CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Ante las represalias emprendidas por Televisa y el abogado Javier Tejado Dondé contra Germán Gómez, el exempleado de la televisora que entregó al equipo de Carmen Aristegui la información origen de la investigación periodística Televisa Leaks, la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) exhortó hoy a reformar el marco legal para reforzar la protección de quienes exponen la corrupción y abusos en México.
La organización, que ha investigado el uso ilegal del spyware Pegasus en México, denunció que, tras la publicación de la investigación en el programa y el sitio de la periodista, Gómez fue víctima de una embestida de “difamaciones y mentiras” en medios y redes sociales, en la que Televisa, Javier Tejado y el periodista Salvador García Soto –tío del exempleado de Televisa– difundieron su dirección, lo acusaron de robo o cuestionaron su salud mental.
“La estrategia fue clara: atacar al mensajero para ignorar el mensaje”, insistió R3D, que recordó que la información filtrada al equipo de investigación de Aristegui exhibió las operaciones de manipulación realizadas por el equipo “Palomar” en Televisa, un grupo encabezado por Tejado y dedicado a fomentar campañas en contra o a favor de sus clientes, basadas en mentiras y en documentos apócrifos.
La investigación mostró, entre otros, cómo el equipo Palomar orquestó una campaña a favor de Arturo Zaldívar para presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) –a cambio de contratos públicos de esa institución–, atacó a adversarios de la televisora, y llegó al extremo de fabricar testimonios falsos para acusar al magistrado Arturo Camero Ocampo de abuso sexual infantil.
Según R3D, la información filtrada por Germán Gómez “atiende a casos de interés público”, mientras que las represalias que ha sufrido el exempleado muestran que “en México no existe un marco legal suficiente para proteger a quienes exponen corrupción o abusos”.
Por ello, la organización urgió a adoptar una serie de medidas para incentivar la denuncia, ya sea mediante la creación de canales anónimos para entregar información a las fiscalías; la sanción a quienes ataquen o criminalicen a los denunciantes, o la protección laboral para quienes exhiben los abusos de sus empleadores.
