El 23 de marzo de 2017 se conoció la noticia de que la periodista Miroslava Breach Velducea, de 54 años, fue asesinada afuera de su casa, en la ciudad de Chihuahua. Poco antes de las siete de la mañana esperaba a su hijo dentro del auto para llevarlo a la escuela, cuando la sorprendieron ocho disparos de una pistola calibre 38 super. La identidad de la persona que sostenía esa pistola, hasta la fecha, se desconoce.

La muerte de Miroslava marcaba el segundo asesinato de periodistas durante el gobierno de Javier Corral en el estado de Chihuahua, iniciado en octubre de 2016. Apenas dos meses después, el 10 de diciembre, era asesinado el primer periodista durante su gestión, Jesús Adrián Ramírez Samaniego, de Antena Radio de Chihuahua 760 AM, del que se guardó completo silencio y no hubo ninguna investigación judicial exhaustiva sobre los motivos del atentado.

Desde el inicio de su gestión como gobernador, Javier Corral se veía ya envuelto en una serie de controversias. Continuamente se enfrentaba a acusaciones de abuso de poder y gestiones sin transparencia pública. Uno de los señalamientos más recurrentes fue el uso de la ley como instrumento político contra funcionarios y colaboradores de la administración estatal anterior. El exgobernador César Duarte acusó a Corral de torturarlo en prisión hasta menguar drásticamente su salud. No fue la única persecución política que le imputaron a Corral; familiares y funcionarios de la administración de Duarte denunciaron haber transitado “pesadillas” similares, algunos hasta la muerte. Alejandro Duarte Dorado, de 20 años, sobrino de César Duarte, fue la segunda persona que se quitó la vida en el contexto de esa supuesta persecución política. El joven había señalado el acoso a su familia, el allanamiento de su casa y campañas de “odio” en redes sociales por parte del equipo de Javier Corral. 

Otra muerte fue la de Antonio Enrique Tarín García, de 47 años, que había pasado más de cuatro en prisión falsamente acusado de peculado. Era suplente del diputado Carlos Hermosillo, muerto en un presunto accidente automovilístico el 20 de marzo de 2017, tres días antes del asesinato de Miroslava. Tarín García no llegó a asumir el cargo público tras la muerte de Hermosillo. El mismo día que iba tomar posesión, el 28 de marzo, Corral -en medio de la investigación del asesinato de Miroslava-ordenó a su fiscal girarle una orden de aprehensión. Tarín siempre se manifestó inocente de todas las acusaciones, hasta su suicidio.

De nuevo, otra muerte sorprendió a Chihuahua, la de José Lázaro Joaquín López Ramírez, exdirector de una unidad de la administración en el gobierno de Chihuahua y cercano a Duarte. También había sido acusado de peculado y encarcelado para su investigación. Con más de dos años de prisión preventiva, en plena pandemia, su estado de salud se tornó muy vulnerable y le negaron la atención médica. Incluso, el fiscal del estado, César Augusto Peniche, sin tener ninguna facultad profesional para su diagnóstico, dijo que “no era grave”. López Ramírez falleció por covid-19 en prisión, donde sistemáticamente se le negó el cambio de medidas cautelares, pese a sus graves síntomas. 

Durante la administración de Corral se llegaron a reportar numerosos casos de extorsión a exservidores públicos que sirvieron al gobierno anterior, donde a los afectados se les exigían sumas significativas de dinero bajo amenazas de represalias legales. Corral utilizaba a su fiscal como intermediario en estas operaciones. Las represalias eran contra aquellos que se negaban a cumplir sus demandas o que mantenían vínculos con Duarte. 

Miroslava no alcanzó a ver estos episodios en el mandato de Javier Corral, a quien consideraba su amigo. A los cinco meses de su gobierno ella fue asesinada, y él el primero en entorpecer la investigación.

A las 10:18 horas del 23 de marzo de 2017 ingresaban el cuerpo de Miroslava al servicio forense de la ciudad de Chihuahua. El registro de su muerte quedaba a las 06:46 horas. Con su nombre completo en mayúsculas y la misma fecha se iniciaba la carpeta de investigación en la Fiscalía General del Estado, con el número de caso único 19-2017-8019, mientras que en la Procuraduría General de la República –hoy Fiscalía– se identificaba con el número de expediente C.I FEDSDHPDSC/UNAI-CHI/0000214/2017 bajo la advertencia de “información clasificada” y “confidencial” por cinco años.

