Lo que se conoce como Reforma Constitucional ha causado una crisis política; llega a los linderos del rompimiento del orden constitucional. Es algo inusitado y, por ello, excepcional y grave.

El que afirme que se trata de algo inusitado significa que no tiene precedente y, por lo mismo, la solución que se procure más debe derivar del cerebro, que del estómago; de la razón y no de la pasión.   

Algunos hablan de que se trata de un golpe de Estado; no hay tal. Estos son, ciertamente, formas de hacer violencia. En ciencia política se le reconocen características propias, mismas que lo distinguen de otro tipo de violencia pública, de otros actos ilegales que provocan o en los que intervienen funcionarios públicos. 

Si efectivamente, en el caso, se considera existe una forma de golpe de Estado, la acción pudiera estar referida a la negativa de parte los legisladores de Morena, que son miembros del Congreso de la Unión, que se han negado a acatar las suspensiones otorgadas por jueces de distrito. Son ellos los que, con su desobediencia, han roto el orden constitucional.

El grueso de los morenistas, como priistas que fueron, siguen añorando un Estado absolutista y el yugo sobre su nuca; los que no fueron priistas y que navegaron con bandera de izquierdistas, conservan en su mente el modelo estalinista de Estado. No tienen aspiraciones democráticas, no saben de leyes ni vivir en un Estado de derecho.

Con prepotencia, Gerardo Fernández Noroña, hablando desde la presidencia del Senado, ha declarado:

“Efectivamente hace unos minutos la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por ocho votos a favor, demostró su carácter faccioso al plantear que está por encima del Poder Legislativo, que tiene atribución soberana, como Constituyente Permanente, de reformar la Constitución. 

“Ni la Suprema Corte de Justicia de la Nación ni el Poder Judicial tiene la atribución jurídica alguna para revisar los actos de esta soberanía ni del Poder Legislativo y no puede, no debe la Suprema Corte de Justicia de la Nación erigirse como supremo poder, por encima del Poder Legislativo y del poder Ejecutivo y, sobre todo, del soberano que es el pueblo de México. 

“Por esa razón esta presidencia plantea, con toda claridad y firmeza, que la elección de las personas juzgadoras se llevará a cabo el día primero de junio de 2025, lo quiera o no lo quiera la Suprema Corte de Justicia de la Nación.”

Ese individuo ignora que desde el sitio en que formuló sus declaraciones, no puede hacerlas, ni lanzar las amenazas que ha proferido. Al hacerlo ha dado a entender que lo que declaró es una opinión del Senado, lo que no es cierto; y no personal, que sí lo es. 

Ignora que los presidentes de las Cámaras, como tales, sólo pueden actuar como moderadores en ellas y que les está vedado hablar en nombre de sus colegas, sin mediar un acuerdo debidamente emitido. Que no fue el caso.  

Que se baje del alto sitial y que diga todas las cosas a las que nos tiene acostumbrado, pero que no usurpe las funciones de declarador oficioso de la Cámara a la que pertenece.

La actual presidenta de la República, si quiere llevar la fiesta en paz y que las instituciones públicas tengan crédito y funcionen adecuadamente, debe dejase de andar asumiendo pleitos ajenos y comenzar a comportarse como una auténtica estadista, como jefa de estado y, como responsable de “Facilitar al Poder Judicial los auxilios que necesite para el ejercicio expedito de sus funciones.” (art. 89, frac. XII). Por ello, más se debería inclinar por procurar tender puentes con el Poder Judicial, tal como está, y no andar asumiendo pleitos personales ajenos.

Ya puestos en plan de pleito, los jueces, por su parte, podrían llegar al extremo de negarse a obsequiar las órdenes de aprehensión que le sean solicitadas por el Ministerio Público; y el Pleno de la Corte, por su parte, pudiera negarse a conocer y resolver las controversias en las que tenga interés la nación o la presidenta de la República. 

A nadie conviene ese tipo de enfrentamientos, ni que un poder, como lo es el judicial, esté virtualmente paralizado.

Quien resolvía los negocios públicos con las vísceras que tiene en el estómago, ya se fue. A nadie conviene, y menos a los mexicanos, que el enfrentamiento continue. Los tres Poderes de la Unión deben poner todo de su parte para solucionar el conflicto. El arreglo pasa, necesariamente, por la derogación del decreto de reformas al Poder Judicial.

Ciertamente pudiera existir corrupción en algunos miembros del Poder Judicial, como también la pudo haber en la administración pública federal, pero la solución no es hacer que, por las faltas de unos pocos, tengan que pagar todos, incluyendo los inocentes. 

No es a través de introducir un sistema de elección impracticable, como lo es el de pretender que la ciudadanía elija a los ministros, magistrados y jueces, como se combatirá y acabará la corrupción.

Para Claudia Sheinbaum, como nueva presidenta, cualquier tipo de solución que dé al conflicto con el Judicial, pasa, necesariamente, por un enfrentamiento, al parecer no deseado, con su antecesor, padrino y mentor. Por ello, la posibilidad de llegar a un arreglo del problema, que no implique el sometimiento del Poder Judicial, pudiera estar, en principio, descartado.

Mal andan las cosas desde el momento en que la propia presidenta, en el estado de Morelos, en la primera semana de su gobierno, sabiendo que la supuesta reforma constitucional está sub judice, en una farsa de consulta a la ciudadanía, haya preguntado a los presentes si están de acuerdo en que los jueces sean de elección popular.

Puestos a pensar mal, existe otra posibilidad: que AMLO, en su perversa mente, para lograr que su pupila se consolide en el poder y logre la aceptación de todos, estire la liga lo que más puede y, llegado el momento de que estalle la crisis, permita que ella dé solución al conflicto con el Poder Judicial.

Ese problema, cuando menos para él, pudiera ser algo artificial. El dejar que ella se anote el mérito de haberlo solucionado, la afianzaría en el poder, denotaría que tiene independencia y que sabe negociar; todo ello con vistas a la sucesión de su hijo en el año 2030. 

Esta posibilidad no va con la forma visceral de actuar del ex.