La senadora Xóchitl Gálvez Ruiz presentó una iniciativa para que el titular del Poder Ejecutivo Federal se le impute el delito de traición a la patria, cuando no respete las leyes electorales dentro o fuera de un proceso electoral.
Planteó una sanción de 10 a 50 años de prisión y multa de tres mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalentes a 325 mil 710 pesos al presidente o presidenta de la República que cometa ese delito.
La excandidata presidencial, en conferencia de prensa, informó que registró en la Gaceta Parlamentaria de la Comisión Permanente una iniciativa para modificar el Código Penal Federal y la Ley General en Materia de Delitos Electorales.
Acusó que el presidente López Obrador en todo momento intervino en el proceso electoral pasado; sin embargo, reconoció que “difícilmente” prosperará su iniciativa.
“Difícilmente vamos a tener un periodo extraordinario, pero la quise dejar como la experiencia que yo viví y el hecho de que tenga yo sentencias a mi favor y que no pase absolutamente nada.
“El presidente se cansó de decir que no había fuero, se cansó de decir que era igual ante la ley y hoy lo que vemos con las sentencias es que no lo pueden tocar porque es el presidente de la República”, mencionó.
¿Qué buscaría la reforma?
La integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional plantea modificar el artículo 123 Bis del Código Penal Federal, para imputar al presidente cuando realice alguna de las conductas siguientes:
- Use o permita el uso de los recursos públicos, bienes, fondos, servicios, o beneficios relacionados con la Administración Pública Federal Centralizada y Paraestatal con la finalidad de incidir en el electorado para posicionar, apoyar o promover, ante el electorado, a una persona precandidata, aspirante candidata, candidata, partido político o coalición.
- Use o permita el uso de los recursos públicos, bienes, fondos, servicios, o beneficios relacionados con la Administración Pública Federal Centralizada y Paraestatal con la finalidad de incidir en el electorado para denostar, atacar, injuriar o difamar, ante el electorado, a una persona precandidata, aspirante a candidata, candidata, partido político o coalición.
- Ejerza, por cualquier medio, violencia política de género, en contra de una persona precandidata, aspirante a candidata, candidata, partido político o coalición, con la finalidad de incidir en el electorado.
- Vulnere, por cualquier medio, los principios de equidad, imparcialidad y neutralidad electoral, establecidos en los artículos 41, fracción III, apartado C, y 134, séptimo y octavo párrafos, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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“Entonces, dejo el testimonio de dos sentencias ya ganadas y todavía hay más de 30 en curso. Vamos a ver si el tribunal sigue resolviendo y si sigue resolviendo a mi favor un año después, después de que acabó el proceso electoral, ¿ya para qué? Pero creo que podemos ponerle remedio.
“No está bien que el presidente intervenga en la elección, no está bien lo que pasó. No me parece que sea justo ir a una cancha tan dispareja. En cualquier partido de futbol a la segunda amonestación te sacan de expulsión. Aquí salieron más de 30 tarjetas amarillas y nunca hubo una expulsión”, lamentó.
Cortesía de Reporte Índigo.