Un cabo suelto en la investigación 

Javier Corral se hizo cargo de la investigación criminal, acompañado de su fiscal. Era la única persona que tenía acceso a toda la información sin restricción de ningún tipo. Entrevistas, testimonios, evidencia forense, dispositivos electrónicos de las víctimas y de los acusados, entre otras informaciones. 

Dos meses después de la muerte de Miroslava, el sábado 27 de mayo de 2017, Hugo Amed Schultz Alcaraz, expresidente municipal de Chínipas, Chihuahua, fue convocado a una reunión a las seis de la tarde en el Palacio de Gobierno por Javier Corral. Lo acompañaban otros funcionarios estatales: el fiscal general César Augusto Peniche, el fiscal de Distrito Zona Centro Carlos Mario Jiménez Holguín, el ministerio público de la Unidad Especializada en la Investigación del Delito de Homicidio Erick Alejandro Rangel Ríos, quien a su vez era el encargado de la carpeta de investigación sobre el asesinato de Miroslava Breach, y había un quinto agente, José Roberto Frías Aguayo, entonces coordinador de la Unidad Especializada en la Investigación del Delito de Narcomenudeo.

Al llegar a la oficina, Schultz fue recibido por Corral, quien le ofreció una cerveza y le informó que la reunión tenía como objetivo evitarle la presión mediática y protegerlo. Cuando preguntó Schultz de qué se trataba, el gobernador respondió que era por el asesinato de Miroslava Breach. 

Durante las siguientes seis horas, Schultz fue interrogado intensamente, instándolo a mencionar el nombre de Los Salazar en relación con la muerte de Miroslava. 

“Me empezaron a interrogar, presionándome a que yo dijera el nombre de Los Salazar”, relató Schultz a esta periodista, destacando a Corral, Peniche y Jiménez Holguín, a quienes repetidamente les respondía: “Pero de ellos no sé nada”.

Incluso, el fiscal de Homicidios, Rangel Ríos, insistió un tanto molesto:

- ¡No nos está diciendo nada, profe!

- ¡Cómo se los demuestro, si yo no sé nada! -respondió Schultz en el mismo tono a Rangel.

“Me instaban a señalar a esa familia, Los Salazar. Rangel escribía en la computadora mientras me interrogaba, y yo iba leyendo en la pantalla, que apenas alcanzaba a ver porque uso lentes para leer”, explicó Schultz sobre cómo el fiscal tomaba su declaración en la oficina del gobernador Corral. Mientras Rangel tecleaba, preguntaba a Schultz: “¿Así, profe?”. Y Schultz se defendía: “No, yo no estoy diciendo eso. Quíteselo, por favor”. Rangel volvía a leer rápidamente en la pantalla las respuestas del entrevistado y preguntaba de nuevo: “¿Esto sí, profe?”.

Schultz reiteró que fueron muy insistentes en hacer referencia al apellido Salazar en sus declaraciones, mientras él continuaba negándolo. Corral también insistía en ofrecerle cervezas cuando la tensión entre ellos aumentaba.

“Pero yo estaba muy cansado y estresado, y no sabía nada de lo que ellos me preguntaban. Corral y Peniche distorsionaban mis palabras, y cuando les corregía, volvían a preguntarme lo mismo. Fueron seis horas de mucha presión, hasta las 12 de la noche estuvieron con preguntas, escribiendo, borrando y volviendo a escribir”, detalló Schultz Alcaraz.

“Imprimieron el documento final y me lo dieron para que lo firmara sin volverlo a leer. Después de firmarlo, me despedí de todos. Estaba muy nervioso, pero no desconfiaba del gobernador, además, no tenía nada que temer –explicó–, pero después leí cosas que ellos habían agregado y que yo no había dicho”.

Schultz fue convocado por el gobernador como invitado, no en calidad de testigo –acotó su abogado Manuel Norberto Cortez Vázquez durante la entrevista en la prisión de Aquiles Serdán, Chihuahua–, “no se le podía coaccionar a declarar contra sí mismo o contra otras personas”. El abogado puntualizó: “No tiene valor jurídico”. 

Sin embargo, esa declaración fue alterada e incorporada en la carpeta de investigación bajo la rúbrica del agente del Ministerio Público José Roberto Frías Aguayo, seguida por la leyenda: “Constancia: En la misma hora y fecha se hace constar que por separado se recabaron los datos de identidad del testigo, los cuales se guardan en sobre cerrado y lacrado”. La fecha inscrita fue 27 de mayo de 2017 a las 15:30 horas. Según el documento, al testigo se le tomó protesta para que se condujera con la verdad, en cumplimiento del artículo 49 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y se le informaron los artículos 307 y 308 del Código Penal respecto de las consecuencias de declarar con falsedad ante la autoridad. Schultz también desmintió que le hubieran tomado esta declaración.

