CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).–Por más que no quiero ser mal pensado, me resulta sospechoso, muy sospechoso, que tan pronto El Chapo, Joaquín Archibaldo Guzmán, por conducto de su abogado, se quejó del maltrato que recibe en el centro penitenciario de alta seguridad de Colorado, Estados Unidos, inmediatamente el presidente de la República, como si se tratara de alguien política o socialmente importante, tomó el reclamo como algo digno de ser atendido y hasta comentado.
En declaraciones del 18 de enero pasado, el propio AMLO manifestó que, por estar de por medio los derechos humanos, “… no descarta apoyar la solicitud de ayuda del Chapo Guzmán”.
A lo anterior se agrega el dato de que el mismo presidente de la República, cuando menos en dos ocasiones, se ha entrevistado con la señora María Consuelo Loera, madre del Chapo Guzmán, y no por accidente, sino en dos visitas deliberadas y planeadas con anticipación que ha hecho a Badiraguato, Sinaloa, el pueblo donde ella vive y donde nació el capo.
Esas mismas atenciones no las ha tenido con otros reos que están siendo procesados o compurgan sus penas en diferentes centros penitenciarios de Estados Unidos, como Naasón Joaquín García, amigo de sus seguidores y simpatizante de su causa; tampoco ha visitado los pueblos de Aguililla, Michoacán y El Álamo, Sinaloa, de donde son originarios Nemesio Oseguera Cervantes e Ismael Zambada García y, mucho menos, se ha entrevistado con los parientes de ellos.
El Chapo Guzmán, en su estancia en Puente Grande, Jalisco, tuvo el control del reclusorio: gozaba de todas las comodidades y servicios; en su paso por el Altiplano puso en evidencia que contaba con los recursos humanos y materiales para realizar una gigantesca obra de ingeniería y que lo hizo casi a la vista y complacencia de algunos. La complicidad de las autoridades carcelarias, el control que sobre los reclusorios tenía y los recursos con que contaba, le permitieron, el 19 de enero de 2001, fugarse del primero y el 11 de julio de 2015, huir del segundo.
Esas fugas indican que no se trata de un delincuente común y corriente, explican el rigor con que es tratado en el reclusorio en el que se halla internado y las limitantes que para comunicarse con sus parientes y abogados han impuesto las autoridades. Tratándose de él, ninguna precaución sobra.
Dada su alta peligrosidad y los recursos de que dispone, fue extraditado a Estados Unidos en 2017, durante la administración de Enrique Peña Nieto.
Sobre la intervención de AMLO caben tres explicaciones. La primera, la más preocupante: que El Chapo le sepa algo, como, por ejemplo, que en alguna parte de su vida le haya dado financiamiento.
La segunda, que él y su organización criminal tengan alguna información privilegiada, confidencial o delicada respecto de algún miembro connotado de Morena y que la amenaza de hacerla pública lleve a los directivos de esa organización política a actuar en forma diligente para obsequiar los llamados de auxilio.
La tercera, que su organización haya ofrecido dar financiamiento a un partido político en los procesos electorales a realizar durante los años 2023 y 2024. El hecho de que, para los efectos, de momento no se cuente con la profesora Delfina Gómez ni con el “diezmo” de los burócratas del ayuntamiento de Texcoco, pudiera estar llevando a Morena a procurarse ingresos por otras vías. No lo afirmo, es una suposición, infundada, si se quiere.
Insisto, es sospechoso el interés mostrado y extraña la diligencia y prontitud con que fue atendida la solicitud, mucho más lo es si se toma en cuenta que la organización criminal del señor Guzmán permanece intacta, como quedó de manifiesto con la captura de uno de sus hijos.
El poder de fuego de la organización quedó en evidencia con la captura de Ovidio Guzmán: implicó la muerte de 10 miembros de las Fuerzas Armadas, mismas que se produjeron a pesar de la letalidad del ataque que llevaron a cabo. Su capacidad de reacción quedó en evidencia con los cuantiosos daños que los guardaespaldas del capo infligieron a los sinaloenses en sus personas y patrimonio.
Como para El Chapo Guzmán en México no hay prisión que lo retenga, pues como bien dijo su mamá, la señora Loera: hasta los pájaros aprovechan la oportunidad que se les presenta para ser libres, las autoridades nacionales tienen dos alternativas: una, que El Chapo sea repatriado y de nueva cuenta se fugue, lo que implicaría hacer otro “oso” ante la comunidad nacional e internacional; la otra, dejar al hombre en el lugar que se ganó a pulso y que sea tratado como un prisionero más. Las autoridades mexicanas deben optar por dejarlo ahí donde está y no moverle más al asunto.
Esta es la actitud que el sentido común aconseja. Otra será la que adopten las autoridades para el caso de que el reo sepa más de lo que corresponde a alguien que ha llegado a la edad que tiene El Chapo.
Quiero ver si AMLO muestra la misma diligencia en el momento en que Genaro García Luna, preso también en Estados Unidos, se queje del maltrato que recibe en el reclusorio en el que se halla internado. Finalmente, también estarán de por medio derechos humanos de un mexicano; su respeto también debe preocupar a nuestro presidente. De ninguna manera, en este supuesto, sería de esperar otro proceder.
No sería admisible que él, que no es rencoroso, se niegue a salir en su defensa. Mucho menos lo debe hacer si se toma en cuenta que el exsecretario de Seguridad no es un neoconservador, fifí, clasemediero, educado en el extranjero. Debe tomar en consideración que en alguna parte de su vida trató de servir a México de la mejor manera que pudo. No es su culpa el haber tenido como patrón a quien, supuestamente, le arrebató a la mala la Presidencia de la República en el año 2006.
Este análisis forma parte del número 2415 de la edición impresa de Proceso, publicado el 14 de febrero de 2023, cuya edición digital puede adquirir en este enlace.
Cortesía de Proceso.