La organización TOJIL presenta recurso contra un posible arreglo entre Pemex y la FGR con Emilio Lozoya

La organización civil TOJIL, especializada en temas de combate a la corrupción, presentó una solicitud formal ante el juez federal del Reclusorio Norte, José Artemio Zúñiga Mendoza, para que no avale ningún tipo de acuerdo reparatorio o criterio de oportunidad que permita al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, evitar un juicio por los casos Odebrecht y Agronitrogenados.
En el recurso, conocido como “amicus curiae”, las abogadas de dicha ONG exponen razones técnicas y de procedimiento por las cuales consideran improcedente e incluso ilegal avalar una solución alterna, como la que se ha planteado en ambos casos. Se trata de un documento de ocho páginas entregado hoy y del que Animal Político tiene copia.
Respecto del caso asentado en la causa penal 211/2019, en el que Lozoya está acusado de lavado de dinero al haber aceptado y escondido sobornos por más de 3 millones de dólares de la empresa Altos Hornos a cambio de que Pemex comprara con sobreprecio la planta Agronitrogenados, TOJIL señala que —de acuerdo con el marco penal— no es procedente el arreglo económico para este ilícito.

Esto, ya que la ley contempla ese tipo de “perdón” solo para delitos seguidos por querella, para ilícitos que son culposos (no intencionales) o para ilícitos patrimoniales (como un robo o un fraude). Las abogadas concluyen que el caso no encaja en ninguno de estos supuestos.
Respecto de la causa penal 261/2019, en la que se imputan a Lozoya tres delitos tras haber aceptado recursos de la constructora Odebrecht, TOJIL señala que tampoco es procedente concederle el criterio de oportunidad (una especie de perdón legal) por haber denunciado otros delitos, en apariencia más graves, ni tampoco darle el acuerdo reparatorio.
En el caso del criterio de oportunidad, las abogadas sostienen que el artículo 256 del Código Nacional de Procedimientos Penales prohíbe expresamente aplicar este recurso a casos que “afecten gravemente el interés público”. Esto ocurre en el caso Odebrecht, a la luz de los actos de corrupción que se han evidenciado sobre esta empresa, no solo en México sino en el extranjero.

“Resulta evidente al tratarse de un caso de gran corrupción, en el que el acusado es un exfuncionario público de alto nivel (…) así como uno de los evidentes beneficiarios de los graves actos de corrupción, se está invariablemente frente a un caso de interés público, por lo que se surte la excepción prevista por el artículo 256, en el que expresamente se prevé que nos son procedentes los criterios de oportunidad en casos de interés público”, indica el análisis.
Esto sumado al requisito de que, para que el criterio de oportunidad sea procedente, la información aportada por Lozoya tendría que ser “eficaz” para proceder contra otros por delitos más graves. Las abogadas piden al juez que esto sea verificado exitosamente ya que, hasta la fecha, no hay nadie procesado de una jerarquía mayor a la del exdirector de Pemex, a partir de las denuncias que ha hecho.
“Al tratarse de un caso que ya se encuentra judicializado ante este órgano jurisdiccional es imperativo que previo a decretar la suspensión o el sobreseimiento del caso, su señoría verifique si en efecto se cumplen tales disposiciones. Por lo cual, tal como se ha expuesto antes, al no existir marco legal que justifique la aplicación de este criterio se debe negar el sobreseimiento y continuar con el proceso ordinario de juicio”, indican las expertas.

En un comunicado publicado de forma paralela a la presentación del recurso, TOJIL recuerda que este tipo de negociación se está llevando a cabo en lo que considera un contexto de posible corrupción y malos manejos dentro de la Fiscalía General de la República (FGR), lo que genera más dudas respecto de los procedimientos que se están llevando a cabo. La organización acusa al fiscal Alejandro Gertz Manero de, por ejemplo, utilizar a la institución para dirimir asuntos personales, como el pleito legal que sostenía contra Alejandra Cuevas y su madre, Laura Morán.
“Ante esto, el Poder Judicial es pieza clave para poner un freno a la fiscalía y rechazar el acuerdo al que llegue con Lozoya, lo cual lo obligaría a ir a un juicio público en el que se esclarezcan los hechos y en su caso, responda por los graves hechos de corrupción de los que se le acusa”, indica TOJIL.
La negociación de un posible acuerdo reparatorio entre Pemex y la FGR con Lozoya sigue en marcha, sin que hasta el momento se haya tomado una decisión definitiva. Ayer y hoy fueron suspendidas las audiencias en las que se presentarían estas soluciones, ante la falta de consenso en torno a los montos y otras condiciones ofrecidas por la defensa.
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