“La grabación”, la fabricación de la prueba maestra

En el acuerdo de atracción de la carpeta de investigación FEDSHDPDSC/UNAI-CHIH/0000214/2017, emitido por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), el 7 de enero de 2018, quedó registrado que en la conversación telefónica, grabada por iniciativa de Alfredo Piñera Guevara -exvocero del PAN en el estado-, a Miroslava Breach él le pregunta si alguna vez se reunió con personas relacionadas con San Juanito o el presidente municipal, en referencia a Hugo Amed Schultz. Y ella responde: “No, con nadie. Absolutamente con nadie. Yo soy de Chínipas y sé de quién se trataba”. 

Hugo Amed Schultz, por su parte, también negó conocer personalmente a Miroslava y dijo que nunca había sostenido alguna conversación telefónica con ella, ni en el teléfono del municipio ni en celular personal. Su referencia era sólo por las notas que ella publicaba. No obstante, Piñera aseguró en audiencia judicial conservar grabaciones de llamadas de Miroslava y Schultz, ya que “su teléfono graba en automático todas las llamadas salientes y entrantes, por lo que conservó dichos audios de ambas llamadas, y después le llamó Schultz y le preguntó que si ya había hablado con las periodistas (Miroslava Breach y Patricia Mayorga), le respondió que sí, y el declarante decidió enviarle las grabaciones del 25 de mayo de 2016…”.

En el oficio número FEADLE-EILIII-CI-069/2020 para solicitar la orden de aprehensión de Hugo Schultz, la agente del Ministerio Público, que participó en la tortura psicológica a Schultz y su familia, refirió la misma información falsa, alterándola de nuevo:

“Casio (Alfredo Piñera) entregó vía WhatsApp la grabación de las conversaciones al imputado Hugo Amed Schultz Alcaraz. Con estas grabaciones en su poder, el imputado regresó a Chínipas y se las entregó a Juan Carlos Moreno Ochoa, alias El Larry, quien en ese momento era el jefe de la plaza de Los Salazar en el municipio de Chínipas” (9 de julio de 2020, folio 0638, Carpeta de investigación FED/SDHPDSC/UNAI-CHIH/0000214/2017). 

Dos días después de los hechos declarados por Piñera, el 27 de mayo de 2016, Hugo Amed Schultz daba la cara a los medios como presidente municipal para responder sobre lo que él consideraba calumnias respecto de la violencia de Chínipas, ajeno por completo a las grabaciones de Piñera a las periodistas.

En la audiencia judicial del 28 de diciembre de 2017, un agente del Ministerio Público leyó el testimonio de Alfredo Piñera en el que se afirmaba que Schultz había entregado la grabación de sus llamadas a Los Salazar, pero con un elemento más: que había habido una llamada grabada entre Schultz y Piñera. Sin embargo, no presentó la evidencia de la grabación de esta supuesta llamada, tampoco especificó el día y hora precisa de esas interacciones telefónicas o por WhatsApp, ni la fiscalía de Chihuahua ni la FEADLE hicieron un análisis informático del celular de Piñera ni del de Schultz para verificar el intercambio de llamadas, siendo determinante la “prueba maestra” de la investigación de la fiscalía estatal para la atracción del caso de la FEADLE.

Hugo Amed Schultz, en entrevista en enero de 2024, confirmó a esta periodista que él nunca recibió una grabación, ni físicamente ni por vía de mensajería electrónica. Pero, además, pese a la acusación de Piñera en 2017, su detención -de manera arbitraria- por policías estatales fue tres años después, el 17 de diciembre de 2020, momento en que se le decomisó el celular. “Si Miroslava o Piñera hablaron conmigo, allí debería estar el registro de sus llamadas. ¿Por qué no lo hicieron?”, cuestionaba Schultz, al enfatizar la ausencia de un análisis forense de los dispositivos electrónicos tanto en el momento de su detención como posteriormente. La respuesta de la fiscalía del estado era que se había extraviado el celular. En el expediente, sin embargo, no había un registro de la cadena de custodia, ni un oficio que notificara el decomiso por parte de la fiscalía. Tampoco el reporte del extravío.

