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Derechos Humanos
Denuncian en la ONU cierre del espacio cívico en México y aumento de la crisis de derechos humanos
Entre las graves violaciones de derechos humanos, el colectivo EPUMX denunció la militarización, violencia e impunidad generalizadas; la pobreza estructural; el espionaje; las desapariciones, y las ejecuciones extrajudiciales.
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GINEBRA (apro).– Representantes del colectivo EPUMX, formado por más de 300 organizaciones defensoras de derechos humanos en México, denunciaron ante los estados miembros de la ONU el cierre del espacio cívico en el país, el recrudecimiento de la crisis de derechos humanos, la militarización, violencia e impunidad generalizadas, pobreza estructural, espionaje, desapariciones, ejecuciones extrajudiciales, entre otras graves violaciones, de cara al Examen Periódico Universal (EPU) del Estado mexicano.
En la pre-sesión del EPU que tuvo lugar en la sede de la ONU en Ginebra, a la que asistió la embajadora de México Francisca Méndez, el colectivo EPUMX presentó un informe general y 17 informes sobre los temas más acuciantes de derechos humanos, para que sean analizados con antelación a la sesión del EPU que tendrá lugar el 24 de enero de 2024 en la sede del Consejo de Derechos Humanos.
Sobre la pre-sesión, Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional, dijo a Proceso que “lo que sucedió el día de hoy, y lo que tiende a suceder es que el Estado mexicano reconoce públicamente los desafíos que tiene en materia de derechos humanos, pero no los resuelve. Estamos en un país en donde se ha generado toda una legislación e instituciones públicas, pero todas esas instituciones en México funcionan como un cascarón, no tienen recursos, no tienen personal especializado, es un Estado que yo diría que no tiene voluntad política y que está caracterizado por una indolencia frente a todas las violaciones a derechos humanos”.
Un tema muy preocupante del que se habló es “el cierre del espacio cívico en México, pues es un país en donde se viene dando una serie de medidas para atacar a quienes estamos defendiendo derechos humanos, ONGs, periodistas y se hace a través de diversas estrategias, una que es la estigmatización que hace el presidente Andrés Manuel López Obrador en su mañanera. Nos señala como conservadoras, fifís, pseudo ambientalistas y eso se acompaña de estrategias de represión, detenciones arbitrarias, desaparición forzada de defensores y periodistas, violencia sexual contra las mujeres que protestan y el uso indebido del sistema penal y el sistema tributario, entre otras formas de estigmatización”.
“Las ONG hemos pedido a los Estados que hagan recomendaciones muy puntuales que permitan que el Estado mexicano rinda cuentas no sólo a la comunidad internacional, sino al conjunto de la población en el país”, remarcó.
“No se acaban las violaciones de DDHH por decreto y menos por decreto en una mañanera”, lanzó Olivares, quien agregó que este gobierno niega la realidad y es “indolente” ante las víctimas.
Pueblos indígenas
Sobre la situación de los pueblos indígenas, Mario Ortega, del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas de Chiapas, presentó a los Estados miembros de la ONU una fotografía desgarradora, ya que detalló que “siete de cada 10 personas indígenas se encuentran en situación de pobreza y en pobreza extrema la cuestión se intensifica, pues el 6.4% de la población total de México se encuentra en esa situación y el 29.2% de la población indígena vive en extrema pobreza”.
En cuanto acceso a derechos, “el 77.2% de la población indígena no cuenta con acceso a la seguridad social, 57.9% no tiene acceso a servicios básicos de vivienda, un 19.8% permanecen en el analfabetismo”.
Ante este panorama, el colectivo pidió a los Estados recomendar a México el cumplimiento de la reforma constitucional que ha estado atorada en México desde los años 90. “Para nosotros es la mejor forma en que el Estado debería reformular al menos a nivel constitucional esta relación con los pueblos indígenas y reconocerlos como sujetos de derecho público y también reconocer expresamente su derecho al territorio, especialmente con los mega proyectos considerados como de Seguridad Nacional”.
Otro punto que hicieron ver a la comunidad internacional, agregó Ortega, “es el número de defensores de pueblos indígenas asesinados, que asciende a 73 desde el EPU del 2018, la mayoría de ellos ambientalistas. Es urgente su protección”.
Espionaje
La representante de la Red en Defensa de los Derechos Digitales R3D, Ana Gaitán Uribe, señaló que “le estamos solicitando a los Estados miembros que hagan tres recomendaciones a México: Que se hagan reformas legales para los poderes de vigilancia estatales implementando salvaguardas adecuadas para garantizar que esa línea vaya en línea con los derechos humanos, porque actualmente no se requiere autorización judicial y autoridades que no están facultadas están interviniendo comunicaciones privadas, la segunda recomendación que haya un grupo independiente de expertos internacionales que investiguen de manera autónoma a las autoridades responsables de la vigilancia ilegal de defensoras de DDHH y periodistas con el malware Pegasus porque las investigaciones que iniciaron en 2017, en 2022 y 2023 no ha habido avances significativos y hay impunidad. De hecho, el Centro PRODH fue víctima de espionaje en 2017 y en 2022”.
“Y la tercera es que se adopte una moratoria para la venta, adquisición, transferencia y uso de tecnologías de vigilancia hasta que exista el marco legal adecuado”, dijo Gaitán, quien agregó que en la pre-sesión expresó su preocupación por el espionaje perpetrado por los militares “en esta administración ya hay amplia evidencia documentada de los contratos entre NSO group, que es el que creó Pegasus, y el Centro de la Inteligencia militar de la Sedena y a pesar de eso siguen negando que exista y que lo hayan comprado”.
A su modo de ver “el EPU es importante para que el tema se empiece a conocer por otros Estados, especialmente porque vivimos en una era digital y cada vez será un tema más preocupante no sólo contra defensores y periodistas”. Acusó que “las empresas de telecomunicaciones almacenan una cantidad impresionante de la información de todas las personas y múltiples autoridades pueden hacer uso de ella sin tener facultades y sin que haya salvaguardas y eso no tiene que ver nada más con un tema de privacidad, sino una forma de control y de poder que se puede tener sobre todas las personas”.
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Cortesía de Proceso.