Tras una larga e inusual sesión privada del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) las ministras y los ministros aprobaron modificaciones al presupuesto propuesto a la Cámara de Diputados, en virtud del recorte del 12.1 por ciento que los legisladores aprobaron.
Entre las propuestas presentadas por la ministra Presidenta, Norma Lucía Piña Hernández, se puso a consideración la disminución de los recursos destinado al comedor de los trabajadores y el recorte a varias de sus prestaciones, pero “No se tocaron los privilegios y las prestaciones de funcionarios de mayor jerarquía” que están expresamente prohibidas por las fracciones I, IV y VI del artículo 16 de la “Ley Federal de Austeridad Republicana”.
Si bien la propuesta implica el cierre del comedor de ministras y ministros, medida que apoyó la ministra Lenia Batres Guadarrama, también plantea la reducción de 50% en el techo presupuestal para los comedores de los trabajadores, así como el establecimiento de una estrategia que incluya nuevas reglas para la prestación de este servicio y la revisión de la cuota de recuperación que se paga por el consumo de alimentos.
“Con esta medida se pretende ahorrar la cantidad de 25 millones, 897 mil 214 pesos”.
También se aprobó descontar más de 158 millones de pesos que irían destinados al pago del bono de fin de año para los trabajadores con rangos MM14 al PO33 (secretarios auxiliares y personal operativo).
De igual manera se disminuyó el 31% de espacios de estacionamiento. Ello requerirá ajustar el número de cajones asignados a todos los órganos y áreas, incluidas las ponencias de ministras y ministros.
En contraste, la Ministra Presidenta propuso mantener un área especializada para la atención a Ministros y Exministros, el Seguro de Separación Individualizada (que implica un gasto de 204 millones, 988 mil 949 pesos), el servicio de telefonía celular para altos funcionarios (que implica el gasto de un millón, 939 mil 948 pesos), la asignación de vehículos innecesarios (dos camionetas con blindaje para la movilización cotidiana de cada ministro), la Asignación para Comidas a favor de los ministros (fuera del comedor interno), los Medicamentos que no son provistos por el seguro privado de gastos médicos mayores, entre otros privilegios que la Ministra Lenia Batres Guadarrama ha denunciado constantemente.
En esta misma sesión, se propuso que fueran estos los conceptos que se suprimieran, en vez de tocar el bono de los trabajadores operativos y el presupuesto para su comedor, cabe mencionar que la Ministra Loretta Ortiz Ahlf secundó el recorte de estos privilegios.
No solo no se suprimieron estos privilegios, sino que incluso se sometió a votación restituir la remuneración de Ministras y Ministros, que se había logrado disminuir en un 12% en la propuesta presupuestal para 2025, aprobada por el Pleno en noviembre pasado, este fue el punto más debatido de la sesión privada y finalmente fue rechazado.
A favor de incrementar las remuneraciones de los Ministros votaron Mario Pardo Rebolledo, Javier Laynez Potisek, Juan Luis González Alcántara Carrancá y Yasmín Esquivel Mossa.
Los Ministros que No apoyaron la propuesta de aumentar su salario fueron Lenia Batres, Loretta Ortiz Ahlf, Norma Piña Hernández, Margarita Ríos Farjat, Alberto Pérez Dayán y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.
Al respecto y mediante un comunicado el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) informó que aprobó por unanimidad, en lo general, los ajustes al presupuesto a ejercer este año, derivados del recorte de 714.4 millones de pesos que la Cámara de Diputados hizo a los recursos solicitados por este Alto Tribunal.
El presupuesto autorizado a la Suprema Corte fue de 5 mil 208.5 millones de pesos, que representa, en términos reales, una disminución de 13% respecto de lo que le fue autorizado para 2024 y destaco que:
“Frente al recorte más significativo de los últimos quince años, la Suprema Corte se ha visto en la necesidad de ajustar previsiones de gasto que afectarán a actividades programadas, programas operativos y proyectos institucionales, y que tornan incierto el cumplimiento cabal de lo dispuesto en el artículo Décimo Transitorio de la reforma constitucional al Poder Judicial, relativo a la protección íntegra de los derechos de los trabajadores conforme a las Condiciones Generales de Trabajo vigentes”.
Al respecto, la SCJN; destacó que por conducto de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) la Presidenta de la República se ha comprometido a gestionar, en caso de que la insuficiencia de recursos afecte algún derecho laboral, las ampliaciones presupuestarias necesarias.
Y finalizó señalando que de cualquier forma, la Suprema Corte ha hecho las previsiones necesarias para continuar impartiendo justicia y protegiendo los derechos fundamentales de los ciudadanos, con los mismos estándares de calidad y servicio con los que ha operado hasta ahora.
Cortesía de Reporte Índigo.
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