Acusaciones sin pruebas

El agente del Ministerio Público José Roberto Frías Aguayo, adscrito a la Unidad de Investigación en Delitos contra la Vida y previamente implicado en la coacción y manipulación del testimonio de Hugo Schultz, junto con el agente Andrés Torres Ortiz, realizó entrevistas a diversas personas relacionadas con el entorno de Miroslava, particularmente a familiares directos de la víctima y a vecinos que fueron testigos visuales de los hechos.

Entre los testimonios recabados destacó el de una vecina cuya identidad se mantiene en reserva por razones de seguridad, quien informó a las autoridades haber visto al gobernador Javier Corral entrar a la residencia de Miroslava poco después del asesinato, alrededor de las nueve de la mañana. Aunque éste fue el único testimonio registrado en el expediente judicial sobre la presencia del gobernador, él mismo confirmó la información, además la presencia inusual de miembros del Ejército desde las siete de la mañana hasta las 10:48 horas, daba veracidad de ese testimonio.

Para las 12:36 horas, Andrea Plata Breach, hija mayor de la víctima, rindió su primera declaración ministerial ante la Fiscalía General del Estado (FGE). En su testimonio, Andrea señaló directamente al exalcalde Hugo Schultz y al narcotraficante Carlos Arturo Quintana, El 80, como los responsables de las amenazas dirigidas contra su madre.

Según los registros de Emergencias 066 del Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C4), bajo el folio 1901.01667931, la joven se encontraba en un estado alterado al momento de la llamada, la cual inició a las 6:53 horas del 23 de marzo de 2017. El reporte de la narrativa del C4 finalizó a las 11:26 horas, con una actualización a las 12:19 del mismo día. Andrea acudió inmediatamente al llamado de su hermano menor después del homicidio, y fue quien llamó a Emergencias 066 y a sus tías Rosa María Breach y Guadalupe Alcira Figueroa Velducea, prima de su madre. 

Después de la visita de Corral a la familia, la joven declaró ante un agente del Ministerio Público de la fiscalía estatal en dos ocasiones en menos de cinco horas, detallando con aparente precisión los acontecimientos relacionados con el contexto del trabajo periodístico de Miroslava. Tras su declaración, prosiguieron Rosa María Breach y Alcira Figueroa, con declaraciones muy similares. 

A las 17:00 horas del 23 de marzo, Rosa María Breach Velducea dio su primera declaración ante la fiscalía de Chihuahua, 20 minutos después de identificar el cuerpo de su hermana. En su declaración ministerial hizo referencia directa al exgobernador César Duarte Jáquez, indicando que Miroslava había llevado a cabo una “investigación exhaustiva, y documentada” relacionada con presuntas actividades ilícitas que tuvieron lugar durante esa administración. Incluso refirió que Duarte tenía nexos con el narcotráfico y había adquirido propiedades de forma ilícita. Para el 25 de marzo, Rosa María Breach amplió su declaración ministerial, en la que reiteró las presuntas amenazas de Hugo Schultz a su hermana. Según su testimonio, “el gobernador electo Javier Corral dio la instrucción para que se hablara con el presidente municipal de Chínipas, Hugo Amed Schultz Alcaraz, situación que tranquilizó a Miroslava porque bajaron las llamadas de amenazas”. 

La declaración de Rosa María Breach también fue presentada ante la Procuraduría General de la República en esa misma fecha. En este contexto, hizo mención a Hugo Amed Schultz, indicando que “hace año y medio, Corral tuvo que llamarle para pedirle protección a su hermana por amenazas de éste”. Además, señaló que también temían a César Duarte, ya que, según su testimonio, su hermana también había recibido amenazas por parte de él. 

Tanto Brissa Guadalupe Breach, otra hermana de la víctima, como su prima Alcira Figueroa, proporcionaron testimonios idénticos ante los ministerios públicos estatales durante un periodo que se extendió desde el 23 hasta el 29 de marzo de 2017. 

Las acusaciones sin pruebas, con la supuesta grabación que involucra a Piñera, fue con lo único que sentenciaron a Hugo Amed Schultz Alcaraz y a Juan Carlos Moreno Ochoa, El Larry. El primero, cumple una condena de ocho años de prisión bajo las “fabricación” de pruebas y una presunta tortura psicológica del gobierno de Javier Corral. El segundo, sentenciado a 50 años de prisión, después de ser torturado brutalmente en su detención el 24 de diciembre de 2017 frente a su familia.