Hace unos días se llevó a cabo la Semana Académica de la Escuela Judicial Electoral y Coloquio sobre Derecho Electoral Comparado: “Inteligencia Artificial y su impacto en la democracia”, organizado de manera conjunta con el Instituto Tecnológico de Monterrey.
El propósito de este evento fue poner sobre la mesa temáticas y reflexiones relevantes acerca de los desafíos que plantea la inteligencia artificial (IA) en nuestros procesos democráticos y jurídicos, en perspectiva comparada.
A propósito de estos planteamientos, vale la pena hacer un breve apunte acerca de qué significa la llegada de la IA para el mundo del Derecho y de la abogacía que, como puede imaginarse, no es nada pacífica ni sencilla.
No cabe duda de que la IA constituye uno de los más extraordinarios e impactantes procesos transformadores que viviremos los juristas, como prácticamente para todos los oficios y las profesiones en los años por venir.
¿Podemos usar la inteligencia artificial para hacer más eficiente el sistema de impartición de justicia y la dinámica de la profesión jurídica, sin poner en riesgo bienes democráticos fundamentales de nuestra civilización, como puede ser, por ejemplo, la tutela de los derechos humanos?
En la actualidad, sistemas de IA, como ChatGPT, Grok, Gemini, Sof-IA y muchos otros comienzan a utilizarse cotidianamente como herramientas para la investigación jurídica o para la redacción de documentos jurídicos, tales como demandas, escrituras, contratos u opiniones legales.
No está muy lejana la posibilidad de que estos sistemas puedan emplearse para hacer tareas más sofisticadas, como emitir juicios, realizar propuestas de resolución de los litigios, plantear alegaciones de defensa legal, o incluso labores notariales.
Una de las cuestiones más fascinantes que plantea la potenciación inevitable de la IA son los dilemas éticos en su uso, así como los conflictos que podría acarrear su aplicación justamente a los problemas de derechos humanos.
La toma de posiciones éticas frente al conflicto es una materia propia de la humanización de la justicia que podría ser muy difícilmente gestionable con la programación y automatización de la información, propia de las IA.
Las propuestas automatizadas para la resolución jurídica de conflictos sobre derechos humanos son potencialmente inciertas, dados los sesgos cognitivos del diseñador o el creador de la IA, en cuyas manos podrían quedar definidos, por ejemplo, factores indeseables de discriminación.
Por ello, la progresión en el uso y normalización de la IA en el campo de la justicia exigiría una programación que no se limite a preestablecer reglas de Derecho
Son también necesarios lineamientos éticos básicos, como la priorización de la defensa de los derechos, su condición pro persona y progresiva, la caracterización de las instituciones democráticas, todo ello en función de tradiciones jurídicas y culturales nacionales, regionales o universales que, por supuesto, no son siempre equivalentes.
Al mismo tiempo, es cierto que son inherentes a la IA conceptos como la eficiencia, productividad, optimización de procesos, ahorro de recursos, inclusión digital, transparencia, personalización del aprendizaje, interoperabilidad y prevención de crisis.
Sin embargo, aún no podemos considerar que la IA pueda estar exenta de otros significados negativos como son la falta de transparencia, la pérdida de la privacidad, la irresponsabilidad o, incluso, la desinformación o el desplazamiento laboral.
Así, el reto de la IA como herramienta para resolver problemas de Derecho, nos plantea varias interrogantes como las siguientes: ¿puede la IA ser más eficiente para la solución de casos jurídicos que la justicia humana? ¿Podría una IA ofrecer razones aceptables en una resolución jurisdiccional? ¿Podría además hacerlo con una solidez y competencia superior a la que pueda tener la persona juzgadora más capacitada y profesional?
¿Podría una IA alcanzar niveles técnicos y profesionales efectivos, razonables y con elementos éticos, como lo tendría un alto profesionista del litigio en la práctica jurídica? ¿Podríamos confiar como justiciables y como sociedad en una IA como fuente objetiva, legítima y ética para la impartición de justicia?
Las respuestas a estas y otras preguntas semejantes deben seguir siendo debatidas y sustentadas con la mayor responsabilidad, tomando en cuenta que se trata de un fenómeno que no tendrá punto de retorno posible. No es para menos. El signo democrático de nuestras sociedades está en juego.
*Magistrado Electoral del TEPJF
