CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Elementos de la Fiscalía especializada en delincuencia organizada de Panamá ingresaron el martes pasado al bufete de abogados Mossack Fonseca en busca de documentos sobre las irregularidades difundidas a través de la investigación #PanamaPapers.
La Procuraduría General de Panamá informó que la finalidad de la fiscalía, creada para investigar delitos de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo, es “obtener documentación que guarde relación con las informaciones publicadas en los artículos noticiosos que establecen la posible utilización de la firma forense en actividades ilícitas”.
La diligencia se llevó a cabo en el edificio del despacho, que estuvo custodiado por media docena de miembros de la Policía, detalló la dependencia que ya había anunciado una investigación tras la divulgación masiva de documentos el 3 de abril, en 76 países.
Al respecto, el cofundador de la firma, el abogado panameño Ramón Fonseca, dijo que divulgarán un comunicado sobre la acción judicial.
Desde que inició el escándalo de la filtración, el gobierno del presidente Juan Carlos Varela se comprometió a colaborar con investigaciones en el extranjero que se desprendan de la difusión de los documentos que involucran a personas adineradas del mundo –entre ellas 12 líderes mundiales, 61 familiares o socios de líderes, 128 políticos y 29 millonarios de la lista Forbes—en jurisdicciones con ventajas fiscales.
Según los documentos filtrados, Mossack Fonseca habría participado presuntamente en iniciativas para esconder cuentas de personalidades cuestionables, valiéndose de empresas offshore.
De manera reiterada Fonseca ha asegurado que no ha cometido delito alguno, que su trabajo se limita a la creación legal de las sociedades fachada y que no tienen que ver con sus actividades.
Sin embargo ese argumento no ha sido totalmente compartido en Panamá, y sectores críticos al gobierno de Varela exigieron que el bufete fuese investigado.
Este martes y de manera simultánea a la diligencia judicial, Varela encabezó una reunión con banqueros, abogados y empresarios, tras la que exhortó a Francia a reconsiderar su la decisión de reingresar a Panamá a su lista de países que no cooperan en materia de intercambio de información fiscal mientras el país centroamericano negocia sobre ese tema con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Y advirtió al gobierno de Francois Hollande que “de no ser así entonces Panamá se verá en la necesidad de tomar medidas diplomáticas en respuesta a esa acción unilateral por parte del gobierno de Francia”.
El gobierno de Varela ha señalado que es injusto culpar únicamente a Panamá de malas prácticas en el negocio de las empresas offshore en plazas con ventajas fiscales y ha prometido defender la plataforma de servicios financieros de su país, aunque no ha descartado impulsar medidas que ayuden a mejorar la transparencia.
De hecho, la semana pasada anunció la conformación de un comité de expertos nacionales y extranjeros para que en un periodo de menos de
un año revisen las normas que rigen la actividad y propongan iniciativas destinadas a contrarrestar las malas prácticas.
En dicho comité han confirmado su participación el profesor estadounidense Joseph Stiglitz, premio Nobel de economía 2001, y Mark Pieth, del Instituto Basilea de Gobernanza.
Cortesía de Proceso.