Pocas veces una autoridad electoral enfrenta un dilema tan perverso como el que atraviesa hoy el Instituto Nacional Electoral y los Oples. La elección del Poder Judicial federal y estatal mediante voto popular —reforma impulsada desde Palacio Nacional— ha colocado al INE en el centro de una trampa institucional cuidadosamente diseñada. Si fracasa, se le acusará de incompetente y se exigirá su transformación. Si logra organizarla con eficacia, se interpretará que puede funcionar con recortes presupuestales, con menor personal y sin autonomía plena. En ambos escenarios, el árbitro pierde.
El nuevo modelo de elección judicial fue aprobado con celeridad, en un ambiente marcado por el desgaste institucional y el triunfalismo de una mayoría legislativa que venía de arrasar en las urnas.
La situación de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) es aún más dramática. De las 19 entidades que renovarán sus poderes judiciales locales, 12 reportan cero pesos para organizar la elección. Colima, Nayarit, San Luis Potosí y Zacatecas operan con menos del 35% de lo solicitado para su funcionamiento anual. En estados como Chihuahua y Tamaulipas las campañas locales deben iniciar el 30 de marzo —al mismo tiempo que las federales— y los OPLE no tienen recursos para hacerlo. El caso de Nayarit es particularmente grave: sufrió un recorte en su presupuesto anual del 66.55%.
Esta asfixia presupuestal genera problemas técnicos casi insalvables. El INE ha tenido que rechazar, por ejemplo, la utilización de boletas en braille para personas con discapacidad visual, aduciendo “imposibilidad técnica y financiera”. Debe imprimir aproximadamente 600 millones de boletas (el doble que en elecciones federales regulares) con listas de decenas de candidatos.
La trampa se extiende a aspectos normativos. Las demarcaciones electorales (entidades federativas y 300 distritos) son diferentes a las judiciales (circuitos y distritos). Agrupar a los electores y distribuir candidaturas requirió improvisación técnica y dosis inevitables de arbitrariedad. Muchos juzgados o tribunales especializados (en materias como competencia económica o telecomunicaciones) sólo podrán ser votados en la Ciudad de México, aunque sus decisiones tengan alcance nacional, incumpliendo dos principios: la igualdad entre ciudadanos y el derecho a votar por sus potenciales juzgadores.
Lo más grave no es sólo la asimetría de condiciones, sino la asimetría del relato. Si la elección se complica, dirán: “el INE no sirve, hay que rehacerlo”. Si transcurre sin mayores incidentes, se argumentará que los altos presupuestos eran innecesarios y que bastaba con voluntad política para hacer más con menos. La trampa consiste en que cualquier resultado alimenta la misma narrativa de necesidad de una reforma electoral.
Y mientras el INE batalla en estas condiciones imposibles, el interés ciudadano en la elección judicial sigue sin nacer. Las estimaciones oficiales —las más optimistas— consideran que la participación ciudadana oscilará entre 8 y 15%. Una de las razones por las que la ciudadanía no está interesada en participar es que este experimento institucional sin precedentes se realiza en un contexto donde la ciudadanía carece de información suficiente para ejercer un voto informado. ¿Cómo evaluar las competencias técnicas de más de mil candidatos judiciales sin un sistema previo de información pública sobre su desempeño? La abstención masiva que se prevé no será resultado de apatía, sino de un diseño que hace prácticamente imposible el ejercicio consciente del voto. Se pretende legitimar con la voluntad popular lo que, en realidad, será decidido por minorías organizadas en torno a intereses partidistas.
La ciudadanía debe entender que la democracia no se defiende sólo en las urnas, sino también en las condiciones que hacen posible el voto libre, informado y efectivo. Un árbitro debilitado es una democracia en riesgo. La elección judicial de este año puede salir técnicamente bien, es posible, aunque quizá poco probable. Pero si lo hace, no será gracias al nuevo modelo, sino a pesar de él. No será gracias al entorno institucional, sino al profesionalismo de quienes, dentro del INE y los OPLE, siguen creyendo en el valor de las reglas y la legalidad, aun cuando se les coloca en una trampa perfecta: hagan lo que hagan, las llevan todas de perder.
Esta trampa institucional no es un fenómeno aislado, sino parte de un patrón reconocible en procesos de erosión democrática. En muchos otros países las reformas judiciales precedieron a transformaciones más profundas del Estado de derecho. El debilitamiento simultáneo de los órganos electorales y judiciales ha sido, históricamente, el preludio a concentraciones de poder que terminan desdibujando la separación de poderes. En nuestro caso este riesgo se amplifica, porque ambas instituciones se debilitan en paralelo.
Frente a esta trampa perfecta, como sociedad, tenemos tres caminos: la resignación ante el deterioro institucional, la denuncia pasiva o la defensa activa de la autonomía electoral y judicial. Este momento exige una ciudadanía que comprenda que los procedimientos, las formas y las garantías institucionales no son tecnicismos prescindibles, sino la esencia misma de la democracia. Quizás sea hora de que la sociedad civil, la academia y los profesionales del derecho construyan redes de vigilancia y protección institucional, porque una vez desmantelados, los contrapesos democráticos no se reconstruyen fácilmente. Es muy difícil salir de la trampa perfecta.
