CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México (TJACDMX), Yasmín Esquivel Mossa, fuerte candidata a ser designada por el Senado ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fue acusada de dilatar justicia a dos magistrados en el propio tribunal capitalino.
El magistrado en retiro Jorge Fernández Sousa aseguró que Esquivel Mossa ha utilizado recursos judiciales para prolongar el juicio que interpuso para el cobro de su pensión como magistrado del TJACDMX, así como para reinstalar al magistrado Carlos Rebolledo.
Ambos fueron señalados por la presidenta del Tribunal en la entrevista publicada en la actual edición de la revista Proceso (2209) como parte del reportaje “La sombra del `influyentismo´ sobre Yasmín Esquivel”.
Esposa del constructor José María Rioboó, contratista cercano al presidente Andrés Manuel López Obrador, la magistrada señaló a Fernández Souza como el autor de una carta entregada al Senado en la que se cuestiona su gestión como presidenta del tribual encargado de resolver las controversias entre los ciudadanos y la administración pública de la capital del país.
En una comunicación dirigida al reportero, el magistrado asegura que la carta fue firmada por él junto con otras personas y más de cien organizaciones como parte de las deliberaciones públicas sobre la terna presentada por López Obrador para designar a la nueva ministra de la Suprema Corte.
En la entrevista con el semanario, la magistrada aseguró que la carta había sido elaborada por Fernández Souza, y que la había conocido por el propio Senado.
“La ostentación del probable trato privilegiado de los senadores hacia ella no era necesaria porque el texto no fue un secreto”, señaló Fernández Souza.
El magistrado en retiro fue el ponente en el juicio que en primera instancia le dio la razón a quienes impugnaron la construcción de la Supervía Poniente, en la que participó el grupo de ingeniería que preside su esposo, aunque la presidenta del Tribunal niega que el Grupo Rioboó haya intervenido en la obra.
El gobierno de la Ciudad de México, encabezado entonces por el actual secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, impugnó junto con la empresa constructora esa resolución.
La Sala Superior del TJACDMX, entonces de lo Contencioso Administrativo, tardó casi dos años para resolver el caso. Esquivel Mossa declaró a Proceso que apoyó, en una votación de seis a uno, el proyecto que revocó la resolución que le había dado la razón a Greenpeace y un grupo de ciudadanos que impugnaron la obra.
Carecieron de interés jurídico, dijo la magistrada, quien dijo que el caso se llevó un año en la primera instancia, Sala Ordinaria, y otro año en la Sala Superior que ella preside desde 2012.
Fernández de Souza precisa que la resolución a favor de los quejosos fue dictada en diciembre de 2011 y fue combatida por el gobierno de la capital desde enero de 2012. La Sala Superior resolvió en definitiva hasta agosto de 2013, cuando la supervía ya era un hecho. La resolución de la Sala Superior fue avalada por la justicia federal.
Esquivel Mossa dijo que la carta en su contra se debió a la inconformidad de Fernández Souza por no haber obtenido su pensión “para seguir cobrando el resto de su vida como si estuviera en activo”.
Fernández de Souza asegura que interpuso el amparo ante la negativa del Tribunal para pensionarlo: “Es absurdo el criterio de que todo derecho que deba de ser respetado por alguna autoridad, tenga que ser defendido necesariamente en tribunales, en este caso federales.
“El absurdo es aún mayor si quien tiene la responsabilidad de respetar la ley y no lo hace es quien preside un Tribunal. Es esta una concepción que conduce a una deficiente y prolongada administración de justicia. Y si inicié un juicio fue por la ilegal negativa a mi petición”.
Agrega que la justicia federal le ha dado la razón, “aunque la presidenta del Tribunal interpuso un recurso de revisión, en la… lógica de prolongar el litigio”. La negativa a mi reclamo “sería por razones extra jurídicas”, afirma.
En el caso del magistrado Rebolledo, dice, contrario a lo señalado por la presidenta del Tribunal, su juicio no es para solicitar su pensión, sino su reinstalación en el cargo.
Los tribunales federales también han fallado a su favor, “sin embargo, mediante actos dilatorios no se ha cumplido con lo ordenado por esas instancias federales y al magistrado no se le ha permitido regresar al cargo que por ley y por resolución judicial le corresponde”.
Yasmín Esquivel es considerada como la candidata más fuerte de la terna presentada por la Presidencia de la República para el cargo de ministra de la Suprema Corte entre 2019 y 2034.
Las otras dos candidatas son Loretta Ortiz, esposa del fiscal para delitos electorales, Francisco Ortiz Pinchetti, y la magistrada del Tribunal de Justicia de Querétaro, Celia Maya García.
El Senado tiene previsto sesionar el lunes para analizar las candidaturas y emitir un dictamen para que sea sometido a votación en el pleno.
 
A continuación, la carta íntegra del magistrado:
C Jorge Carrasco Araizaga.
Revista Proceso.
 
