A partir del 1 de septiembre de 2025 los nueve integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación enfrentarán retos internos propios de un nuevo comienzo.
Ya con los números finales de votación se sabrá quién presidirá la Suprema Corte, pues quien más votos obtenga lo hará los dos primeros años, y así sucesivamente. La nueva presidencia debe ser una oportunidad para unificar las posturas jurídicas al interior del Pleno, buscando mayor contundencia y proyección de las resoluciones. El número de votos también determinará la duración del mandato, ya que algunos integrantes, los que más votos obtengan, durarán 12 años, mientras que otros sólo ocho, y esta duración probablemente influirá en la asignación de oficinas, pues siempre hay gustos por cumplir. En el tiempo que le resta a la Presidencia de la República pasarán tres titulares de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, momentos para construir y consolidar una relación institucional de colaboración y respeto entre los órganos del Poder, propio del sistema político que tenemos.
Tan pronto una ministra o ministro entre a su oficina, grande o menos grande, orientada a una calle o a otra, tendrá frente así dos temas urgentes: los asuntos pendientes de resolución y el personal que trabaja en su ponencia. Todo parece indicar que un gran número de asuntos estarán esperando a ser resueltos, ya que habrá dos ministros menos y sus asuntos se redistribuirán; además, 2025 inició con el rezago del año anterior que seguramente no se ha acabado y los nuevos asuntos siguen ingresando día con día a la Suprema Corte, con la particularidad que a partir de junio y hasta la mitad de agosto el Pleno sólo sesionará una vez a la semana y las salas lo harán una vez cada 15 días, o sea que prácticamente desde ahora ya no se resolverán asuntos, sino que más bien se terminarán de corregir los no pocos expedientes que están sin terminar (engroses). A esto hay que adicionar que se quedaron en la lista para ser resueltos casos de gran impacto y que otros tantos casos llevan mucho tiempo esperando. En consecuencia, a partir del 1 de septiembre a los nuevos inquilinos de Pino Suárez número 2 que se tomen las cosas en serio les espera una ardua labor.
Hay experiencias diversas del manejo del personal de los integrantes de la Suprema Corte al llegar a su ponencia. Unos optan por despedir a todos, otros cambian a algunos para dar lugar a su gente de confianza y otros más deciden aprovechar la experiencia de quienes están para seguir trabajando con ellos. Recuérdese que al tenerse dos ministros menos el personal de esas ponencias queda en la indefinición. Aquí quiero señalar que traducir un expediente en un proyecto de sentencia no es algo que se haga instintivamente, se requiere de una especial habilidad que viene con el paso del tiempo y con la experiencia que dan los diversos puestos que se hayan tenido en el Poder Judicial. Además, es importante no perder de vista que atrás de cada uno de los integrantes de las ponencias hay familias enteras. Por tanto, vale la pena dar oportunidad al personal que actualmente trabaja en las ponencias para mostrar su capacidad y habilidades a efecto de continuar apoyando en la impartición de justicia.
Otro tema urgente es suplir el vacío que deja la eliminación de las dos salas. No hay que olvidar que las salas se crearon para evitar que todos los asuntos llegaran al Pleno pues lo paralizaría, de esta manera han sido filtros que han ayudado a la resolución de múltiples casos que no necesitaban mayor estudio. Que el Pleno resuelva todos los asuntos es una decisión encomiable, pero se corre el riesgo de que termine siendo un cuello de botella. Por tanto, vale la pena buscar un mecanismo para dar salida a los asuntos que no ameritan la atención del Pleno, como aquellos en los que ya hay precedentes, o que deben ser sobreseídos.
Con la Suprema Corte de Justicia ya en marcha quedan otros desafíos a tomar urgentemente en cuenta. Uno de ellos es la creación del Órgano de Administración Judicial, en que participan el Poder Ejecutivo, el Senado de la República y el Pleno de la Suprema Corte. A partir de ahí toca restablecer las relaciones institucionales con el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, el Órgano de Administración Judicial, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el resto del Poder Judicial federal. Esto es crucial, porque es necesario establecer criterios de funcionamiento del nuevo Poder Judicial, tanto en aspectos jurisdiccionales como administrativos. Buena parte del éxito de la reforma judicial depende de esta coordinación entre los diversos órganos del Poder Judicial. Al mismo tiempo, hay que apoyar al resto de las entidades federativas en la implantación del nuevo modelo de impartición de justicia. Toda una tarea por delante.
Por último, la nueva relación establecida entre el electorado y los nuevos impartidores de justicia con la elección judicial del próximo domingo primero de junio hace que transitemos a una nueva etapa de transparencia y rendición de cuentas. Ya no son suficientes los comunicados de prensa para dar a conocer las resoluciones del más Alto Tribunal. Debe haber una exposición mayor de su contenido, con el involucramiento propio de quien fue ponente del asunto. Es necesario dar a conocer al electorado lo que se ha resuelto y las razones que se tuvieron para hacerlo así, sobre todo en casos de mayor impacto social. Videos breves, reuniones o foros explicando con sencillez los casos sería una buena opción, sin embargo, en este tema queda un camino largo por recorrer.
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*Profesor e investigador de la UNAM
