La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó la segunda parte del “Plan B” de la reforma electoral por violaciones graves al procedimiento legislativo.
Por mayoría de nueve votos, el máximo tribunal anuló el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y se expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral, publicado el pasado 2 de marzo.
Al inició de la sesión, los ministros determinaron por 10 votos que el decreto no vulneró la veda electoral como lo propuso el ministro ponente Javier Laynez Potisek.
Después, el integrante de la Corte detalló las múltiples violaciones graves al procedimiento legislativo en las que incurrió el Congreso de la Unión, entre estas que la Cámara de Diputados omitió indebidamente motivar las dispensas de trámite de las iniciativas, no publicó ni distribuyó la iniciativa con la anticipación debida y, además, sustituyó la publicada en la Gaceta Parlamentaria por otra versión una vez que ya había iniciado su discusión.
“Se estaba ante una reforma en materia electoral y en materia de competencias y organización del órgano constitucional autónomo Instituto Nacional Electoral más importante en los últimos 20 años que no fueron dictam¡nadas y que fueron discutidas y aprobadas en un periodo, tomando todo el proceso legislativo, de cuatro horas y media”.
“Es evidente que los integrantes del Congreso no tuvieron, o no podían, o no es factible, ni físicamente válido o razonable poder considerar que se les otorgara la mínima posibilidad de conocer el contenido de las iniciativas y mucho menos, opinar a conciencia sobre el contenidos de las mismas”, indicó Laynez Potisek.
El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá coincidió en que se vulneró el principio de democracia deliberativa y en este caso se registraron más vicios de gravedad que en la primera parte del Plan B, analizados el pasado 8 de mayo, pues también se suma que el dictamen violó el sistema bicameral de aprobación de leyes.
Al igual que en la discusión del 8 de mayo, las ministras Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel votaron en contra de la propuesta de invalidar en su totalidad el decreto impugnado.
El ministro Luis María Aguilar también respaldó la propuesta de Laynez Potisek y aseguró que no respetar las reglas del procedimiento legislativo es una deslealtad constitucional y un desdén a minorías parlamentarias que representan a un sector importante del pueblo de México.
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