En medio de la preocupación social por las denuncias de pinchazos en contra de pasajeros del transporte público de la capital nacional, la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, confirmó este viernes que, hasta el momento, se reportaron 41 acusaciones formales ante la Fiscalía local y que solo en 15 de ellas se corroboró la existencia de heridas; que, sin embargo, en ningún caso representaron un riesgo de vida para las víctimas.
“Desde el primer reporte las instituciones han adoptado medidas de prevención, seguimiento e investigación de cada uno de los casos”, aseguró la jefa de Gobierno durante una conferencia de prensa que lideró este viernes junto al equipo de seguridad de su gestión y la Fiscalía. En este contexto, declaró que, hasta el momento, “no ha existido riesgo a la vida de las víctimas” y que “en ninguno de los casos ha existido un intento de secuestro o abuso sexual”.
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“Todo reporte se ha investigado y se han realizado estudios para determinar el posible riesgo para la salud de las personas”, agregó y confirmó que el gobierno de la CDMX desplegará un fuerte operativo de seguridad en las distintas unidades del transporte público que contará con el trabajo de miles de agentes en las estaciones y los vagones del Metro. Además, habrá policías encubiertos que tendrán como finalidad “realizar labores de vigilancia y detención de conductas delictivas”.
Por su parte, la fiscal, Bertha Alcalde, confirmó que, hasta el momento, se recibieron 41 denuncias, en las cuales apenas 15 se pudo constatar la existencia de una herida y que solo en cuatro se confirmó la presencia de una sustancia tóxica. “No ha habido indicios de que estos indicios que estos patrones correspondan a intentos de secuestros o abuso sexual”, agregó y detalló que, en los últimos días, se realizaron tres arrestos de los cuales dos ya fueron liberados por falta de pruebas.
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Asimismo, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, detalló el nuevo “protocolo inmediato” de seguridad que se implementará para este tipo de denuncias. El mismo tendrá en los agentes de la Policía de proximidad el primer contacto de las víctimas con las autoridades, que las remitirán a la Policía institucional del transporte para recibir atención médica. Luego, serán trasladadas a un centro de salud para recibir asistencia especializada, donde serán evaluadas y analizadas. Por último, la Fiscalía iniciará las investigaciones y brindará ayuda legal y psicológica.
Cortesía de La Política Online