En los surcos del campo lagunero no solo se cultivan forraje y esperanza. También, desde hace meses, ha germinado el miedo. Agricultores de la Comarca Lagunera de Durango enfrentan una nueva plaga: un grupo sindicalizado de transportistas materialistas que, bajo la sombra de la impunidad, les exige pagos ilegales a cambio de no bloquear sus actividades productivas.
Es una extorsión sistemática, camuflada de “acuerdos sindicales”, que opera a plena luz del día y frente a un gobierno estatal que —según denuncian las organizaciones ciudadanas— ha mostrado una alarmante indiferencia.
Este pasado sábado, el Consejo Cívico de las Instituciones Laguna (CCI), junto con la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia de Torreón y México SOS, emitió un posicionamiento público urgente. En él respaldan las declaraciones del Coordinador de la Mesa de Seguridad de la Laguna de Durango, quien denunció la falta de atención del Ejecutivo estatal ante el fenómeno del “cobro de piso”, particularmente en el sector agropecuario.
“El fenómeno de la extorsión y el cobro de piso constituyen delitos con nula visibilidad que distorsionan las estadísticas oficiales, operan en la impunidad y funcionan como un impuesto criminal que frena la actividad económica regional”, afirma el comunicado.
En un entorno en el que el crimen ha aprendido a disfrazarse de actividad sindical, el costo es alto: pérdidas millonarias, desinversión, miedo y un paulatino retroceso en los logros de seguridad y desarrollo social que con tanto esfuerzo se habían alcanzado en la región.
Los campesinos acusan falta acciones contra la extorsión
En entrevista con Marco Antonio Zamarripa González, director general del CCI Laguna, detalló que aunque ha habido esfuerzos ciudadanos para establecer mesas de diálogo y presentar evidencia del delito, el gobierno de Durango ha respondido con tibieza, cuando no con silencio.
“No ha habido una respuesta contundente por parte del Ejecutivo estatal para atender estas demandas”, afirmó. Y aunque reconoció que después de un primer pronunciamiento hubo una baja temporal en los casos de extorsión, la realidad es que solo hicieron una pausa los mafiosos, pero el problema persiste.
“Este tema debe tratarse directamente con el sector afectado. No se puede diluir en una reunión generalista donde solo se da seguimiento administrativo”, enfatizó Zamarripa.
El cobro de piso en La Laguna ha causado varios problemas
El cobro de piso en la Laguna de Durango no es exclusivo del sector agropecuario, aunque ahí ha causado daños profundos por la dependencia directa que la economía regional tiene del campo. Las víctimas deben pagar por tonelada transportada, por carga movilizada o simplemente por permiso de operación, bajo amenazas veladas o explícitas. En algunos casos, se reporta que quien no paga, no cosecha.
La situación ha escalado al grado de que los mismos agricultores ya hablan de estas extorsiones como si fueran parte del calendario agrícola. “¿Ya te habló Limones?”, preguntan entre ellos, usando el apodo o apellido con el que identifican a uno de los líderes de este grupo de presión. La peligrosidad de esa normalización no puede subestimarse.
Es muy preocupante escuchar a los productores esperar que los extorsionen, como si fuera una etapa más del ciclo de cultivo, denunció el CCI. Esa aceptación pasiva del delito —construida sobre el miedo, la desconfianza institucional y la falta de justicia— es, en sí misma, una derrota cultural ante el crimen.
La crítica más severa no va contra los criminales, sino contra el gobierno estatal que ha tolerado su expansión. “Hay un profundo desencanto, insatisfacción y tristeza en el sector productivo, no solo por la inacción gubernamental, sino por la ausencia de mecanismos efectivos de colaboración entre empresarios y autoridades”, señala el posicionamiento.
El gobernador de Durango, según Zamarripa, ha mantenido una distancia evidente con el sector empresarial lagunero desde el inicio de su administración.
“Ha sido un reclamo generalizado. Esta región genera más empleos que muchas otras partes del estado y no se le está dando el trato que merece”.
En contraste, la sociedad civil ha buscado ser parte de la solución. El Consejo Cívico, por ejemplo, propone encuentros directos entre víctimas, autoridades e instancias responsables de garantizar el Estado de Derecho. Pero sin voluntad política, estas intenciones se diluyen en la indiferencia burocrática.
La lucha no ha terminado. El CCI y las mesas ciudadanas insisten en abrir espacios de diálogo, denunciar con respaldo y proteger a quienes se atreven a hablar. También llaman a no aflojar la presión pública. “Si dejamos de insistir, si bajamos la voz, la autoridad tampoco hará su parte”, advierte Zamarripa.
Pero más allá de comunicados, lo que exigen los productores son hechos: carpetas de investigación abiertas, órdenes de aprehensión ejecutadas, procesos judiciales y medidas de protección.
Cortesía de El Heraldo de México.