HIDALGO (apro) .- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) comprobó que los ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex), por los que se traslada hidrocarburo, se encuentran en mal estado de mantenimiento y que la tecnología de detección de tomas clandestinas es obsoleta e incompleta, de acuerdo con el informe especial sobre el estallido del ducto en Tlahuelilpan.
La CNDH concluyó que estas condiciones han contribuido a que grupos extraigan combustibles a través de perforaciones, y a que la población que se encuentra en zonas donde existen puntos de “ordeña” sea vulnerable a siniestros.
Tras una investigación, con motivo del incendio de un ducto de hidrocarburo propiedad de Pemex, ocurrido el 18 de enero de 2019, en Tlahuelilpan, Hidalgo –con un saldo de 138 personas muertas por quemaduras, incluyendo 13 adolescentes y 10 mujeres, así como 13 lesionadas–, la CNDH corroboró que existe un estado irregular en las actividades de transporte y almacenamiento de combustibles, así como un incumplimiento de la empresa petrolera de sus deberes para garantizar la seguridad e inhibir el hurto de gasolinas.
“Pemex tiene pleno conocimiento del incremento exponencial de las tomas clandestinas y conoce a detalle los riesgos e impactos que conlleva el manejo inadecuado de los hidrocarburos, así como las implicaciones para la población aledaña a los ductos. Sin embargo, su actividad se ha enfocado en clausurar las tomas detectadas y ha omitido adoptar las medidas necesarias, razonables y efectivas para abordar el grave problema de la extracción ilegal de hidrocarburos, lo que evidencia una indiscutible falta de debida diligencia”.
En este informe, la CNDH acredita la responsabilidad del Estado mexicano (Pemex, Ejército, así como gobiernos federal, estatal y municipal) en la prevención y manejo del incendio letal, además de la falta de acceso a la justicia y atención a víctimas colaterales, a seis años del acontecimiento.
Al analizar la información que tuvo a su alcance, el organismo nacional detectó que, desde 2018, Pemex tiene un plan para prevenir, detectar y reducir el robo de hidrocarburos, conocido como “Plan Conjunto del Gobierno de México para Combatir el Robo de Hidrocarburos”, que involucra también a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional y a otras autoridades.
“Sin embargo, desde una óptica en derechos humanos, es necesario dar continuidad, así como fortalecer el diseño y desarrollo de ese Plan, armonizando esfuerzos a fin de implementar, de manera coordinada, una estrategia efectiva que aborde la atención de las causas generadoras de esa conducta ilícita, la prevención de los conflictos en las zonas afectadas, y la atención efectiva de los daños a la salud y al medio ambiente en el caso de las comunidades que viven algún siniestro, como es el caso”, afirmó.
En el aspecto ambiental, la CNDH indició que no sólo “se evidenció el daño provocado”, sino que, a más de seis años después de los acontecimientos, “ni el gobierno federal (primero a cargo de Andrés Manuel López Obrador y ahora de Claudia Sheinbaum), estatal (bajo el mando de Omar Fayad Meneses en aquel enero de 2019 y ahora de Julio Menchaca Salazar) ni municipal (con Juan Pedro Cruz Frías como alcalde cuando ocurrió el estallido, sustituido por José Alfredo Diaz Moreno –suspendido por presunto peculado a través del esquema de la “estafa siniestra”– y desde 2024 presidido por Norma Leticia Reyes Reyes) se ha acercado a la comunidad o a las familias para consultarlas o presentarles acciones para la recuperación del suelo, “incumpliendo la obligación del Estado mexicano de prevenir y mitigar la degradación ambiental”.
A más de un lustro de la explosión, la CNDH propuso a los tres niveles de gobierno elaborar un programa de remediación ambiental en la zona afectada, con la participación de la comunidad y las personas afectadas, así como un plan de atención individual y colectivo que incluya atención médica, psicológica, terapéutica, el restablecimiento de su dignidad y medidas que contribuyan a evitar la repetición de los hechos.
La solicitud a Pemex fue garantizar que las trece personas lesionadas sobrevivientes, después de ser valorados por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), accedan a la atención médica, psicológica y de rehabilitación que requieran, hasta obtener el nivel más alto de sanación posible; además, de que incremente sus recursos humanos y materiales para reforzar y modernizar los procedimientos y mecanismos para la vigilancia de los ductos.
Cortesía de Proceso.