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La intensificación de la violencia y las necesidades humanitarias en Colombia amenazan con revertir años de avances en la protección e integración de las poblaciones desplazadas en el país, afectando principalmente a las personas más vulnerables, como niños y mujeres.
Colombia tiene una de las mayores poblaciones desarraigadas del mundo, con más de siete millones de desplazados internos, casi tres millones de refugiados y migrantes venezolanos, y más de 500.000 colombianos retornados.
La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) ha asistido a esas poblaciones durante años, destacando a Colombia como un pilar de solidaridad regional con las personas que huyen de la violencia.
Los recursos se agotan
“Sin embargo, a medida que se agota el financiamiento, ACNUR se ve obligado a suspender servicios esenciales, lo que amenaza con revertir años de progreso y dejar a los más vulnerables sin el apoyo que necesitan desesperadamente”, advirtió este viernes el portavoz del organismo.
En conferencia de prensa en Ginebra, William Spinder argumentó que los programas de la Agencia apoyan a las comunidades afectadas por el conflicto, facilitan el retorno seguro de las familias desplazadas internamente y regularizan los asentamientos urbanos informales están siendo reducidos o interrumpidos.
“Estos recortes socavan el progreso hacia la estabilidad, la integración local y la autosuficiencia de las personas refugiadas y desplazadas internamente”, detalló.
Spinder explicó que la suspensión de la ayuda, podría forzar a los desplazados y refugiados a desplazarse una vez más en busca de seguridad y estabilidad, mientras que las personas retornadas no encontrarán las condiciones para asentarse de nuevo.
El Catatumbo, una de las regiones más afectadas
La región del Catatumbo, a lo largo de la frontera entre Colombia y Venezuela, es una de las más perjudicadas por la falta de recursos financieros.
En esa zona, los enfrentamientos recientes entre grupos armados no estatales han forzado el desplazamiento de más de 63.000 personas, en lo que se ha convertido en el mayor incidente de desplazamiento masivo registrado en la historia de Colombia, añadió el portavoz.
ACNUR ha tenido que detener la distribución de artículos básicos de socorro, como colchones, mantas, kits de higiene, lámparas solares y mosquiteros, a pesar de que la violencia continúa.
En riesgo la estabilización a largo plazo
Según el organismo de la ONU, la estabilización del país a largo plazo también corre riesgos en vista de que ha debido suspender su apoyo a la legalización de asentamientos informales, impulsada por el gobierno.
“Esa iniciativa garantiza soluciones mediante derechos de propiedad y permite el acceso a agua, electricidad y vivienda segura para más de 105.000 personas. Sin este apoyo, muchos permanecen en condiciones de vida precarias sin un camino claro hacia la recuperación”, precisó Spinder.
Los niños quedan sin protección
Las afectaciones de la falta de financiamiento se extienden a los programas de protección infantil y dejan a los niños en peligro de ser reclutados por grupos armados.
De igual manera, la documentación de más de 500.000 venezolanos también está en riesgo debido a la falta de financiamiento. “Sin identificación, cientos de miles de venezolanos enfrentarán dificultades para establecerse, acceder a atención médica, educación y empleo legal, lo que aumenta drásticamente su vulnerabilidad a la explotación y el abuso”, apuntó el portavoz.
En este contexto, ACNUR urgió a la comunidad internacional a aumentar su apoyo y proporcionar los fondos necesarios para mantener sus operaciones en Colombia.
ACNUR precisa de 118,3 millones de dólares para continuar su labor este año. En tanto, el Plan Regional de Respuesta para Refugiados y Migrantes Venezolanos, requiere 1400 millones de dólares y solo cuenta con un 4,6% de esa cantidad.
Cortesía de Naciones Unidas.