PUEBLA, Pue. (apro).- La expresidenta municipal morenista de Izúcar de Matamoros, Irene Olea, fue vinculada a proceso por el delito de intimidación en agravio de testigos como parte del caso de tortura sexual en contra de las periodistas Michelle y Natalie Hoyos.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que la ex alcaldesa presuntamente amenazó a testigos clave con perder su trabajo si declaraban lo sucedido ante las autoridades.
Al salir de la audiencia, Michelle Hoyos informó que el juez Jorge Eduardo Ramírez Téllez vinculó a proceso a la ex edil sólo por el delito de intimidación, aunque se buscaba que también fuera procesada por el delito de falsificación de documentos, pues se alteraron informes para negar que las periodistas fueron detenidas.
Dijo que este fallo será impugnado, pues se considera que había elementos suficientes para que Irene Olea fuera vinculada a proceso también por ese delito.
De acuerdo con el expediente de este caso, la entonces edil despidió a tres ex funcionarios de su administración que se negaron a apoyarla en una denuncia que las periodistas presentaron en contra de su administración en marzo de 2023, luego de que fueron levantadas y sometidas a tortura por policías municipales.
Los hechos se registraron en el marco de las movilizaciones feministas del 8M de ese año, cuando las reporteras fueron a cubrir algunas de las protestas y, sin haber motivo, fueron llevadas detenidas junto con algunas activistas a los separos de la policía municipal, donde fueron incomunicadas y sometidas a diversas torturas, incluso sexuales.
Se presume que esto ocurrió como una reprimenda luego de que las reporteras trabajaban en un medio crítico a la administración morenista.
Cabe recordar que Socorro Barrera, una testigo de la FGR, fue asesinada el 20 de junio de 2024 cuando estaba a punto de rendir su declaración sobre el caso.
En un comunicado, la FGR indica que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) informó que el juez dio dos meses para la investigación complementaria e impuso medidas cautelares para la protección de las víctimas del delito.
Refiere que, a la fecha, cinco personas que al momento de los hechos fungían como policías municipales y un Juez calificador local se encuentran vinculados a proceso por el delito de tortura sexual en contra de varias mujeres, entre ellas dos periodistas por hacer uso de su derecho a la libertad de expresión.
Además, 11 personas subordinadas a la entonces presidenta municipal se encuentran vinculadas a proceso por diversos delitos en este caso, entre los que destacan la presentación de informes falsos para tratar de encubrir la tortura sexual.
