Estoy convencida que como mexicanos tenemos la obligación de votar como lo marca nuestra Constitución Política, dentro del apartado que enumera las obligaciones de los ciudadanos.
Sin embargo, hoy nos enfrentamos al reto de unas elecciones con una modalidad inédita, por primera vez se someterán a votación los cargos de quienes impartirán justicia en este país. En total, estarán en juego dos mil 681 puestos en el Poder Judicial. De ellos, 881 son de carácter federal e incluyen a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), magistraturas de las Salas Regionales del TEPJF, integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, así como magistraturas de circuito y jueces de distrito.
Además, en 19 entidades federativas se renovarán mil 800 cargos judiciales locales.
Es difícil conocer el perfil de los candidatos que aspiran a estos cargos, ya que, por un lado, no existe una plataforma que concentre información accesible para buscar datos sobre quienes nos interesa elegir y verificar lo que dicen ser, ya sea a través de solicitudes de información o consultas públicas.
A la par, sigue en construcción el nuevo modelo de “transparencia”, y las oficinas de Transparencia para el Pueblo continúan cerradas al público. Además, las constantes fallas en la Plataforma Nacional de Transparencia dificultan la búsqueda de información sobre candidatos, lo que impide contrastar sus mensajes de campaña, principalmente difundidos en redes sociales.
También se hace evidente la disparidad en el acceso a recursos: algunas candidaturas apenas logran tener presencia digital, mientras que otras aparecen de manera constante en televisoras y medios de comunicación. Se desconoce el origen de estos recursos, lo cual profundiza aún más la falta de certeza en el proceso.
Las elecciones se han vuelto un tema de debate constante, pues existe mucha desconfianza sobre la legalidad del proceso para elegir a quienes nos deberían dar certeza legal, pues las famosas guías o acordeones de la justicia que aparecieron hace algunas semanas por todos lados, confirman teorías de que es un proceso inducido y la confianza ciudadana se desmoralizó ante esto.
Los colores, las guías de la justicia y los acordeones de los grupos dieron un fuerte golpe a la ya frágil credibilidad en el proceso electoral. Se desvaneció la idea de que acudir a las urnas sería para elegir a los perfiles más apegados a la legalidad en este país.
Hoy, el reto es mayúsculo: enfrentamos una elección judicial sin información clara sobre quiénes aspiran, sin transparencia sobre los recursos que los respaldan, y con sospechas, cada vez más evidentes, de acuerdos entre actores políticos. En este contexto, la moneda está en el aire.
Y entonces te pregunto, ¿tú vas a votar?
