CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Además de los señalamientos por presunto lavado de dinero vinculados al tráfico de opioides, Vector Casa de Bolsa, propiedad del empresario Alfonso Romo, participó en operaciones que facilitaron el pago de sobornos del Cártel de Sinaloa a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón, según la investigación realizada por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
De acuerdo con el documento oficial, FinCEN señaló que cuenta con evidencia sobre las transacciones que involucraron a la casa de bolsa con sede en México.
“Vector participó en varias transacciones durante varios años que, según la evaluación de FinCEN, involucraron los beneficios de sobornos pagados por el Cártel de Sinaloa al ‘principal funcionario de seguridad pública de México’, Genaro García Luna”, sostiene el informe.
La autoridad estadunidense recordó que García Luna fue condenado en 2023 por una corte federal en Nueva York, tras demostrarse que entre 2001 y 2012 —cuando fungía como secretario de Seguridad y previamente como titular de la Agencia Federal de Investigación (AFI)— permitió al Cártel de Sinaloa operar con impunidad a cambio de millones de dólares en sobornos.
“FinCEN también determinó que, entre 2013 y 2019, una empresa controlada por García Luna realizó transacciones con Vector por un total de más de 40 millones de dólares”, sostiene.
Según la evaluación del organismo, las operaciones involucran el producto de los sobornos pagados al exfuncionario y se suman a las transferencias detectadas anteriormente —como las realizadas por una “mula de dinero”— que, en conjunto, según FinCEN, probablemente facilitaron el tráfico ilícito de opioides por parte del Cártel de Sinaloa.
Vínculos
Durante años, García Luna fue el rostro más visible de la lucha contra el crimen organizado en México.
Fue sentenciado en 2024 a 38 años y cuatro meses de prisión, además de una multa de 2 millones de dólares, por el juez Brian Cogan, de la Corte Federal del Distrito Este en Brooklyn, Nueva York.
La condena fue impuesta por sus probados nexos con el Cártel de Sinaloa, la organización criminal que, según los fiscales estadunidenses, operó durante años bajo su protección institucional.
Durante el juicio se ventiló con detalle el esquema mediante el cual el exsecretario de Seguridad Pública permitía el uso del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) para facilitar el trasiego de droga, bajo el control directo del cártel liderado por Joaquín “El Chapo” Guzmán, así como los diferentes mecanismos de lavado de dinero.
Un año después, en mayo de 2025, se generó otro fallo judicial en contra de García Luna. Una sentencia dictada por la Corte del Undécimo Circuito Judicial en Florida ordenó al exfuncionario y a su esposa, Cristina Pereyra, pagar sumas multimillonarias que superan por mucho las reclamadas inicialmente por el Gobierno de México.
De acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el fallo del 22 de mayo de 2025 fue resultado de más de tres años de litigio iniciado en septiembre de 2021, cuando el Estado mexicano denunció a la pareja por liderar una red de corrupción y lavado de dinero que operó durante más de dos décadas mediante decenas de contratos públicos.
García Luna deberá pagar 748.8 millones de dólares, mientras que Cristina Pereyra fue condenada a cubrir 1 mil millones de dólares. La UIF identificó como el desfalco sistemático de recursos públicos a través de una compleja red de empresas, operadores financieros y mecanismos internacionales de triangulación.
Entre las firmas utilizadas para desviar recursos se encuentran NUNVAV, Nice Systems y GLAC Security, que firmaron contratos en dólares con dependencias mexicanas. Parte de ese dinero fue enviado al extranjero —a paraísos fiscales como Barbados o a países como Israel— para posteriormente reingresar a México y financiar pagos a cómplices de la operación.
La UIF también identificó otras empresas asociadas con García Luna, como Oggi Caffe LLC, GL& Associates Consulting LLC y la ya mencionada GLAC, aunque precisó que aún no han sido localizados más bienes a su nombre.
Cortesía de Proceso.