En el Primer Encuentro Nacional de Congresos Locales Rumbo a la Amortización Legislativa en Materia de Delitos Sexuales y Acceso a la Justicia de Niñas, Niños y Adolescentes Víctimas, coincidieron en la necesidad de armonizar las leyes para poder combatir estos problemas que aquejan a los menores.
Lorena Villavicencio Ayala, titular del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), reveló que el 50% de niñas y niños han sido abusados sexualmente por integrantes de su familia.
Por ello, indicó que es urgente hacer un pacto para poner en el centro de la política pública y legislativa del país, y establecer una agenda común
“Independientemente de nuestras posiciones políticas o partidarias, creo que tenemos la gran oportunidad de hacer una gran agenda nacional para darles condiciones de dignidad, darles las posibilidades del ejercicio, pleno de sus derechos, un desarrollo integral y liberarlos de la violencia a tantos niños, ni niñas en este país”, dijo.
Resaltó la importancia de realizar un trabajo importante de armonización ya que un mismo delito puede ser tipificado de formas distintas según el Estado, ya que “hay estados que a lo mejor no les parece tan grave el abuso sexual contra una niña y y desde ahí estamos mal, necesitamos establecer criterios, necesitamos sentarnos todos los que queremos cambiar esta situación”.
En representación de Rocío García, titular del DIF, Luis Peña coincidió en la necesidad de armonizar las leyes en todo el país, aunque llamó a que no solo se vea o se concentre el esfuerzo en las penas o sanciones en contra de quienes cometen un delito, sino tomar medidas para beneficiar a los menores de edad que sean victimas y que puedan tener un hogar.
“Pensemos, por ejemplo, una niña víctima de abuso sexual en su propio entorno biológico, no debería permanecer en él, si es que no tiene ninguna otra alternativa familiar, necesita de una nueva familia, podrá estar temporalmente en un centro de asistencia social. Queremos que esté el menor tiempo posible, pero para eso se requiere una respuesta institucional, y una ingeniería institucional que permita que en el menor tiempo posible, tengan resuelta su situación jurídica”, señaló.
Paola Gándara de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres, Grupos de Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas de la Fiscalía General de la República (FGR), destacó la problemática a la que se enfrentan en este tema cuando existen 34 códigos penales que impiden y dificultan la persecución y la sanción de los delitos en general, y de manera muy especial, los delitos que se cometen en contra de niños, niñas y adolescentes, por lo que es evidente la necesidad de homogeneizar, cuando menos de armonizar, la tipificación de delitos sexuales en los diversos códigos penales que existen a nuestro país
“En algunos estados de la República, aún existen penas menores de un año o multas de 50 días y existen tipos penales como el abuso sexual, el estupro, la corrupción de menores de 18 años, que definen de manera ambigua o estos delitos dificultando, su adecuada investigación, persecución y finalmente sanción”, expuso.
Mónica Miguel Muñoz Olmedo, Encargada de Legislación y Políticas Públicas de la Red por los Derechos de la Infancia en México – REDIM, comentó que lo más constante en la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes es la impunidad, por lo que se hace necesario que se tengan fiscalías especializadas.
“Al día de hoy, que el Comité de los Derechos del Niño ponga el ojo en la investigación nos obliga a voltear a las fiscalías, nos obliga no solo a saber, que vamos a hacer con estos 34 códigos que hay que armonizar y hay que hacerlos bien, con una técnica legislativa a la altura de lo que las niñas, niños y adolescentes de México merecen, pero también nos obliga a saber quiénes están operando. No podemos poner a un ministerio público que pasa de investigar un fraude a un delito sexual”, puntualizó.
CS
Cortesía de El Heraldo de México.
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