A través de un programa de reinserción social impulsado por el Centro de Justicia Municipal, personas detenidas en el centro de detención temporal podrán cursar la preparatoria abierta y obtener su certificado, sin importar su situación legal. Este esquema, fortalecido con un nuevo convenio firmado con la Universidad Insunte, busca brindar segundas oportunidades educativas a quienes enfrentan condiciones de vulnerabilidad social y legal. En julio se graduará la cuarta generación del programa, integrada por 22 personas.
El modelo opera mediante un diagnóstico denominado “tamizaje”, que permite identificar necesidades educativas, riesgos de reincidencia y factores sociales de cada detenido. A partir de esa información, el juez cívico puede canalizarlos voluntariamente a estudios académicos, talleres o labores comunitarias como alternativa a sanciones.
Marta Rodríguez Romero, directora del Centro, subrayó que esta iniciativa no solo ofrece educación, sino también herramientas para una verdadera reinserción social.
Buscan la reinserción de las personas privadas de la libertad a través del estudio
La directora del Centro de Justicia Municipal, explicó que este modelo forma parte de la implementación del sistema homologado de justicia cívica, que Torreón adoptó como municipio pionero. A través del “tamizaje”, se evalúa a cada persona detenida para identificar su nivel de riesgo, causas de reincidencia o necesidades específicas. A partir de esta información, el juez cívico puede recomendar una canalización voluntaria a diversos programas educativos o de intervención social.
“La mayoría de las personas que han ingresado al programa son detectadas durante su detención temporal. Se les aplica el tamizaje, se analiza su situación, y si es viable, se les ofrece la oportunidad de continuar sus estudios. Muchos de ellos no terminaron la preparatoria por situaciones personales difíciles, y ahora ven una posibilidad real de cambiar su futuro”, detalló Rodríguez.
Desde su inicio, el programa ha graduado ya a tres generaciones de estudiantes de preparatoria abierta, y en julio se sumará la cuarta, con 22 nuevos egresados, en su mayoría varones, aunque con una participación creciente de mujeres. Marta Rodríguez señala que esta iniciativa ha demostrado ser más que un proyecto educativo: “es una herramienta de prevención social que cambia vidas”.
Podrán estudiar la universidad al terminar la preparatoria
El convenio con la Universidad Insunte no solo facilitará el acceso a la preparatoria abierta, sino que abre también las puertas a la educación universitaria. De hecho, algunos egresados ya han iniciado sus estudios profesionales dentro del mismo esquema. Actualmente, el programa cuenta con el respaldo de siete universidades que ofertan becas y alternativas académicas adaptadas a las circunstancias de los participantes.
La clave, asegura la directora, está en el seguimiento. Una vez que los participantes concluyen sus estudios, se hace una contrarreferencia para evaluar su progreso, verificar que continúan sus estudios o han accedido a mejores empleos, y determinar si se trata de un caso exitoso de reintegración social.
“Una acción como esta puede cambiar el rumbo de una persona. Muchas veces se cae en una infracción por desesperación o falta de oportunidades. Al ofrecer educación como alternativa a una sanción, se abre un camino distinto”, subrayó Rodríguez.
Este modelo también permite permutar horas de arresto por participación en actividades como talleres, terapias, servicio comunitario o estudios, siempre de forma voluntaria. Así, el castigo se transforma en una posibilidad de mejora.
Cortesía de El Heraldo de México.