Las denuncias que han presentado los afectados por el fraude inmobiliario que hicieron a través de la empresa Asesores Jurídicos Profesionales (AJP), ya suman 441 y los afectados, que se estima pueden ser 10 mil personas, piden que quienes han sido víctimas de este delito se presenten ante las autoridades para exigir justicia.
De acuerdo con la Fiscalía estatal, estas denuncias que se han presentado son penales y se fincará responsabilidad a quienes resulten responsables, además de que se continúan revisando los inmuebles y cuentas bancarias a fin de poder evaluar los montos que se tengan para resarcir parte del recurso invertido por las víctimas del abogado Luis Oswaldo Espinoza Marín, dueño de AJP y quien se suicidó el pasado 06 de agosto al descubrirse el fraude.
Además, ante la vinculación que se presume tenía Espinoza Marín con personajes públicos como deportistas y artistas a quienes también convenció de invertir en su empresa, y que fueron contactados por su labor como tesorero en la Asociación Civil Apadrina un Trasplante, el pasado 9 de agosto directivos de esta AC emitieron un comunicado a través del cual se deslindan del proceder del fundador y dueño de AJP.
“La Fundación Apadrina un Trasplante reconoce que Luis Oswaldo Espinoza Marín, tenía un cargo honorífico en esta fundación, quienes formamos parte de ella lamentamos profundamente los hechos, tanto para las familias que verán afectados sus patrimonio por el mal manejo de los recursos, así como su partida, haciendo extensivas nuestras condolencias a su familia, al mismo tiempo nos deslindamos de las acciones ejercidas por Espinoza Marín, las cuales conocíamos en su totalidad y condenamos rotundamente”, se lee en el comunicado.
Y aunque se habla de que el abogado era tesorero de esta AC, también se aclaró que él no tenía acceso a los recursos y que su cargo era honorario.
El trabajo de esta organización, consiste en realizar eventos sin fines de lucro, motivo por el que se tiene acercamiento con deportistas y artistas, debido a que apoyan con el pago del protocolo y estudios que requieren pacientes que esperan ser trasplantados, los estudios previos de compatibilidad cuyo costo ronda entre los 60 y 80 mil pesos, los tratamientos postoperatorios, que se siguen por un periodo de tres a seis meses o hasta el año y sus medicamentos.
Estado sí tiene responsabilidad
La responsabilidad del Estado en casos como este en donde se afecta a la población con fraudes y que ven vulnerado su patrimonio, en muchos de estos casos, personas adultas mayores, sí existe y debe responder no solo “de buena fe” como lo prometió el mandatario estatal, Enrique Alfaro Ramírez, el pasado lunes cuando se manifestaron los afectados en Casa Jalisco, dijo el Doctor Rubén Ortega Montes, miembro del Observatorio de Seguridad y Justicia en la Universidad de Guadalajara (UdeG).
“Hay ex diputadas, ex regidores, presidentes municipales que sabían de la existencia de esa sociedad y sin embargo nunca ordenaron una investigación a ver si estaba legal, si no estaban yendo en contra, incluso de la cuestión fiscal porque debieron de haber denunciado ante el SAT, y debieron de haber realizado investigación de campo personal que están metidas en cualquiera de las tres esferas de gobierno y en los tres poderes distintos”.
Ante esta omisión al no actuar preventivamente y solo reaccionar hasta que ya se conoció el fraude, también tienen una responsabilidad de llegar con los responsables y garantizar el acceso a la justicia y se les repare el daño a su patrimonio.
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