TIJUANA, BC (apro).- La periodista y codirectora de Semanario Zeta, Adela Navarro Bello, ha recibido en menos de un mes ocho llamadas telefónicas amenazantes, reveló Artículo 19-Oficina regional para México y Centroamérica.
Por lo anterior, la asociación condenó este miércoles 21 las amenazas dirigidas contra la periodista del conocido semanario con sede en Tijuana, Baja California, que desde hace décadas realiza cobertura sobre temas de narcotráfico, corrupción, política y crimen organizado.
De acuerdo a los datos divulgados, Adela Navarro ha recibido ocho llamadas de este tipo entre el 29 de abril y el 16 de mayo de 2025.
En todas las comunicaciones, una voz masculina repite el mismo mensaje: “Dile a Adela Navarro que se cuide”, para luego colgar de inmediato.
El mismo semanario, en una publicación de este día, refirió que los mensajes han sido dirigidos tanto a líneas antiguas como al conmutador principal, que no cuenta con identificador de llamadas, lo cual ha dificultado conocer su origen.
De acuerdo con el testimonio de la periodista compartido con Artículo 19, en las primeras llamadas “se escuchaba un eco notable”, como si el interlocutor se encontrara en una habitación vacía.
En las llamadas más recientes, el sonido de fondo sugería que se realizaban desde un entorno abierto, según prosigue la información, posiblemente en movimiento, con ruido de viento similar al de una motocicleta.
Esto pudiera también implicar llamadas desde orígenes o individuos múltiples.
Los periodistas indicaron que las amenazas comenzaron tras la publicación de una investigación sobre el ocultamiento de información por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) en torno a una narcofosa, y se han intensificado luego de revelaciones periodísticas relacionadas con presuntos vínculos de corrupción en el gobierno estatal.
Entre otras publicaciones recientes del semanario Zeta se encuentra un reportaje sobre la revocación de visas a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, y su esposo, Carlos Torres.
Es preciso señalar que Navarro informó estos hechos a la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de Baja California, sin que hasta la fecha se haya iniciado una investigación o se haya proporcionado una respuesta efectiva.
La falta de acción institucional incrementa el riesgo para la periodista y su equipo, quienes continúan publicando información de alto interés público.
A lo largo de 2024, Artículo 19 documentó un total de 90 amenazas contra periodistas en México, de las cuales la mayoría estuvieron orientadas a comprometer la integridad de las personas afectadas, incluyendo explícitamente amenazas de muerte.
De acuerdo con el principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH, “el asesinato, secuestro, intimidación y amenazas a comunicadores, así como la destrucción de medios, violan los derechos fundamentales y restringen gravemente la libertad de expresión”.
La Relatora Especial para la Libertad de Expresión (RELE) ha señalado que estas acciones provocan un efecto de autocensura que obstaculiza el ejercicio periodístico y pone en riesgo el derecho de la ciudadanía a obtener y difundir información e ideas de cualquier tipo.
Ante ello, Artículo 19 exige:
- A la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE): iniciar de forma urgente una investigación diligente, imparcial y con enfoque de género que permita identificar a los responsables.
- Al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas: otorgar medidas de protección inmediatas para Adela Navarro y el equipo de Semanario Zeta, considerando el patrón reiterado de amenazas y la naturaleza de sus investigaciones.
La CEDHBC pide protección para codirectora de Zeta
La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC) realizó un llamado a las autoridades a implementar medidas para la protección de la codirectora del Semanario Zeta.
El organismo público autónomo también solicita a la Fiscalía General del Estado (FGE) investigar y esclarecer amenazas telefónicas dirigidas a la periodista.
La CEDHBC reitera la prioridad de una intervención rápida tanto en la investigación como en las medidas de protección ya que cualquier ataque o amenaza a periodistas constituye un atentado a la libertad de expresión y al derecho de la población a estar informada.
También, en la información del día, el #ColectivoYoSíSoyPeriodista exigen a las autoridades de Baja California y de la Fiscalía General de la República que investigue y sancione las amenazas que ha recibido la periodista Adela Navarro porque el trabajo periodístico libre no puede estar bajo amenaza cuando incomoda a las esferas de poder.
Cortesía de Proceso.