Ha corrido mucha tinta sobre las elecciones del Poder Judicial del 1 de junio. Hemos leído y escuchado múltiples opiniones sobre el futuro que se avecina para la impartición de justicia en México.
Los hechos que mayormente han llamado la atención son, en primer lugar, la baja participación. El escaso 12.7% de votantes registrados despierta dudas sobre la legitimidad de un proceso que no logró conquistar el interés de “el pueblo” a nombre del cual se decidió llevarlo a cabo.
Por otra parte, se han expresado dudas sobre el grado de injerencia del grupo en el poder en la selección de candidatos. Tales dudas se confirman al irse conociendo los nombres de quienes ocuparán puestos en la Suprema Corte, o en Tribunales con gran poder, como el de Disciplina Judicial. Los nombres de los ganadores coinciden con los aparecidos en los “acordeones” atribuidos a diversos círculos oficiales y distribuidos entre los votantes cercanos a la 4T.
Ahora bien, poco se ha comentado sobre la mirada internacional y sus implicaciones para el futuro de la vida económica y política del país. La mirada de la prensa internacional fue consistentemente crítica a la reforma judicial. Baste una breve revisión de los artículos aparecidos en la prensa europea, El País, Financial Times, The Guardian, The Economist, entre otros, o los artículos aparecidos en la prensa estadunidense como The New York Times o The Washington Post.
La opinión del consejo editorial del Post es quizá la que mejor sintetiza el significado de la elección judicial. El diario destaca las opiniones de reconocidos especialistas en temas electorales, según las cuales votar por jueces pone en riesgo su independencia e imparcialidad. “Consideraciones políticas fácilmente adquieren prioridad sobre los méritos de un candidato”.
Reconociendo que el sistema de justicia en México requiere ser revisado y fortalecido, el editorial considera que votar por jueces no hará mucho para resolver los problemas. Lo que sí logrará es “eliminar el último control que quedaba para contener al Poder del Ejecutivo”.
El cambio que viene en México conlleva una advertencia que no se puede ignorar: “La independencia judicial es esencial para la salud de una democracia”. (Washington Post 30/05/ 20025.)
De los numerosos observadores electorales que vinieron a informar sobre la elección, el que presentó un documento más elaborado y riguroso fue el de la Misión de Observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA), encabezada por el conocido estadista, académico y excanciller chileno Heraldo Muñoz.
Analizando el desarrollo de la elección, los observadores identificaron debilidades a lo largo de todo el proceso que fueron consignadas en su informe. Brevemente resumidas, sus propuestas para superar tales debilidades se refieren a: establecer un marco normativo claro y detallado para todo el proceso de elección, incluyendo criterios de elegibilidad y sobre todo de evaluación técnica; asegurar que todos los postulantes pasen por exámenes técnicos anónimos y estandarizados; evitar la participación de órganos de control político directo en las evaluaciones de idoneidad; incorporar mecanismo de audiencias públicas; designar un único órgano técnico e independiente responsable de verificar la idoneidad y elegibilidad de los candidatos.
En sus consideraciones finales, el informe hace notar que fue un proceso electoral sumamente complejo, inédito y polarizante. Sin embargo, el análisis de la experiencia deja en evidencia que existen múltiples oportunidades de mejorar.
Se invita entonces a las autoridades electorales y órganos políticos a considerar las recomendaciones formuladas para fortalecer todas las etapas del proceso, corregir las deficiencias actuales y garantizar la sostenibilidad de las decisiones adoptadas. La misión no recomienda que este modelo de selección de jueces se repita para otros países de la región.
La mirada crítica reseñada en líneas anteriores produjo verdadera indignación a la presidenta Claudia Sheinbaum y al canciller Juan Ramón de la Fuente. La presidenta, a más de considerar que la Misión de Observadores no tenía atribuciones para opinar sobre el régimen que el pueblo de México elija, aprovechó su recorrido de fin de semana por el estado de Morelos para preguntar a los asistentes a un mitin si preferían la designación de jueces por una minoría, como ocurría en el pasado, o el modelo actual en que los elige el pueblo. El apoyo al modelo actual fue unánime.
El canciller De la Fuente envío una carta al recién electo secretario general de la OEA recordando, entre otros puntos, que en el artículo 3 de la Carta Constitutiva de la OEA “se establece claramente el derecho de cada Estado a elegir sin injerencias externas su sistema económico, político y social” (La Jornada, 8 de junio 2025).
Semejantes opiniones no toman en cuenta dos hechos importantes: por una parte, la importante evolución que desde finales del siglo pasado se dio en el seno de los organismos multilaterales al comprometerlos profundamente con la promoción y supervisión de procesos electorales y desempeñar un papel central en la promoción y defensa de la democracia. La creación de la Oficina de Asistencia Electoral en la ONU y la firma de la Carta Democrática Interamericana en la OEA son buenos ejemplos de ello.
Es poco afortunado que México entre en conflicto con el nuevo secretario general de la OEA, distanciándose de las labores de la organización y acercándose, implícitamente, a posiciones similares a las de Cuba y Venezuela. Esto, cuando se quiere promover a México como “la mejor democracia del mundo”.
Más allá de enfrentamientos diplomáticos, la reforma judicial tiene implicaciones para dos temas de gran interés para México: la llegada de inversiones extranjeras, reticentes a confiar en el Estado de derecho en el país y la renegociación del T-MEC; en efecto, el tratado requiere tribunales independientes para resolver las disputas que se presentan.
Es muy pronto para aquilatar lo que mejore o empeore en la impartición de justicia en México los próximos años. En todo caso es deseable que no se descarten las opiniones provenientes de voces externas. En primer lugar, ellas influyen enormemente sobre la imagen de México en el mundo; en segundo, pueden contribuir a superar deficiencias que no deben repetirse en la segunda etapa de la elección judicial en el 2027.
