COLIMA, Col. (apro) .- La Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) Manzanillo desistió de la solicitud de autorización ambiental del proyecto del Puerto Nuevo Manzanillo en la Laguna de Cuyutlán, anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum en noviembre pasado, con una inversión de 65 mil millones de pesos, con el propósito de aumentar de 4 a 10 millones el número de contenedores movilizados anualmente por el actual puerto.
Sin embargo, la Asipona no ha explicado las razones del desistimiento, sino que fue la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) la que dio a conocer la información del final del procedimiento administrativo en la más reciente edición de la Gaceta Ecológica, que se difunde semanalmente en el sitio web de la dependencia.
El pasado 3 de abril la autoridad portuaria había ingresado ante la Semarnat la Manifestación de Impacto Ambiental para su evaluación y resolución, pero el 12 de junio siguiente presentó el “Aviso de desistimiento de la autorización en materia de impacto ambiental”, mediante el oficio ASIPONAMAN-OF-GJ/2.S.07/35/2025, de fecha 9 del mismo mes y año.
Por lo tanto, la Semarnat informó al público en general que se dio por concluida la consulta pública del proyecto, cuyo periodo ya se había iniciado y se estaba preparando la reunión pública de información.
Tras la difusión del desistimiento de la Asipona ante la autoridad ambiental, el gobierno de Colima informó que la ampliación del Puerto de Manzanillo “es un proyecto de inversión que sigue en firme en los planes del Gobierno de México y de los tres órdenes de Gobierno, y que actualmente se está reformulando el proceso para obtener las autorizaciones ambientales necesarias para llevarlo a cabo”.
Mediante un comunicado, la administración de la morenista Indira Vizcaíno Silva aclaró que el desistimiento de la solicitud de evaluación y autorización ambiental del proyecto “no representa ningún cambio en la intención del Gobierno de México de que se realice el proyecto de ampliación del Puerto de Manzanillo hacia la Laguna de Cuyutlán, sino la búsqueda de una evaluación ambiental integral del mismo”.
Refirió que originalmente se había iniciado el proceso de la MIA sólo para la primera etapa del proyecto de ampliación del puerto y, después de diversos análisis, se determinó que lo óptimo era que la autoridad evalúe integralmente todas las etapas del proyecto desde el punto de vista ambiental.
“Cuando vuelva a ingresarse la MIA para la evaluación integral del proyecto, deberá de ser con todas sus etapas y también se reiniciará el proceso respectivo de consulta pública”, expuso.
El gobierno estatal añadió que, a través de la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad (Seidum) y del Instituto para el Medio Ambiente y el Desarrollo Sustentable (Imades), continuará colaborando con el Gobierno de México para el avance del proyecto de ampliación del Puerto de Manzanillo, y “para que éste pueda realizarse con un manejo ambiental ejemplar que garantice la salud y el equilibrio del ecosistema en el largo plazo”.
Aseguró que el avance del proyecto “se realizará manteniendo un compromiso irrestricto con el desarrollo sustentable, y priorizando tanto la protección del medio ambiente, como el bienestar de las comunidades locales y la resiliencia del territorio ante los efectos del cambio climático, tal como lo han expresado la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno Silva”.
En su edición impresa, correspondiente al mes de mayo, la revista Proceso publicó un reportaje en el que se incluyeron puntos de vista de académicos y ambientalistas, quienes alertaron sobre los riesgos que representa el proyecto del nuevo puerto para el ecosistema y el equilibrio ambiental de la Laguna de Cuyutlán, que es el cuarto humedal costero más grande de México y constituye una zona de anidación de 25 especies de aves.
El maestro en Ciencias del Mar Alejandro Reyes Herrera, exdirector de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Manzanillo, advirtió que en el polígono destinado para el nuevo puerto hay más de 305 hectáreas de flora que se encuentran en riesgo de ser retiradas, de las que al menos 119 corresponden a manglar, 75 a selva baja caducifolia y 93 a vegetación halófila.
Además, indicó que en el Vaso II de la laguna hay dos islotes continentales que se encuentran en peligro ante el proyecto portuario, uno de 58.4 hectáreas y el otro de 35, que albergan diversas especies de fauna y son utilizados por las aves migratorias como refugio.
A su vez, el activista Eduardo Mosqueda Sánchez, director de la organización ambientalista Tsikini AC, con sede en Guadalajara, consideró que la obra que planea realizar el gobierno federal en la Laguna de Cuyutlán es “un típico proyecto neoliberal que desplaza a las comunidades y destruye los ecosistemas”.
Cortesía de Proceso.