Los lugares que operan como centros de atención de adicciones en Jalisco, tendrá dos meses para ponerse al día con los trámites para regularizar su situación en cuestión administrativa y cumplir las normas para su operación y una vez concluido ese periodo, se procederá con los cierres de los espacios que incumplan o no tengan al día su operación.
Este acuerdo que se deriva de reuniones metropolitanas y una mesa de trabajo en donde participan las autoridades municipales y estatales, se da luego de las irregularidades presentadas en lugares que operaban en la clandestinidad al no contar con registros ni estatales o municipales y en donde, uno de los albergues, se denunció públicamente al quemar a una menor de 11 años como parte de los castigos que se le imponían en el lugar llamado “Casa de Vida Camino a la Fortaleza”, ubicado en Tonalá.
También, el pasado 30 de julio se rescataron a 229 hombres, entre adultos y menores, cuyas edades oscilaban entre 14 y 17 años, de un centro de atención ubicado en la calle Tonalá y 5 de Mayo en la colonia San Pedro en Tlaquepaque.
Ante estos casos donde los internos reportaron maltratos por parte de los cuidadores de estos lugares, también se informó que se sancionará por las instancias competentes cualquier maltrato o conducta ilegal aplicada con el aval de los administradores o propietarios hacia las personas que son atendidas en sus establecimientos, principalmente por ser violatorias de los derechos humanos de las personas internadas.
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De acuerdo con los datos del Censo Estatal de Establecimientos de Atención Residencial de Adicciones 2021 en Jalisco, el cual tiene un registro de 390 establecimientos especializados en la atención de esta problemática, de los cuales, solo 85 cuentan con reconocimiento de la Comisión Nacional y el Consejo Estatal contra las Adicciones.
Sin embargo, este número podría ser inferior respecto a la cantidad de centros que operan no solo en la irregularidad, sino también en la clandestinidad, lo que hace más difícil identificarlos y por consecuencia ponerlos en orden. No obstante, mediante el acuerdo tomado por autoridades de los tres niveles de gobierno, se podrá lupa a todos los establecimientos dedicados a la atención de dicho padecimiento y a detectar los que aún no están registrados ante la autoridad.
Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco refirió que estas instituciones deberán tener los permisos en orden en el ámbito municipal y estatal, porque el trabajo que hacen en la atención de las personas que tienen algún tema de adicción es importante, pero deben cumplir con todas la normativa, incluida una atención de respeto de los derechos humanos de quienes ahí se atienden.
“Se va a dar un plazo de dos meses para que todas estas instituciones regularicen su situación, que tengan sus permisos en orden en el ámbito municipal y estatal, que son dos trámites distintos y dos dinámicas diferentes y a partir de estos e va a actuar con firmeza y evitar que estos centros operen en la clandestinidad y generen un problema que puede ser mayor del que pretenden resolver. Creemos que son instituciones que sirven, que son importantes y muchas de ellas cumplen una función destacada, pero tenemos que actuar todos apegados a las normas”.
Finalmente, a la ciudadanía se le pide su colaboración para identificar los establecimientos que operan en la clandestinidad, especialmente los llamados anexos que se ubican comúnmente en colonias y que son los que, en lo particular, pueden registran conductas ilegales. La denuncia se puede hacer de forma anónima al número 089.
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Cortesía de El Heraldo de México.
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