CIUDAD DE MÉXICO (apro).– En la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se propondrá establecer una interpretación de la ley que permita al exsenador panista Jorge Luis Lavalle Maury, imputado por asociación delictuosa, cohecho y lavado en el caso Odebrecht, tener más tiempo para reunir pruebas en su favor.
Lavalle Maury ha sido el único detenido y vinculado a proceso de los 70 denunciados por Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, por actos de corrupción como vía para obtener un criterio de oportunidad en el caso Odebrecht.
La ministra Margarita Ríos Farjat propondrá este miércoles 7 a sus compañeros en la Primera Sala declarar constitucional el artículo 321 del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), que establece que la etapa de investigación complementaria en los procesos penales no debe exceder de los seis meses, pero que puede ser ampliado para reunir pruebas en favor de los imputados para ejercer el derecho a contar con una adecuada defensa.
“Una ampliación más allá del plazo previsto en el artículo 321 del código mencionado sólo debe medirse de acuerdo con las necesidades del ejercicio de la defensa adecuada, lo que se justifica a partir de evaluar las condiciones especiales del caso, por lo que dicha ampliación debe ser estrictamente excepcional y hasta en una mitad en los plazos máximos”, expuso la ministra.
Por ello Ríos Farjat propondrá que, para ampliar el término de investigación complementaria, los jueces tomen en cuenta la complejidad de los casos, la actividad de la defensa en la recolección de pruebas que justifique la necesidad de más tiempo y la conducta de la autoridad, por si hay elementos que deriven en que obstaculizó la recolección de datos de prueba.
De acuerdo con la denuncia de Lozoya, Lavalle Maury supuestamente recibió sobornos por parte del gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto a cambio de votar en favor de la reforma energética de 2013, que permitió la inversión privada en dicho sector.
Por ello la FGR lo imputó en abril de 2021 por asociación delictuosa, cohecho y lavado por 97 millones 190 mil pesos.
Tapia Vargas, la clave
Inicialmente el juez de control fijó tres meses de plazo para la investigación complementaria, mismos que posteriormente fueron ampliados a 90 días más a solicitud de la defensa.
Por segunda ocasión la defensa de Lavalle Maury solicitó una ampliación del término de investigación complementaria para recabar información sobre Fabiola Tapia Vargas, fallecida en 2014, y quien fue señalada por Lozoya como testigo de la entrega del dinero al exlegislador panista.
Esta segunda prórroga solicitada por la defensa fue negada porque el artículo 321 del Código Nacional de Procedimientos Penales señala que la investigación complementaria no debe exceder de los seis meses, resolución contra la que Lavalle Maury solicitó un amparo que llegó hasta la Corte.
De acuerdo con el proyecto de la ministra Ríos Farjat, la investigación contra Lavalle Maury consta de siete tomos y 71 anexos que suman más de 100 mil fojas, lo cual hace absurdo limitar la investigación complementaria a un máximo de seis meses.
Por ello, si el proyecto es avalado, la ministra propondrá regresar el expediente al Quinto Tribunal Colegiado en materia Penal de la Ciudad de México para que revise nuevamente el asunto y, con base en la interpretación que propuso a la Primera Sala, determine si es posible o no darle más tiempo a Lavalle Maury para que reúna pruebas en su favor.
Cortesía de Proceso.