CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Oscar Zamudio, abogado de Carlos Treviño, exdirector de Pemex, solicitó la realización del protocolo de Estambul a Emilio Lozoya Austin y su padre, Emilio Lozoya Thalmann, para determinar si fueron o no torturados.

El abogado, que actualmente enfrenta un proceso penal por supuestamente haber denunciado falsamente Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), de torturar a Lozoya y su padre, solicitó a Kristian Javier Jiménez Hernández, agente del ministerio público federal, titular de la Unidad de Investigación de la Fiscalía Especializada en Control Competencial, realizar dicha prueba.

De acuerdo con la información confirmada por Proceso, el abogado busca que con esta prueba se acredite si él denunció o no hechos falsos, tal como le imputa la FGR.

Por ello solicitó a la FGR que, en caso de autorizar la prueba, le permita estar presente durante la práctica del protocolo de Estambul a Emilio Lozoya y su padre.

“Tiene relación con la acreditación del elemento del delito relativo a la falsedad de los hechos, denunciados por el suscrito y permitirá establecer si los señores Lozoya Austin y Lozoya Thalmann fueron o siguen siendo víctimas de algún delito de los previstos en la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes”, señaló Zamudio en su escrito presentado ante la FGR el pasado 7 de septiembre.

El abogado explicó a Proceso que en caso de que Lozoya y su padre rechacen la realización de la prueba, él prevé solicitar a un juez de control que intervenga.

Durante su audiencia de vinculación a proceso, realizada el pasado 31 de agosto, la FGR indicó que cuestionó a Lozoya y su padre sobre los presuntos actos de tortura denunciados por Zamudio y que estos respondieron que nunca fueron víctimas de estas conductas y que no conocen al abogado.

La denuncia de Zamudio derivó de la difusión de los audios en los que se escucha al fiscal General, Gertz Manero, presionar al padre de Emilio Lozoya para despedir al abogado Javier Coello y desistirse de los amparos con los que buscaba proteger a su hijo.

El abogado consideró que dichas conversaciones constituyen tortura psicológica para obligar a Lozoya a denunciar a otros exfuncionarios, entre los cuales se encuentra su cliente Carlos Treviño, a cambio de obtener beneficios procesales.

Además de que la Fiscalía General determinó que no hubo tal tortura, consideró que el abogado intentó utilizar su denuncia a favor de su cliente, y por ello procedió penalmente en su contra por un delito cometido de abogados previsto en el Código Penal Federal.