Me refiero a las declaraciones que la Magistrada Yasmín Esquivel Mossa hizo a usted y que se publicaron  en el número 2209 de la revista Proceso, en las que se refiere al suscrito como magistrado que fui en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, ahora de Justicia Administrativa de la Ciudad de México.
En un segmento de la entrevista la magistrada señala que soy autor de una carta enviada al Senado que ella “obtuvo” de los propios senadores, sin decir el contenido ni el objeto de ese texto. Lo cierto es que con otras quince personas y con más de 100 organizaciones, el 20 de febrero firmé un escrito dirigido a senadoras y senadores en el que se solicita que las deliberaciones sobre la terna enviada por el Presidente de la República a ese órgano legislativo para el nombramiento de una ministra a la Suprema Corte de Justicia se hagan con el procedimiento de Parlamento Abierto. Si la magistrada pudo leer la carta que “obtuvo” de los senadores y fue bien informada por ellos, sabrá que esta fue la petición. Puede no estar de acuerdo con que los trabajos del Senado sobre el tema sean abiertos y transparentes, pero no podría aducir en contra ni razones jurídicas ni falta de legitimidad social de quienes como individuos o como organizaciones hicimos esa solicitud. La ostentación del probable trato privilegiado de los senadores hacia ella no era necesaria porque el texto no fue secreto.
Puesto que fui ponente en la sentencia sobre la Supervía Poniente en primera instancia, y porque la magistrada hace alusión al tiempo que duró el procedimiento, estoy obligado a hacer una precisión. La resolución a la demanda presentada por GreenPeace y por ciudadanos en lo particular, se dictó en diciembre del 2011. Posteriormente, el 6 de enero del 2012, la empresa constructora y el Director de Regulación Ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal interpusieron apelación. La sentencia de la apelación, revocando la resolución favorable a los demandantes, se dictó el 28 de agosto del 2013.
La magistrada Esquivel afirma que el suscrito, conjuntamente con el magistrado Carlos Rebolledo, “no querían ir a juicio y nos exigían una pensión”. Su afirmación es inexacta, toda vez que nunca formulé tal exigencia. Al momento de mi separación del cargo de magistrado en el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México que ejercí por 16 años, solicité formalmente que me fuera otorgada la pensión que me corresponde por disposición de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, normatividad que me era y es aplicable. Como mi petición fue negada después de cuatro meses de haberla formulado, presenté una demanda de amparo, fundamentada en los ordenamientos mencionados y también en el hecho de que pensiones similares habían sido otorgadas cuando menos a un magistrado y a una magistrada, a quienes la propia Magistrada Esquivel se refiere en la entrevista que se comenta. Es totalmente falso que me haya “molestado” por la inexistencia de un fondo de retiro. Ni demandé por tal inexistencia, ni me ha “molestado”, puesto que el asunto es de índole jurídica y no de estados de ánimo.
Respecto a que el Magistrado Rebolledo y el suscrito no queríamos ir a juicio, la magistrada Esquivel tiene parcialmente razón. Personalmente no veía sentido en ir a un juicio, es decir en interponer una demanda de amparo para pedir el cumplimiento de un derecho que debía de ser reconocido sin lugar a dudas en un Tribunal de legalidad como el que ella preside. Es absurdo el criterio de que todo derecho que deba de ser respetado por alguna autoridad, tenga que ser defendido necesariamente en tribunales, en este caso federales. El absurdo es aún mayor si quien tiene la responsabilidad de respetar la ley y no lo hace es quien preside un Tribunal. Es esta una concepción que conduce a una deficiente y prolongada administración de justicia. Y si inicié un juicio fue por la ilegal negativa a mi petición.
Dice la magistrada que queremos una pensión para seguir cobrando el resto de nuestra vida como si estuviéramos en activo. La afirmación distorsiona la realidad, toda vez que mi acción legal se produjo para percibir una remuneración en calidad de jubilado, prevista por las leyes aplicables, y no como si estuviera en activo.  Y tan es procedente la petición, que he obtenido resolución favorable en el juzgado federal en el que se llevó el juicio, aunque la Presidencia del Tribunal interpuso un recurso de revisión, en la misma lógica de prolongar el litigio. Llama la atención que la magistrada no diga en la entrevista si me asiste o no el derecho reclamado, lo que debería de ser el primer argumento y la primera preocupación en alguien dedicada a la impartición de justicia. Y es que si, como he demostrado, el derecho efectivamente me asiste, entonces la negativa a mi reclamo sería por razones extra jurídicas.
La referencia que hace la Magistrada Esquivel Mossa en cuanto a que el Magistrado Carlos Rebolledo habría interpuesto un juicio para solicitar también una pensión, no se apega a la verdad. Después de consultar con el Magistrado, puedo sostener que lo que él demandó por la vía de amparo fue su reinstalación, ya que conforme a la ley que le es aplicable fue ilegalmente separado de su cargo. Tanto en la sentencia emitida por el juzgado de distrito que conoció el caso, como en la que dictó el Tribunal Colegiado ante el cual se llevó la revisión, el sentido fue que el Magistrado Rebolledo tiene derecho a ser reinstalado. Sin embargo, mediante actos dilatorios no se ha cumplido con lo ordenado por esas instancias federales y al magistrado no se le ha permitido regresar al cargo que por ley y por resolución judicial le corresponde.
Como en mi caso, en el del magistrado Rebolledo llama también la atención que la Magistrada Esquivel desconozca los términos de nuestras demandas, de la misma manera que desconoce el tiempo que tardó la Sala Superior del Tribunal en resolver el recurso de apelación del caso de la Supervía.
Más que de afirmaciones ligeras y sin sustento, o de parafernalia, los ámbitos de la administración de justicia, para el caso el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad, requieren de una reflexión abierta, transparente, que aborde tanto los criterios de las resoluciones que afectan a la ciudadanía, como los derechos de quienes ahí han laborado o laboran, así como criterios de acceso, adscripción y permanencia en los distintos cargos, y desde luego las disposiciones presupuestales. Ojalá se hiciera.
 

Antentamente

Jorge Fernández Souza