Debido a la aparición de diversas “narcomantas” en el estado de Morelos, la FGR tiene abiertas 14 carpetas de investigación para saber quién las colocó y si lo que dicen es veraz: que el gobernador Cuauhtémoc Blanco y funcionarios de su gobierno tienen vínculos con la delincuencia organizada. A estas carpetas se agregan otras tres que la Fiscalía Anticorrupción local mantiene vivas contra el mandatario. Todo ello derivó en que dos organizaciones de abogados morelenses presentaran una solicitud de juicio político contra Blanco, cuyo futuro queda en manos de Morena, bancada mayoritaria en el Congreso estatal.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– Durante los cuatro años que lleva la gestión del gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, ha sido persistente la colocación de mantas en diversas zonas del estado en las que presuntos grupos de la delincuencia organizada han expuesto los supuestos vínculos del mandatario y su gobierno con el Comando Tlahuica, célula del cártel conocido como Los Rojos.
Las acusaciones han derivado en la apertura de diversas carpetas de investigación; y la presentación de una solicitud de juicio político contra el gobernador por parte de la Barra de Abogados del Estado de Morelos y la Nueva Asociación de Abogados Morelenses; en dicha solicitud también exigieron la destitución del secretario de Seguridad, el almirante en el retiro José Antonio Ortiz Guarneros.
Para las organizaciones de litigantes existe información suficiente para que las autoridades investiguen la “posible complicidad” de Cuauhtémoc Blanco con el crimen organizado, reflejada –aseguran– en acciones, omisiones y actuaciones contrarias a la Constitución y a las leyes estatales y federales de seguridad pública, así como en desvío y subejercicio de los recursos destinados para esa tarea.
La larga relación de mantas que se han publicado contra el gobernador ha sido registrada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), de acuerdo con documentos hackeados a la dependencia por parte del colectivo Guacamaya. En esos documentos se detalla el seguimiento que la dependencia comenzó a dar desde 2019 al gobernador de Morelos por sus posibles vínculos con la delincuencia organizada (Proceso 2402).
Debido a que en estas mantas se incluyen amenazas, la Fiscalía General de Justicia está obligada a investigar quién las colocó y su contenido.
Proceso confirmó que desde agosto de 2019 y hasta noviembre de 2022 se han iniciado 14 carpetas de investigación por la colocación de estas mantas durante el actual gobierno de Blanco.
Las pesquisas no sólo tienen que ver con la identidad de sus autores, sino también con las aseveraciones de que Cuauhtémoc Blanco tiene presuntos vínculos con la delincuencia organizada.
De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de 2019 a 2022 los homicidios dolosos en la entidad han aumentado: pasaron de 911 en todo 2019 a mil 41 al cierre del 2022.
Sin embargo, de enero a abril de 2023 –en sólo cuatro meses– la cifra con la que cerró todo el año 2022 se disparó hasta mil 603 homicidios dolosos.
Amenazas
En este contexto, las mantas colocadas por toda la entidad incluyen amenazas contra todo aquel integrante del gobierno estatal y municipal que apoye a amigos y cómplices de Santiago Mazarí El Carrete, integrante de Los Rojos, como la diputada Rosalina Mazarí, del PRI, a quien la Sedena relaciona con dicha organización.
“Estaremos atentos a quien se preste o la apoye prometemos erradicar a todos los lacras del estado y ella será el próximo objetivo”, señala un mensaje colocado en la Colonia Ricardo Flores Magón, en Cuernavaca, el 11 de agosto de 2019.
Ahí se señala a Cuauhtémoc Blanco y a Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, expresidente de la Cámara de Diputados y actual titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso) del estado, de tener como su mano derecha a Antonio Mazarí, hermano de El Carrete.
Fragmento del reportaje publicado en la edición 2433 de la revista Proceso, cuya edición digital puede adquirir en este enlace.
Cortesía de Proceso.