De la Redacción
Periódico La Jornada
Viernes 4 de febrero de 2022, p. 9
Veinticinco activistas, académicos, organizaciones nacionales y familiares de víctimas de asesinato y desaparición se sumaron a las acciones legales de México contra los fabricantes de armas de Estados Unidos en calidad de amigos de la corte
en la demanda civil presentada en un tribunal federal de Massachusetts.
Al igual que seis de las principales organizaciones estadunidenses de prevención de violencia de armas de fuego, las organizaciones y particulares mexicanos se sumaron al caso con la figura amicus curiae: forma aceptada para que otros que no son parte de la disputa ante el tribunal puedan presentar sus consejos y opiniones en el interés público.
Entre las organizaciones y personas que apoyan la demanda figuran Santiago Aguirre Espinosa, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, numerosos estudiosos del impacto que ha tenido el tráfico de armas en la violencia de los cárteles mexicanos y familiares de víctimas convertidos en activistas.
También, Adrián LeBarón, cuyos familiares, entre ellos varios niños, fueron asesinados en noviembre de 2019, y Cecilia Farfán Méndez, jefa de Programas de Investigación de Seguridad del Centro de Estudios Mexicanos de la Universidad de California.
El grupo justifica su apoyo a la demanda de México contra los fabricantes de armas al citar la forma en que el tráfico ilegal de sus productos ha diezmado las vidas y la economía de nuestro país.
El documento señala que el uso de pertrechos adquiridos de manera ilegal por grupos criminales ha generado pérdidas incalculables de vidas humanas y propiedades, además de decenas de miles de desaparecidos, y en general ha dañado el tejido social.
Están también los miles de millones de dólares que el gobierno mexicano ha tenido que destinar a los presupuestos de la policía y el Ejército, a costa de pérdidas en el empleo y la recaudación fiscal.
Esto ocurre, lamentan, a pesar de que México tiene una de las leyes más estrictas del mundo, por lo que muy pocas personas en nuestro país pueden adquirir armas legalmente, además de que el permiso para obtenerlas se restringe a las que no superan el calibre 38.
Consulte la lista completa de organizaciones y particulares en https://cutt.ly/TOUjECT .
Cortesía de La Jornada.