PACHUCA, Hgo. (apro).- Arturo Williams Trejo Leal, su esposa Bertha Eva Medina Hernández, y la diputada local con licencia Alhely Medina Hernández fueron vinculados a proceso por presunta responsabilidad en el caso de abuso sexual infantil denunciado en 2022, en Zimapán, Hidalgo.
El juez de control Jesús Anim Ope Islas dictó la medida cautelar de prisión preventiva justificada para Arturo Williams y su esposa; sin embargo, no puede entrar en vigor porque cuentan con una suspensión otorgada por un juez federal que los protege ante esta determinación, en tanto el asunto se resuelve de fondo.
Si el fallo del amparo no es a su favor, la prisión tendría efecto de manera inmediata por los cargos imputados de abuso sexual y violación equiparada, según lo expuesto tras el debate entre las partes para determinar las medidas cautelares.
En tanto, para la legisladora con licencia, el juez Ope Islas impuso una restricción para salir del país por el tiempo que dure el proceso y que se presente de manera mensual ante la Unidad de Medidas Cautelares (UMECA).
El caso es analizado en juzgados federales por la serie de acontecimientos que se han presentado: una primera no vinculación a proceso, la cual fue ratificada en una segunda instancia local; no obstante, tras un amparo, una jueza federal ordenó valorar nuevamente elementos no ponderados en la primera audiencia, con lo cual regresó la etapa a ese primer momento.
La audiencia fue privada y los imputados comparecieron a través de la plataforma Zoom por autorización del juez, quien consideró una solicitud enviada por Trejo Leal: “ante el temor de comparecer ante el órgano y ser objeto de algún ataque”, pues refirió que a través de redes sociales habían recibido comentarios en los que hablaban de atentar contra sus vidas, una amenaza de linchamiento, así como una cartulina blanca y una lona con mensajes que, afirmó, aludían a que su integridad estaba en riesgo.
Debido a ello, ante el juzgado Penal de Control, Juicio Oral y Ejecución del Primer Circuito Judicial de Pachuca se presentaron en la modalidad virtual, con fallas de conectividad al principio que retardaron el desarrollo.
El caso data de 2022: el 17 de junio de ese año, presentó la denuncia Jaqueline Trejo Leal, madre de las niñas y hermana de Arturo Williams e Ixtshelle (ambos acusados por este delito; la segunda, con orden de aprehensión vigente). Las niñas mencionaron a sus tíos y a las parejas de ambos en posibles situaciones que podrían configurar en agresiones de índole sexual.
Jaqueline y sus hijas fueron enviadas, primeramente, a un refugio de alta seguridad en la Ciudad de México por determinación de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra). Durante esa estadía, otra hermana, Aylén Trejo Leal, adquirió la representación legal de las niñas mediante poder notarial firmado.
El 9 de marzo de 2023 en Playa del Carmen, Quintana Roo, Arturo Williams Trejo Leal y Bertha Eva Medina Hernández fueron detenidos y permanecieron en reclusión siete días, hasta la madrugada del 16, cuando la jueza Janett Montiel Mendoza determinó no vincularlos a proceso.
En su argumentación, la jueza expuso que “las niñas presentan una afectación y posiblemente sea de carácter sexual y hasta el día de hoy no está claro el evento”, pues dijo que no tenía certeza que las personas que les generaron daño fueran los imputados y no otras libres. Asimismo, cuestionó al ministerio público por una serie de pruebas que, por una parte, parecían acreditar el delito y otras que lo desestimaban. Para ese momento, Montiel también conoció que había un resultado positivo de Virus de Papiloma Humano (VPH) en una de las víctimas.
El 2 de junio de 2023 el magistrado del Poder Judicial de Hidalgo Víctor Juárez González confirmó la decisión, pero el 13 de diciembre de 2024, un año nueve meses después de la decisión de no vincular a proceso, y tras un amparo promovido por Jaqueline, Marien Ángeles Tovar, jueza Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, determinó que los argumentos expuestos por Montiel y el magistrado Juárez resultaban “insuficientes” para restar credibilidad y certeza a las imputaciones de las niñas hacia Willy –como también es conocido– y Eva, tanto al ampliar la declaración la más pequeña, como en una entrevista con una perito de la Fiscalía General de la República (FGR) la segunda.
Asimismo, les remarcó que en el periodo de investigación “no se exige” acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad de los presentados, sino contar con datos que establezcan que hay un ilícito y que exista la posibilidad de que ellos lo hubieran cometido o participado. Consideró que en el caso había una “prueba razonable”, por las declaraciones de las niñas y evidencia de abuso sexual en los peritajes.
Esta resolución es la que llevó nuevamente a la audiencia inicial, que se celebró este 9 de junio. Previamente, el 15 de abril, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) solicitó órdenes de aprehensión contra Arturo Williams y su esposa, además de la diputada local, ahora con licencia indefinida y en ese momento en funciones, Alhely Medina Hernández, hermana de Bertha Eva, ya que durante un Test de Apercepción Temática Infantil en la versión animales en agosto de 2022, y un estudio de integridad física, edad clínica probable, ginecológico y proctológico de septiembre del mismo año, las hermanas menor y la mayor la mencionaron.
Durante la exposición de motivos, el Ministerio Público también externó un fortalecimiento de la carpeta, ante nuevas valoraciones.
