El 5 de febrero de 2024, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) presentó un paquete de 20 reformas en las cuales destacó la eliminación de los organismos autónomos, que describió como “onerosos y elitistas”, ya que previamente había referido, estos estaban “dedicados a proteger los intereses de particulares y no los del pueblo de México”.
Además, aseguró que la eliminación de los mismos representaría un ahorro para las finanzas públicas del país; pero qué y cuáles son los organismos autónomos que la administración federal quiere eliminar, y cuál es el impacto que esto tendría? De acuerdo con el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), suprimirlos “solo limitará su función a los deseos del gobierno”.
Los organismos autónomos, de acuerdo con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), son instituciones que tienen la tarea de hacer efectivos los derechos humanos mediante el respeto al principio de la legalidad y “pueden ser capaces de fiscalizar, transparentar y democratizar la vida política”.
Debido a su autonomía de los poderes del Estado, contribuyen a la democracia y bienestar social, y en el listado de organismos que la actual administración busca desaparecer están 7:
- INAI
- Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT)
- Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece)
- Comisión Reguladora de Energía (CRE)
- Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH)
- Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu)
- Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Conaval)
Riegos económicos de desaparecer organismos autónomos
En un análisis fechado al 05 de agosto de 2024, el CEESP destacó que la falta de una infraestructura eficiente y moderna que reduzca los costos de transporte y política energética en México ha provocado que las inversiones del sector productivo en el país se vuelvan cautelosas, por ello, apuntaron que se requiere de organismos autónomos que ayuden a garantizar reglas claras y justas que impulsen la inversión.
El Centro de Estudios Económicos detalló que los organismos no solo benefician en materia de inversiones, sino también facilitan “un entorno de mayor empleo formal y mejor remunerado, mayor seguridad pública, un eficiente sistema de salud y educación, así como de menor corrupción y mayor transparencia”.
Es por lo anterior que se alertó, la “insistencia en desaparecer los órganos autónomos e independientes para redirigir sus responsabilidades a las secretarías de estado solo limitará su función a los deseos del gobierno”, algo que genera “incertidumbre” y las expectativas de crecimiento se debilitarán, al igual que el ambiente de negocios.
Por ejemplo, en el caso del INAI, al eliminarse sus funciones pasarían a la Secretaría de la Función Pública, al órgano de control y disciplina del Poder Judicial y a las contralorías del Congreso de la Unión, mientras que las del IFT quedarían a cargo de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).
En cuanto a las actividades de la Cofece, caerían en las oficinas de la Secretaría de Economía (SE), la Coneval cedería funciones al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en tanto las de la CNH y la CRE quedarían en la Secretaría de Energía (SENER) y las atribuciones de Mejoradu pasaría a la Secretaría de Educación Pública (SEP).
Finalmente, el CEESP expuso que el ante el debilitamiento de la actividad económica por la incertidumbre que generará la eliminación de los organismos autónomos podría inhibir cualquier intención de invertir, no obstante, destacó que el gobierno tiene la obligación de atender esta problemática, y la recomendación que mantener órganos independientes que garanticen la transparencia de las operaciones.
Cortesía de IDC
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