OAXACA, Oax. (apro).- La conflictividad social y comunitaria, los altos niveles delictivos, así como la propia militarización en el estado, permite la adquisición de armas de fuego a manos de agresores machistas, situación que pone en un grave riesgo la integridad y la vida de las mujeres y las niñas oaxaqueñas.
Así lo reconoció la presidenta del Grupo de Estudios sobre la Mujer “Rosario Castellanos” (GESMujer), Angélica Ayala Ortiz, quien agregó que “el 75% de todos los asesinatos violentos ocurridos en el 2022 han sido con armas de fuego; el 41% han sido en la propia casa de las víctimas y el 17% de todos los casos en niñas y adolescentes menores de 18 años, lo que coloca en riesgo nuestro futuro como sociedad”.
Mencionó además como datos relevantes que 657 niñas y mujeres han sido asesinadas de manera violenta durante el actual sexenio de Alejandro Murat Hinojosa, quien busca ahora ser candidato a la presidencia de la República.
Y desde que se emitió la Declaratoria de Alerta por la violencia de género van 442 mujeres asesinadas, y 75 feminicidios en lo que va del año.
Durante la Conferencia del Grupo de trabajo “Espacio de análisis y actuación ante la conflictividad en Oaxaca” perteneciente al programa institucional de cultura de paz del Instituto de Investigaciones Sociológicas de la UABJO, Ayala Ortiz recalcó que la violencia feminicida es la manifestación de que han fallado las políticas públicas en materia de prevención, atención y sanción de la violencia hacia las niñas y mujeres.
Ante esta situación, la exigencia de justicia a través de la protesta social en el estado, significa que los mecanismos institucionales no están cumpliendo con su responsabilidad, siendo la impunidad uno de los elementos que movilizan a familias, comunidades, colectivas y organizaciones.
Finalizó su participación mencionando que uno de los grandes retos para avanzar hacia la prevención, atención y sanción de la violencia de género, implica visibilizar cómo impactan los conflictos sociales, comunitarios y delictivos a la seguridad, integridad y la vida de las niñas y mujeres.
Por lo tanto, agregó, una política pública debe atender esta problemática desde una perspectiva de género, además de formar parte prioritaria de la agenda del nuevo gobierno, sin olvidar la exigencia de justicia para todas y cada una de las niñas y mujeres víctimas de feminicidio de la actual administración.