Ellos tres, más Ixtshelle Trejo Leal y su esposo Eduardo Bibiano Badillo Mejía (estos últimos no localizado, pero con órdenes de aprehensión vigentes desde 2022) son los cinco imputados por este caso, en el que la parte acusadora ha denunciado supuesta injerencia política del actual gobierno en favor de los acusados, y éstos, a su vez, intereses económicos y pruebas manipuladas en la carpeta 20-2022-00190, porque, afirman, un conflicto dentro de la familia por la herencia del finado padre Arturo Trejo Villeda (acaecido en febrero de 2022) está detrás de la acusación.
De los estudios ampliados que integran la carpeta hay una confirmación: las menores fueron víctimas de abuso, y el VPH es uno de los indicadores.
“Somos inocentes”, dicen imputados
Después de que fueron liberadas órdenes de aprehensión en su contra, las corporaciones de seguridad iniciaron la búsqueda del matrimonio, hasta que consiguieron el amparo vigente. En esa coyuntura, Proceso habló con los imputados.
“Jaqueline ahí estaba con nosotros. Jaqueline estaba unida. Ella estaba enemistada con Aylén por todo lo que Aylén le había hecho al papá”, dijo Bertha Eva, quien afirma que días antes de que Jaqueline se marchara de Zimapán hubo una conversación tras los resultados de dictámenes psicológicos que le practicaron a la hija mayor, entonces de ocho años, en los cuáles se menciona un posible abuso. Ese, cree, fue un detonador.
“A ver, Jaqueline, no puede entrar aquí el Chino (Saúl Camargo, su pareja, y quien también es parte de una línea de investigación por una referencia previa de una de las víctimas). Ya les hiciste bastante daño exponiéndolas en el tema de sexualidad las niñas, ya desarrollaron una hipersexualización”; discutieron.
El 9 de junio de 2022, Jaqueline se fue con sus hijas de Zimapán al municipio de Agua Blanca. El 17, ella presentó la denuncia contra sus hermanos. En los testimonios que integran la carpeta 20-2022-00190, las menores refieren directamente a sus tíos como posibles agresores.
Para el matrimonio, hay errores en temporalidad y lugar en las declaraciones, a través de las cuales el Ministerio Público situó las agresiones del 18 al 27 de abril de 2022 en un domicilio de la colonia Centro, en Zimapán (en ampliaciones siguientes, se sugieren posiblemente otros actos y otros momentos).
“Nunca estuvimos las cinco personas (imputadas) juntas. Shell y Lalo estaban con Jacqueline con el tema de la operación, y la mamá de Lalo, cuidando a las niñas en su casa”, respondió Arturo Williams Trejo al ser cuestionado sobre los supuestos errores.
Por requerimiento de la investigación, el Centro Médico Pasteur de Ixmiquilpan respondió que Jaqueline ingresó el 18 de abril de 2022 y salió el día 20 por un procedimiento del apéndice, un momento citado por las niñas, en el que ocurrió una posible agresión.
Inquiridos también por qué, si afirmaron que habían detectado una vulneración previa hacia las menores por las pruebas psicológicas realizadas a la hija mayor, no acudieron a las autoridades en ese momento, sino hasta después de que ellos habían sido denunciados, Trejo Leal respondió:
“Quizá la denuncia debía haber sido inmediata desde noviembre (cuando afirman que detectaron descuido y afectaciones en las niñas) y no en marzo, cuando recibimos nosotros los dictámenes de parte del psicólogo….”. Esos dictámenes han sido incorporados a la carpeta central y a otra –no judicializada, 20-2022-00203– por el posible delito de corrupción de menores, en el que los acusados son Jaqueline Trejo y Saúl Camargo, iniciada por Bertha Eva y a la que el padre de las niñas, Mario Alfredo Espinoza Bernardini, da seguimiento.
Bertha Eva, en tanto, planteó que sus hijos también han sido afectados por el caso, porque además de declarar ante las autoridades, les realizaron pruebas psicológicas para identificar si había indicadores de abuso sexual. Los resultados, insiste, fueron negativos.
Aylén Trejo, representante de las menores, denominó “cuartada” la alusión a un posible abuso antes de la denuncia y en una conferencia de prensa afuera de la sede del Poder Judicial el día previo a la audiencia dijo que conectarse mediante Zoom no garantizaba que, de ser vinculados a proceso, su hermano, su cuñada y la diputada Medina Hernández se entregaran a las autoridades.
El amparo que poseen, sin embargo, los protegía incluso aunque la medida cautelar de prisión preventiva fuera dictado, en tanto el asunto, que está en juzgados federales, se resuelve de fondo.
Por la mañana, al inicio de la audiencia, hubo protestas afuera del juzgado Penal de Control, Juicio Oral y Ejecución del Primer Circuito Judicial de Pachuca –ubicado en bulevar Minero, a la salida al municipio de Actopan–, con la exigencia de justicia para las menores; también señalamientos directos hacia quienes han sido presentados como los principales imputados. Por la tarde, una organización denominada No más presos inocentes hizo un pronunciamiento afuera del Tribunal Superior de Justicia de Hidalgo –al sur de la capital de la capital del estado, con dirección a la Ciudad de México–, en el que su vocera, Karina Escandón Camargo, acusó pruebas manipuladas y un caso construido mediáticamente, aunque reconoció que los delitos sexuales ocurrieron.
La audiencia concluyó minutos antes de la medianoche. El proceso continúa en el ámbito local, mientras en juzgados federales se resuelve de fondo la suspensión con la que cuentan los principales imputados.
Cortesía de Proceso.