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CIUDAD DE MÉXICO (apro).— La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Cultura Cívica para imponer arresto inconmutable de hasta 36 horas a personas que aparten espacios o condicionen el uso de la vía pública a cambio de un pago. La medida fue anunciada durante una conferencia en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento y enviada al Congreso de la Ciudad de México para su análisis y votación.
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Nueva figura legal en la Ley de Cultura Cívica
La iniciativa contempla la adición del artículo 28 Bis y reformas al artículo 31, para establecer sanciones a quienes “exijan, coaccionen o intimiden de cualquier manera” para obtener un pago por vigilar, cuidar o apartar vehículos en la vía pública. En caso de amenazas o agresiones, se prevé el traslado del caso a la Fiscalía capitalina por posible comisión de delito.
De acuerdo con el proyecto entregado al Congreso, el arresto no podrá ser conmutado por multa o trabajo comunitario. Actualmente, la ley vigente permite sanciones como trabajo cívico o multa, incluso en casos donde se ocupan objetos para reservar lugares de estacionamiento.
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La jefa de gobierno de la CDMX señaló que la reforma no busca criminalizar la pobreza, sino atender causas estructurales. A través de programas impulsados por la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo y la Secretaría de Desarrollo Económico, el Gobierno capitalino ofrecerá alternativas laborales, capacitación y apoyo para el emprendimiento.
“Muchas de las personas que realizan esta actividad enfrentan exclusión del mercado laboral o situaciones de desigualdad. Por eso también estamos generando oportunidades de inclusión”, expresó la mandataria capitalina.
Campaña informativa y participación ciudadana
Además de la reforma legal, el Gobierno capitalino lanzará la campaña “El espacio público es de todas y todos”, con el fin de informar a la ciudadanía sobre las conductas prohibidas, las sanciones correspondientes y las vías para reportar abusos en el uso de la vía pública.
La Jefatura de Gobierno explicó en un comunicado oficial que esta campaña también busca fomentar la corresponsabilidad ciudadana en el respeto al espacio público, con herramientas legales y canales de denuncia al alcance de la población.
Legislación vigente y contexto legal
Según la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, en su versión vigente publicada en la Gaceta Oficial el 1 de agosto de 2019, el artículo 28, fracción XVII, sanciona con arresto de hasta 36 horas, multa o trabajo comunitario a quienes impidan el libre tránsito o coloquen objetos para apartar lugares en la vía pública. La propuesta actual busca crear una figura específica para sancionar el cobro por vigilar o apartar autos.
En su informe de 2023, la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) documentó que los franeleros representan una forma irregular de privatización del espacio público, especialmente en zonas como Roma, Condesa, Polanco y el Centro Histórico. La PAOT ha recibido quejas recurrentes por la imposición de cuotas y el uso indebido de banquetas, con o sin autorización.
Operativos recientes en alcaldías
Durante enero de 2025, la alcaldía Cuauhtémoc realizó diversos operativos en colonias como Roma Norte, Juárez, Centro y Doctores. En total, se reportaron al menos 166 personas remitidas al juzgado cívico por prácticas como el cobro ilegal por estacionamiento y la colocación de objetos para reservar espacios, según informó la propia alcaldía en redes sociales y boletines de la SSC-CDMX.
Las acciones se enmarcaron en el artículo 28 de la Ley de Cultura Cívica y contaron con apoyo de la Policía Auxiliar y personal de tránsito.
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Proceso legislativo y seguimiento
La propuesta enviada por el Gobierno de la Ciudad será turnada a comisiones del Congreso local para su análisis. De ser aprobada, entrará en vigor tras su publicación en la Gaceta Oficial, lo que permitirá aplicar las nuevas disposiciones legales de inmediato.
Implicaciones legales
Brugada subrayó que cuando se acredite que un franelero incurrió en amenazas, agresiones o robo, la falta administrativa pasará al ámbito penal. El Código Penal de la Ciudad de México tipifica estos delitos en los artículos 209 (amenazas), 130 (lesiones) y 148 (extorsión).
El Gobierno capitalino argumenta que esta reforma pretende recuperar el espacio público como un derecho colectivo, al tiempo que se brindan opciones reales a quienes hoy dependen del trabajo informal.
Cortesía de Proceso.