CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- A ocho años del asesinato del periodista Javier Valdez Cárdenas la exigencia de justicia no cesa, y ha llegado a las puertas de la embajada de Estados Unidos en México, hasta donde llegó un grupo de periodistas y activistas a solicitar la extradición del presunto autor intelectual del crimen, el narcotraficante Dámaso López Serrano, quien se encuentra detenido en Estados Unidos.
Frente a un pebetero encendido ante la fotografía de Valdez Cárdenas, uno de los periodistas fundadores del semanario “Río Doce”, de Sinaloa, el director de ese medio, Ismael Bojórquez, y representantes en México de organizaciones internacionales de defensa de la libertad de expresión, y Propuesta Cívica, que representa a los familiares de la víctima, se dieron cita para entregar una carta para exigir la extradición de Dámaso Serrano.
En la carta, los firmantes exhortan al recién nombrado embajador Ronald Johnson que, durante su encargo, “el proceso de extradición de Dámaso López Serrano permanezca como un tema constante en su agenda con el fin de apoyar la posibilidad de su ejecución para que este proceso avance conforme al marco legal bilateral” entre México y Estados Unidos.
Firmada por “Río Doce”, Reporteros Sin Fronteras, Artículo 19, Comité de Protección a Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) y Propuesta Cívica, la misiva recuerda que por investigaciones de la Fiscalía Especial de Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) se descubrió que el asesinato de Valdez, el 15 de mayo de 2017, en Culiacán, fue presuntamente ordenado por Dámaso López Serrano, alias “El Mini Lic”, caso por el que dos personas han sido sentenciadas.
Tras resaltar que en 2017 López Serrano se entregó voluntariamente a las autoridades de estadunidenses en la garita de Calexico West, liberado y nuevamente detenido en diciembre de 2024, los firmantes apuntaron que el 23 de enero de 2020, la Fiscalía General de la República (FGR) notificó la liberación de una orden de aprehensión y la gestión ante Estados Unidos para que “El Mini Lic” fuera extraditado, pero “aún no se ha presentado algún avance determinante”.
En la carta, que retrata el perfil profesional de Valdez Cárdenas, como un periodista reconocido por la documentación de “actos de corrupción e irregularidades de las autoridades estatales y municipales sinaloenses” y por dar voz a las familias de víctimas del “contubernio” entre crimen organizado y el gobierno, se puntualiza que fue asesinado por cumplir con su labor periodística.
“Han pasado 8 años desde que Javier Valdez fue privado de la vida por el hecho de informar a la sociedad mexicana y la posibilidad de que Dámaso López Serrano enfrente la justicia por su responsabilidad en este crimen sigue siendo incierta.
“Los familiares, el gremio periodístico y las organizaciones de defensa de la libertad de prensa en México consideramos que su presencia ante tribunales de México es un paso esencial en el camino de justicia verdad del caso y el combate a la impunidad tratándose de crímenes contra periodistas”, se lee en la carta entregada por la directora de Propuesta Cívica, Sara Mendiola y recibida por el responsable del área de prensa de la embajada José Manuel Fernández.
Previo a ello, el director de “Río Doce Ismael” Bojórquez, leyó un comunicado en el que se llamó a “saldar la deuda de justicia que persiste en este caso”, y recordó que por la muerte de Javier fueron sentenciados los asesinos materiales Heriberto Picos Barraza y Juan Ildefonso Sánchez, mientras que un tercero fue asesinado en Sonora en 2017.
Bojórquez transmitió el mensaje de la viuda de su colega, Griselda Triana, al señalar que “el crimen de Javier sigue impune porque quien dio la orden de acabar con su vida no ha sido extraditado a México para ser juzgado por ese delito, y la justicia incompleta sigue siendo injusticia”.
De acuerdo a las consideraciones de Triana “mientras no rindan cuentas los responsables de crímenes contra periodistas, estos continuarán porque de antemano saben que tienen permiso para matarles y desaparecerles sin ninguna consecuencia”.
El director del semanario, que fundó Javier Valdez, llamó a “no cejar en exigir extradición del autor intelectual” del crimen, por lo que hizo un llamado a la FGR y a la Secretaría de Relacione Exteriores (SRE) “a dar seguimiento eficaz al proceso de extradición”.
Al extender la demanda de procurar la extradición al gobierno de Estados Unidos para “adoptar todas las medidas necesarias para agilizarlas y lograr así justicia plena para su familia y la sociedad”, Bojórquez expresó su “profunda preocupación por el clima de violencia que prevalece desde hace meses en el estado de Sinaloa, el cual afecta gravemente la seguridad de sus habitantes y dificulta el ejercicio libre y seguro del periodismo”.
