Desde hace dos sexenios en la Ciudad de México y en la Zona Metropolitana se agrava la desaparición de personas, en su mayoría jóvenes. Casi la mitad son mujeres.
Las sucesivas administraciones han quedado rebasadas frente a familias de víctimas que aleccionan a los funcionarios en las búsquedas y mantienen la exigencia de que el Estado mexicano responda a lo que algunos especialistas identifican como un “talón de Aquiles” de la megalópolis.
Una investigación realizada por Proceso, que incluyó la identificación de zonas de inhumación clandestina, identificó una variedad de causas de un problema que no deja de crecer: trata, adopciones ilegales, feminicidios, homicidios, violencia de género y familiar, discriminación, riñas callejeras, secuestro, extorsión, tala clandestina, narcomenudeo, reclutamiento forzado y disputas entre grupos del crimen organizado.
Estas expresiones de inseguridad se han convertido en una constante pese a que la región metropolitana es la más videovigilada del país, con más de 83 mil policías en las calles, y es considerada bastión de los derechos humanos y las libertades en México, pero cuyos gobiernos están desarticulados ante el problema.
De acuerdo con investigadores consultados y el Registro de Personas Desaparecidas, sólo en la CDMX hay más de seis mil 100 personas que no han vuelto a sus hogares, equivalente a un Auditorio Nacional al 60% de su capacidad. El origen de los reportes de desaparición se concentra en las alcaldías Iztapalapa, Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero. A ese total se le podría sumar la “cifra negra” de casos no denunciados por miedo, desconocimiento o desconfianza en las autoridades.
En ese registro aproximado existen casos menos desafortunados, cuando los cuerpos son encontrados, aunque no en la CDMX, donde fueron vistos por última vez con vida; sino en parajes boscosos o en las orillas de carreteras de municipios limítrofes del Estado de México, Morelos e Hidalgo, lo que hace de este fenómeno social un asunto metropolitano.
Peor aún, exfuncionarios y familias denuncian poca o nula coordinación y voluntad política entre las comisiones de búsqueda y las fiscalías estatales para registrar, investigar y encontrar a los desaparecidos. También exponen falta de recursos económicos y humanos expertos para hacer búsquedas.
El panorama empeora cuando se habla de una “tendencia” en la capital: los agresores entierran los cuerpos de sus víctimas en los jardines o patios de la casa de éstas, conducta que vuelve casi imposible buscarlas y encontrarlas.
“Es algo muy particular de la Zona Metropolitana del Valle de México. Hemos documentado muchos hallazgos de fosas vinculados a feminicidios y a disputas familiares, donde no es una persona de un grupo del crimen organizado, sino son familias, el tío, el sobrino, la mamá, el papá que asesinan a un ser querido y lo entierran en los mismos jardines de sus casas”, dice Andrea Horcasitas Martínez, encargada del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana (UIA).
Estos casos se quedan “a puerta cerrada” y sólo son descubiertos cuando la persona agresora “se arrepiente” y confiesa el crimen o cuando la familia de la víctima pide a la autoridad buscar en ese lugar y el Ministerio Público obtiene una orden de cateo de un juez para entrar.
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Fragmento del reportaje publicado en la edición 0023 de la revista Proceso, correspondiente a mayo de 2025, cuyo ejemplar digital puede adquirirse en este enlace.
