CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En cuanto la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República regresó de sus vacaciones el primer comunicado que envió fue contra la aspirante a la candidatura presidencial de la oposición, Xóchitl Gálvez, por suscribir, como senadora, la acción de inconstitucionalidad a la Ley Federal para el Control de Precursores Químicos, como el fentanilo.

Critica que los legisladores “reclaman una supuesta violación al procedimiento legislativo con motivo del cambio de sede, cuando fue precisamente su actuar antidemocrático lo que obligó al pleno parlamentario a sesionar en un inmueble alterno del propio Senado de la República”.

Con el mismo lenguaje que utiliza el presidente Andrés Manuel López Obrador, el comunicado de la Consejería Jurídica indicó que “es público y notorio” que los legisladores de oposición, fieles a lo anunciado desde el 9 de junio de 2022, en que se comprometieron a una moratoria legislativa para cualquier reforma del Ejecutivo Federal, “en lugar de participar en el debate parlamentario, trataron de obstaculizar el desarrollo normal de las sesiones programadas los días 27 y 28 de abril del año en curso en la Cámara Alta”.

Justifica que en las grabaciones públicas de dichas sesiones, “la confesión expresa de la senadora Xóchitl Gálvez, para acreditar que su objetivo era impedir el debate parlamentario que, ahora alegan, no pudieron ejercer”, también tachó de “evidente” que las acciones de moratoria de la misma senadora, a la única que identifican con nombre y apellido, tuvieron como objetivo impedir la discusión y votación de los asuntos incluidos en el orden del día.

Dijo que incluso “prefirieron organizar bailes, pijamadas y encadenarse a la silla de una mesa, en vez de debatir los proyectos de leyes materia de la sesión”; para esta cita la Consejería, dependiente de María Estela Ríos, exhibieron dos imágenes donde aparece la senadora panista, en una encadenada y en la otra en el piso con el senador Gustavo Madero.

“Es principio de derecho que nadie puede beneficiarse de su propia conducta indebida o torpe; por ende, si fueron precisamente los senadores actores quienes trataron de obstaculizar el debate parlamentario, ahora no pueden alegar que se les impidió participar en la discusión y votación de la reforma cuestionada”, apuntó.

También consideró que esa “minoría legislativa” reconoce la constitucionalidad de la reforma impugnada, pues ante el recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación “no hacen valer concepto de invalidez alguno en contra de los preceptos modificados”.

Alertó del grave daño a los derechos fundamentales en caso de declarar la invalidez de la reforma en materia de control de sustancias como el fentanilo, lo cual repercutiría en cuestiones de seguridad y salud pública, “así como incumplimiento a los compromisos internacionales del Estado mexicano en materia de combate al tráfico ilegal de este tipo de sustancias”.

Por esas razones la Consejería dijo que “espera que la SCJN actúe imparcialmente y tome en cuenta las conductas antidemocráticas de los legisladores” y reconozca la validez del decreto impugnado porque fue aprobado por la mayoría en el Senado.