Balbina Flores de Reporteros Sin Fronteras (RSF) reconoció que, a petición de los periodistas de Sinaloa, este año la ceremonia conmemorativa por el asesinato de Javier Valdez no se llevó a cabo en Culiacán, porque “está bajo una guerra entre dos cárteles”.
La defensora puntualizó que la capital de Sinaloa está “bajo una guerra desde hace más de nueve meses, que pone en riesgo la seguridad de las y los periodistas para que hagan su cobertura en Culiacán, pero también ponen riesgo a la ciudadanía”.
Flores destacó que desde hace ocho años que fue asesinado Javier Valdez, oficialmente se han registrado “más de 60 periodistas asesinados, solo el asesinato de un periodista debería bastar para que no sigan ocurriendo, pero en México no pasa nada”.
Al sumarse a la petición a las autoridades de Estados Unidos y de México para “agilizar sus buenos oficios para que este autor material, quien mandó, quien pagó para que mataran a Javier, sea extraditado y sea llevado a los tribunales aquí en México (…) pedimos que el caso de Javier no quede en la impunidad”.
Jan Albert Hootsen, del CPJ comentó que “la injusticia y la impunidad en crímenes contra la prensa no ha bajado durante los últimos años, a pesar de compromisos, de promesas, de muchas narrativas por parte de gobiernos estatales, por parte del gobierno federal, de mejorar la situación para la prensa en México”.
Reconoció que la violencia contra periodistas se ha generalizado en México, por lo que los periodistas “están bajo asedio, están amenazados, están con el constante temor a represalias por su labor”.
Al sumarse a la petición para extraditar a Dámaso López, el representante de CPJ hizo eco de la exigencia para que gobiernos “como el estatal de Sinaloa y el gobierno federal de la presidenta Claudia Sheinbaum, empiecen a tomar esa problemática en serio y empiecen a desarrollar políticas públicas que verdaderamente no sólo pueden garantizar la seguridad de periodistas, pero también la justicia en casos de violencia contra la prensa y un fin a la impunidad”.
El defensor consideró que con la extradición de Dámaso López “podemos empezar a reparar el daño que se ha hecho a la prensa y la libertad de expresión en México”.
Luis Knapp Moreno, de Artículo 19, lamentó que la violencia contra la prensa “sigua igual” que en 2017, año en que fue asesinado Javier Valdez, pero que, si se analiza más atrás, desde 2000 han sido asesinados 171 periodistas en México.
Señaló que “la impunidad sigue alrededor del 90 por ciento, es decir, de 10 casos que llegan a las fiscalías, 9 no se resuelven, no obtienen justicia y en donde hay algunos avances, se trata de autores materiales, pero no llegan autores intelectuales a esa cabeza que estuvo atrás del crimen que planeó el hecho”.
Knapp Moreno afirmó que el sexenio de Andrés Manuel López Obrador “fue un sexenio perdido, donde al principio hubo esperanzas de cambio, pero no sólo no hubo avances en el sexenio anterior, hubo una guerra contra la prensa desde Palacio Nacional con una serie de descalificaciones, de estigmatizaciones contra periodistas”.
El integrante de Artículo 19 consideró que los ataques hacia la prensa desde el púlpito presidencial, alentó a que “se vea la prensa como un enemigo, a que haya más agresiones y más ataques contra la prensa”, por lo que exhortó a la presidenta Claudia Sheinbaum a aprovechar la “oportunidad de revertir esa situación y de brindar soluciones”.
Sara Mendiola, de Propuesta Cívica, organización que representa a los deudos de Javier Valdez, reconoció que el periodista fue asesinado mientras “él contaba el infierno que incomoda al poder, que incomodó al crimen organizado”.
Mendiola agregó que “a pesar de las sentencias que se han logrado contra dos autores materiales del crimen, sigue un responsable pendiente de llevar ante los tribunales de justicia en México.
Nos referimos a Damaso López Serrano, alias ‘El Mini Lic’, “quien sigue sin enfrentar justicia mexicana por el atroz crimen de Javier Valdés. Sabemos quién fue el responsable, quién ordenó el crimen, sabemos en qué país está, en Estados Unidos, sin embargo, su extradición sigue pendiente”, dijo la defensora.
Puntualizó que, como representante de la familia, Propuesta Cívica exige que la extradición de Dámaso López “sea un tema de agenda pendiente tanto para este gobierno como para el gobierno de Estados Unidos, queremos que la memoria de Javier Valdés siga inspirando y seguiremos exigiendo justicia hasta que todos los responsables sean llevados a rendir cuentas ante los tribunales de justicia”.
Cortesía de Proceso.