo, la Conagua podría ordenar medidas de biorremediación que sólo en caso de que el infractor incumpla –una vez que quede firme la sentencia–, la dependencia podrá ejecutar con cargo a éste.
A finales de noviembre, el director de Operaciones y Deportes, Ivar Sisniega aprovechó el Foro de Turismo y Anfitrionía, FIL Guadalajara 2011, organizado por la Secretaría de Turismo, para declarar que las sanciones aplicadas por el ayuntamiento zapopano carecen de sustento, según la nota publicada por El Informador en su edición del día 30.
Y aun cuando el Copag admitió que hizo descargas de aguas residuales, aseguró que éstas no tuvieron “mayores consecuencias para la zona”, según el estudio elaborado por la empresa Biósfera Azul, Consultoría en Desarrollo y Conservación Ambiental, afín a la institución.
Tras analizar muestras de lodo tomadas los días 7 y 8 de noviembre, cuando los atletas ya se habían retirado de la Villa Panamericana, la firma dictaminó que “no se detectaron residuos con metales pesados o substancias altamente contaminantes y mucho menos contaminación en el acuífero”.
Herrera Camacho insiste en que el camino jurídico es largo y admite que “lamentablemente” en Conagua hay varios casos en los cuales los infractores recurren a los tribunales antes de aceptar la sanción con el propósito de “alargar los plazos”.